La desaparición forzada de militantes y funcionarios de salud del gobierno de la Unidad Popular en Temuco, una realidad incómoda sobre la que se ha querido imponer el olvido, pareciera comenzar a resquebrajarse por las diligencias de un juez.
Es el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco Alvaro Mesa Latorre quien hasta ahora ha encausado y encargado reos a los oficiales en retiro de la FACH Anibal Tejos, Leonardo Reyes, Enrique Casacubeta, Rodolfo Schield, los oficiales de reserva Emilio Sandoval Poo, Berthold Bhonn y Pablo Alister, además de los suboficiales de la misma rama, Heriberto Pereira, Luis Yañez, Enrique Rebolledo y Luis Soto Pinto.
Un avance singular en esclarecer y juzgar la desaparición forzada de funcionarios de salud de Temuco se está dando con la detención de un grupo de procesados militares y civiles, entre estos últimos, conocidos empresarios del lugar, a los que se le imputa la desaparición y muerte del médico especialista en salud pública Hernán Henriquez Aravena (36 años).
Los hechos
Cuando el bando militar anunció el 5 de octubre de 1973 que tres días antes fueron ejecutados el Director de la X zona de salud (provincias de Malleco y Cautin), Dr. Hernán Henriquez Aravena y Alejandro Flores, por “intento de fuga” quedó en claro que los poderes de la zona no tolerarían más un proyecto modelo de salud, del cual Hernán Henriquez no sólo era la cabeza como Director Zonal de las regiones de Malleco y Cautin, sino también su inclaudicable gestor. Él estaba convencido que era necesario modificar cualitativamente el enfoque sanitario en las zonas rurales, para lo cual creó el “Programa Integral e Intercultural de Salud”, en el que, por una parte, los mapuche incorporaban sus saberes de sanación de las culturas ancestrales a un sistema integral de salud y, por la otra este programa formaba asistentes del medio rural en medicina preventiva. La primera promoción de 80 alumnos terminaron su capacitación en abril de 1973.
Una vez ocurrido el golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende, quienes se adueñaron del destino sobre la vida y la muerte de las personas, hicieron todo por desarticular y borrar este enfoque de habilitación de los conocimientos de medicinas de los pueblos originarios. Y no les bastó con el despido de los integrantes del equipo de salud. Seis de sus miembros fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos. Juntos a Hernán Henríquez y Alejandro Flores (33 años), presidente regional de la Federación de Trabajadores de la Salud, aunque no en las mismas fechas: Dr. Eduardo González Galeno (31 años), director del hospital de Cunco, Dr. Arturo Hillerns Larrañaga (29 años), Jefe del Programa de Salud Rural de la IX zona de salud, Jecar Neghme Cornejo (32 años), dirigente de la salud en Temuco y profesor de salubridad en la Universidad de Chile y Manuel Gastón Elgueta Elgueta (28 años), educador sanitario y docente.
Una travesía de injusticia
Los familiares de estos pioneros de transformaciones profundas exigieron la entrega de sus cuerpos y confiaron en una justicia que les fue esquiva. Por el contrario, la inmensa mayoría de sus represenatantes, lejos de cumplir con su deber constitucional de garantizar al menos la igualdad ante la ley, traicionaron sus mandatos para hacerse cómplices a través del silencio y la inacción de una camarilla que se adueñó del país.
Esa indiferencia es la que vivieron los familiares de Hernán Henríquez, cuya viuda Ruth Kries presentó hace veintiun años, es decir a fines de la dictadura militar, una primera denuncia por el crimen. Hasta ahora, y pese a nuevas querellas presentadas, la justicia no había avanzado en aclarar el caso o bien había aplicado la Ley de Amnistía, con la que los miembros de la dictadura cívico-militar trataron de autoexculparse de sus crímenes.
Nuevo “Ministro en visita” agiliza la causa
En 2011 el magistrado Alvaro Mesa Latorre fue designado por la Corte Suprema ministro en visita para hacerse cargo de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Agusto Pinochet en la Araucanía, en reemplazo del juez Fernando Carreño.
El nuevo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco desde entonces ha avanzado de forma inédita en los 50 procesos que investiga el tribunal de alzada al incrementar significativamente el número de imputados en los casos por asesinatos, secuestros e inhumaci¡on ilegal cometidos por la dictadura en la región.
En una entrevista concedida en julio del año pasado a Bio Bio La Radio, el juez Mesa declaró que como los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción, el estado tiene la obligación de determinar a través de todos sus medios y organizaciones la manera más exacta como ocurrieron los hechos.
En coherencia con este principio, las detenciones de los 11 oficiales en retiro, reservistas y suboficiales de la Fuerza Áerea de Chile (FACH) en la base área de Maquehue como incuplados en el crímen, representan el primer antecedente conocido de un tratamiento distinto en esta causa.
De tareas para salvar vidas al macabro “deber” de matar compatriotas
Fue precisamente en las dependencias de la FACH, donde varios testigos vieron a Hernán Henríquez y Álejandro Flores por última vez con vida. La Fiscalía del Ejército en un certificado expedido en Temuco reconoció que fueron miembros de la Fuerza Aérea quienes “dieron de baja” al médico, que sólo unos meses antes del golpe militar había elogiado el trabajo conjunto desarrollado con el Grupo de Helicóptero de la base aérea de Maquehue. Sus palabras, recogidas en la edición del Diario Austral del martes 3 de enero de 1973, reflejan esa gratitud: “No puedo dejar de destacara aquí – dijo el doctor Henríquez- la valiosa labor cumplida por la Fuerza Áerea de Chile en las tareas médico asistenciales”. Y cierra “Esta tarea conjunta, tuvo en el personal de la FACH un pilar fundamental, que sin dilación y con sentido social trasladó con regular frecuencia a lugares inaccesibles por tierra a equipos del SNS” (Servicio Nacional de Salud, N. de la R.).
Nada hacía preveer entonces la saña, con la que los supuestos garantes armados de la soberanía del país, atacarían sólo unos meses después a sus conciudadanos inermes y con quienes habían trabajado conjuntamente en diversas labores.
Por eso no deja de tener un significado simbólico, que tal vez auguren nuevos tiempos de respeto por derechos escenciales, que quienes participaron en el secuestro, tortura, asesinato y desaparción de ambos luchadores sociales, se encuentren ahora recluídos en el mismo lugar en el que los hicieran sufrir en forma inenarrable y a la espera de la justicia que ellos no concedieron a sus víctimas.
Autores: Dora de la Vega/Marcelo Henríquez Kries