Lamentables declaraciones hizo el senador José Antonio Gómez en Tolerancia Cero del domingo 12 de mayo para justificar la necesidad de una Asamblea Constituyente. Consultado sobre qué aspectos de la Constitución requerían de quórums especiales para su modificación que los gobiernos de la Concertación no pudieron obtener (es decir, aquellos estipulados por Leyes Orgánicas Constitucionales, que requerían 4/7) señaló que los referidos a las AFP.
Como se le objetó aquello, empezó a buscar sin ton ni son en el texto constitucional que portaba el lugar de dicha disposición, para luego de algunos segundos desviar el tema y dejar el texto en la mesa. Es claro, no podía encontrarlo porque el sistema de seguridad social se estableció como ley de quórum calificado, que requiere solo de mayoría absoluta. ¿Ignorancia o falsedad? La lógica indica como bastante improbable lo primero, dada su condición de abogado, senador y ex ministro de Justicia. Además, si está planteando desde hace meses la idea de una Asamblea Constituyente, con mayor razón debiera saber que dichas Leyes Orgánicas cubren el conjunto del sistema político; pero en el ámbito económico-social solo están referidas a la educación (LOCE-LEGE) y a la minería, a través de la Ley de Concesiones Mineras. Lo que sí quedó en evidencia fue su falta de respeto a los televidentes, al no haberse disculpado posteriormente de su error.
¿Cuál sería la explicación de tan extraños dichos? Por cierto, la idea de exagerar algo malo puede ayudar a legitimar su cambio; saltándose, sí, barreras éticas. Pero más importante parecen ser otras dos razones. Una, la obsesión de muchos líderes concertacionistas de querer exagerar los obstáculos objetivos que tenían para promover transformaciones del modelo neoliberal con el objeto de encubrir su total falta de voluntad para hacer dichos cambios: la “convergencia” con la derecha que reconoció crudamente Edgardo Boeninger en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Y otra, la necesidad –dada la notable pérdida de legitimidad del sistema político luego de las manifestaciones estudiantiles de 2011- de complementar la “lucha” contra el sistema binominal con un compromiso verbal más “izquierdista”, a favor de una Asamblea Constituyente. Aunque es cierto que en esto último hay todavía bastante renuencia de parte de la mayoría del liderazgo concertacionista.
Lo primero ha sido desarrollado especialmente por Ricardo Lagos, quien ha insistido en distorsionar la historia señalando que la Concertación nunca tuvo las mayorías parlamentarias requeridas para efectuar modificaciones trascendentes. Primero, si no las tuvo en 1990 fue debido al regalo (¡todavía oculto para la generalidad de la población!) que hizo la cúpula de la Concertación –mediante los acuerdos de reformas de la Constitución negociados con Pinochet en 1989- de la inminente mayoría simple que le otorgaba su texto original. Y luego, el mismo Lagos tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras entre agosto de 2000 y marzo de 2002 (por los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz); con lo que ¡si hubiese querido podría haber cambiado todo el modelo económico-social pinochetista, con excepción de la LOCE y la Ley de Concesiones Mineras! Para finalizar con Michelle Bachelet, que tuvo también dicha mayoría en sus dos primeros años de gobierno, sin hacer tampoco nada al respecto.
Pero incluso un parlamentario “díscolo”, como Sergio Aguiló, faltó a la verdad el año pasado en una entrevista de TV cuando afirmó que la Concertación nunca tuvo el quórum requerido para modificar o terminar con la Ley Antiterrorista, siendo que ésta requería solamente de quórum calificado (mayoría absoluta) para tal efecto. Por tanto, la afirmación implícita del senador Gómez de que la Concertación no tuvo mayoría parlamentaria para modificar el sistema de AFP se inscribe en el mismo patrón de distorsión de los hechos.
Por otro lado, el carácter demagógico de su idea de Asamblea Constituyente aparece claro cuando vemos que no lo plantea como prioridad absoluta. No tiene sentido postular un cambio tan radical del sistema político si este no se concibe como imprescindible para establecer o desarrollar efectivamente un régimen democrático. Es decir, si no se coloca como paso previo a la realización de cualquier otra idea programática. O, dicho de otra forma, si se propone como un elemento más entre muchos otros. Tampoco lo tiene si no va precedido de un cuestionamiento frontal a quienes impusieron por la fuerza el régimen vigente (Pinochet en 1980) y a quienes lo legitimaron plenamente luego de algunas reformas (Lagos y sus ministros) en 2005, llegando al extremo de sustituir las firmas del primero por los segundos. Nada de esto lo ha sostenido Gómez. Y por lo tanto, con dicha lógica se podría continuar otros veinte años más “tratando” de establecer una Asamblea Constituyente, así como se estuvo “tratando” durante veinte años de gobierno de eliminar el sistema binominal…
Pero quizá lo más notable ha sido que el propio El Mercurio ha denunciado lo que ha llamado las “desprolijidades” de Gómez en dicho programa, en su principal editorial del 17 de mayo. Así, ha reconocido que “la Constitución no exige una ley orgánica constitucional para la regulación de la seguridad social”. Pero más aún, en el ánimo del periódico de defender la actual Constitución –impuesta por Pinochet y suscrita por Lagos- y de demostrar que ella no es tan rígida; ha llegado curiosamente a desnudar las profundas inconsecuencias mantenidas por años por los gobiernos concertacionistas: “Hay evidencias aún más nítidas de la debilidad del argumento sobre la supuesta rigidez constitucional. Por ejemplo, parecería que algunas campañas y candidatos no supieran qué materias regulatorias esenciales para un Estado socialmente más protagónico –como, por ejemplo, la laboral, la tributaria, la salud, la que permite limitaciones al derecho de propiedad y muchas otras- son materia de ley común, de mayoría simple. Aquí el Congreso y sus mayorías gozan y han gozado de altas dosis de flexibilidad durante décadas. Los desaciertos o vacíos que hoy se acusan no pueden, pues, imputarse a inexistentes barreras de leyes de mayorías especiales” (El Mercurio; 17-5-2013).
¡¡Es decir, la propia derecha está acusando al liderazgo concertacionista de haber sido mucho más conservador de lo obligado por la Constitución del 80!! ¡¡De que dicho liderazgo pudo, pero no quiso, cambiar el sistema laboral, tributario, de salud y del derecho de propiedad, entre muchos otros!!
Así, paradójicamente, los lamentables dichos del candidato Gómez han tenido la virtud de develar como nunca antes, ¡desde el principal medio de comunicación del Establishment!, (lo que ya había hecho Edgardo Boeninger en 1997 desde el interior del conglomerado, a través del libro ya mencionado) la profunda neoliberalización y derechización experimentada por el liderazgo concertacionista desde fines de la década de los 80.