Es un hecho de la causa que el paradigma médico represivo, que entiende al consumidor de droga o como un enfermo o como un delincuente, ha fracasado rotundamente: en todas las drogas lícitas o ilícitas su tráfico ha crecido exponencialmente, desde el año 2002 al 2008; es cierto que la Ley 20.000 no tipifica como un delito el consumo personal de drogas llamadas ilícitas, pero no define con claridad el gramaje que se puede consumir, sin que culpen al portador de microtráfico.
Las drogas llamadas lícitas pero que las estadísticas prueban que son mucho más consumidas y de mayores índices de mortalidad que las ilícitas-. En 2008, la prevalecía del año arroja los siguientes datos: 6.700.000 chilenos consumen alcohol; 4.500.000, tabaco; 800.000, marihuana; 100.000, cocaína; sólo el 30% no consume alcohol, el 50% tabaco, el 95% marihuana, el 99% cocaína. El no uso de drogas ilícitas llega al 96% de los chilenos.
Desde el punto de la mortalidad, el alcohol ocupa el tercer lugar como causa de muerte y el tabaco, el cuarto lugar. No está probado científicamente que la marihuana sea la droga de iniciación en los jóvenes menores de 15 años, por el contrario, el 88% comienza fumando tabaco, y el 32%, con el alcohol; sólo el 15% con la marihuana.
La no legalización de la marihuana – y su consiguiente represión- sólo ha servido para aumentar, en un 60%, las detenciones por consumo o porte de ella. En 2002, los delitos por consumo sumaban 844; en 2008, 3.267; por porte, en 2002, 4.465, en 2008, 23.115. La política represiva no ha servido para combatir el narcotráfico, sea este pequeño o grande; sólo ha logrado transformar al consumidor en un enfermo y, en el peor de los casos, en un delincuente.
En Holanda, donde el consumo de la marihuana está permitido, éste ha aumentado, apenas, en un 5,3%, mientras que en Chile, en un 7%.
Es necesario trasladar el CONACE desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud, centrando la lucha contra las drogas – sean lícitas o ilícitas, en al plano de la educación y la prevención – y terapéutica, si es necesario- y no en la represión que, muchas veces, como es el caso de El Plan Colombia, atropella los derechos humanos.
Los tributos no pueden ser entendidos solamente como una forma de recaudar fondos para el fisco, sino que también actuar en base a un nuevo pacto social y ético, que desincentive el consumo de sustancias, sobretodo el alcohol y el tabaco – podría agregarse la comida chatarra- que no sólo dañan al individuo que los consume, sino también colapsa nuestro sistema de salud, significando un enorme daño socio-económico y moral. Por último, hay que considerar que la marihuana es mucho menos adictiva que el tabaco y el alcohol.
En conclusión creo imprescindible cambiar, radicalmente, la Ley 20.000 en el sentido de legalizar el uso, cultivo y comercio legal de la marihuana, sobretodo incentivar su utilización con fines terapéuticos. Como lo dijera con respecto a la delincuencia, en este caso también deben primar la educación y la prevención sobre la represión y el atropello a los derechos de las personas.
Rafael Luis Gumucio Rivas 205 2013