Los dueños de esta universidad privada, cuya casa central está localizada en la esquina de las vías Bellavista y Pío Nono, comuna de Recoleta de la Región Metropolitana de Santiago, son los socios de la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” persona jurídica con fines de lucro que, gracias a las bondadosas decisiones de la Municipalidad de Recoleta, obtuvo un permiso de edificación, con un formato trucho, construyendo además en el mismo terreno 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, acogidas a los beneficios tributarios del DFL2 de 1959, ello por estar catalogados sus más de 1.000 departamentos como viviendas económicas.
Gonzalo Cornejo ejercía como alcalde cuando se iniciaron los trámites para este negocio inmobiliario-educacional y bajo la regencia de la alcaldesa Sol Letelier se cursaron otros permisos asociados. Sabemos que Daniel Jadue, actual alcalde, está intentando ordenar la casa, lo que será muy difícil por la inveterada y habitual práctica chilena que consagra los hechos consumados para no molestar a los inversionistas.
Esa altura de 19 pisos de las torres se originó por una habilidosa interpretación municipal de su propio Plan Regulador que pasa por alto una disposición de mayor rango establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), según quedó establecido en un oficio emanado de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Las alturas máximas permitidas para el sector en donde se emplazan dichas torres son 8 pisos. (sic)
Por algunas razones que desconocemos, el titular del proyecto no sometió la edificación de la universidad ni su centro de extensión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin que hasta ahora la institucionalidad haya sancionado a la sociedad mercantil infractora, negligencia funcionaria que no nos llama mayormente la atención. El privado se conformó con una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las aludidas 3 torres, cuya Resolución otorgada por la ex Corema fue incumplida y a pesar de ello tampoco se iniciaron los procedimientos sancionatorios establecidos en la ley. ¿Operó el amiguismo?
Este caso lo conoce muy bien la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, como vimos la ex Conama y ex Corema, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Contraloría General de la República (CGR) y últimamente el Ministerio Público, a través de la Fiscalía en Delitos de Alta Complejidad. Tiempo atrás, a solicitud de grupos ciudadanos que le denunciaron las malas prácticas en la tramitación de los permisos, la CGR inició un sumario administrativo cuyo resultado no lo conocemos.
Para mejorar la explotación de esta actividad inmobiliaria-educacional la Municipalidad de Recoleta le concedió graciosamente un permiso precario a la Sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., una de las empresas relacionadas, para que utilizara como acceso a un estacionamiento subterráneo, una parte del bien nacional de uso público calle Pío Nono. La contraprestación monetaria por parte del privado al municipio es irrisoria y el espacio bajo tierra se renta a los conductores de vehículos que requieren estacionarlos allí en busca de seguridad.
Ahora bien, relacionado con el párrafo anterior, Patricio Basso, ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de las universidades privadas, denunció con publicidad que la Universidad San Sebastián había comprado la Sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., la que tiene el permiso precario municipal antes aludido, en la impresionante suma de $ 25.550 millones, en circunstancias que su valor patrimonial en la fecha de la transacción era de $ 4.206 millones : ¡Seis (6) veces más!.
Según Basso, quien se ha transformado en un incómodo tábano para los abusadores, recordemos que por su profesión tiene muchos conocimientos en operaciones financieras, esta empresa privada, en diciembre de 2011, siendo dueña de los inmuebles existentes en diversas ciudades del país, se los que arrendaba a dicha universidad.
Como consecuencia de esta interesante investigación preliminar hecha por Basso, ahora está actuando la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), la que está conociendo todos los contratos de arriendo efectuados por la universidad y sus controladores. Esos detectives, que deberán conocer el atractivo permiso precario municipal, también saben mucho de números y estamos seguros que el resultado de sus indagatorias será de utilidad para los fiscales del Ministerio Público.
Recordemos que estas universidades “sin fines de lucro” son el chassis jurídico que se utiliza para obtener ganancias en un ambiente de relajo total y los controladores de esta universidad lucraron a destajo, pero un altísimo porcentaje de las 35 universidades privadas existentes en el país, también lo han hecho porque el tramposo sistema vigente da pábulo para ello. Por tal motivo todas deben ser indagadas por el Ministerio Público, a sabiendas que el timorato Ministerio de Educación, por decisión de la dictadura y de los gobiernos democráticos, carece de atribuciones para ello.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”