El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país que la acusación constitucional aprobada por sus parlamentarios contra Harald Beyer, por no combatir el lucro en las universidades privadas, debiera significar una profunda autocrítica de su complicidad en esta materia durante sus veinte años de gobierno.
En efecto, los gobiernos de la Concertación –en su extrema subordinación a los grandes grupos económicos- llegaron incluso ¡a no aplicar la propia ley establecida por Pinochet que expresamente impedía el lucro en dichas instituciones! Fueron hechos públicos y notorios –desde la misma dictadura- que se incumplía aquella disposición a través del resquicio legal de crear inmobiliarias que “hacían” las ganancias arrendándoles sus instalaciones a las universidades. En este sentido, tan culpables como Beyer fueron los ministros de Educación de la Concertación: Ricardo Lagos, Jorge Arrate, Ernesto Schiefelbein, Mariana Aylwin, Sergio Molina, José Pablo Arellano, Sergio Bitar, María Eugenia Hornkohl, Martín Zilic, Yasna Provoste y Mónica Jiménez. Sintomáticamente, varios de ellos se expresaron públicamente en contra de la acusación constitucional a Beyer…
Y, en concreto, la mayor responsabilidad recayó sin duda en el gobierno de Michelle Bachelet y de sus ministros de Educación, dado que en 2007 se publicó un contundente libro de más de 600 páginas al respecto, donde quedaban irrefutablemente claro los generalizados extremos a que se llegaba en materia de incumplimiento de la mencionada ley. Se trató de El negocio de las universidades en Chile, publicado por la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg (Edit. Random House Mondadori). Pues bien, pese a ello, el gobierno continuó impertérrito en su actitud de no hacer nada por evitar su incumplimiento ni por sancionar a los responsables de aquello.
Agrava lo anterior el hecho de que varias de las universidades privadas son propiedad de militantes o adherentes de los partidos de la Concertación o de entidades vinculadas de algún modo a dicho conglomerado político. De acuerdo a los datos del libro de Monckeberg (2007), se trataba a esa fecha de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; la Universidad Bolivariana; la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS); la Universidad de Viña del Mar; la Universidad Miguel de Cervantes y la Universidad Pedro de Valdivia (Ver Monckeberg; pp. 596-623). Y de que connotados concertacionistas o ex miembros de la coalición eran o habían sido copropietarios, miembros del directorio, altos cargos o “consejeros” de otras universidades privadas. Así, se constatan los nombres de Jose Joaquín Brunner (Universidad Adolfo Ibáñez); Roberto Muñoz Barra, Raúl Allard Neumann y Ernesto Schiefelbein (Universidad Autónoma de Chile); Francisco Vidal Salinas (Universidad Central); Pablo Halpern Montecino (Universidad Chileno-Británica de Cultura); Daniel Farcas Guendelman, Jorge Schaulsohn Brodsky, Mariana Aylwin Oyarzún, Patricia Politzer, Hernán Vodanovic Schnake, José Antonio Viera-Gallo y Andrés Lastra Bravo (Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones; Uniacc); Genaro Arriagada Herrera (Universidad de Las Américas); Esteban Valenzuela Van Treek, Guillermo del Valle de la Cruz y Marcia Covarrubias Martínez (Universidad de Rancagua); José Antonio Gómez Urrutia (Universidad del Mar); Eduardo Rodríguez Guarachi y Agustín Squella Narducci (Universidad Diego Portales); Eduardo Aninat Ureta (Universidad Finis Terrae); Marta Cruz-Coke Madrid (Universidad Internacional SEK); Jaime Ravinet de la Fuente y René Saffirio Espinoza (Universidad Mayor); Francisco Huenchumilla Jaramillo (Universidad Regional San Marcos) y Fernando Flores Labra (Universidad Pérez Rosales, que más adelante se transformó en Tecnológica de Chile) (Ver Monckeberg; pp. 161-2 y 596-651).
Como es sabido, el gigantesco e ilegal negociado de las universidades privadas -iniciado por la dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación- explotó el año pasado con el escándalo de la “quiebra” de la Universidad del Mar y de los sobornos en que se vieron involucrados el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corbalán (histórico dirigente de la Izquierda Cristiana), y varios rectores de universidades; entre ellos, el fundador de la Universidad Pedro de Valdivia y connotado miembro del PDC, Angel Maulén.
Además, en el período en que fue director de la Universidad del Mar el actual precandidato presidencial de la Concertación, José Antonio Gómez, dicho recinto subió exponencialmente su número de estudiantes, convirtiéndose en la tercera universidad privada con mayor número de alumnos…
Pero además, en el libro de Monckeberg se denunciaron dos gravísimos escándalos adicionales que no merecieron ninguna reacción del gobierno de Bachelet. Una fue un hecho reconocido por el propio Gerardo Rocha (creador de la Universidad Santo Tomás), en conversación con la autora del libro, de que en 2005 la Corfo le prestó 7 millones y medio de dólares en créditos provenientes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) ¡destinados a las PYME!; “PYME” que en 2007 tenía once sedes en regiones y que además formaba parte del mismo consorcio que el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, el cual tenía a esa fecha 21 sedes en todo el país (Ver Monckeberg; pp. 117 y 631)…
El otro fue la virtual estafa que la Uniacc le hizo al Estado ¡y a numerosas víctimas de la tortura consignadas en el Informe Valech! En efecto, la Ley de Reparaciones de 2004 les concedió a ellas becas estatales para completar estudios de educación superior “ya sea en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, estatales o privados que cuenten con reconocimiento oficial” (Monckeberg; p. 251). Dicho beneficio lo obtendrían del Fondo de Becas de Educación Superior del Ministerio de Educación para hacerlo efectivo en la institución a su elección. “Misteriosamente”, la mayoría de los beneficiarios se inscribió en la Uniacc –la más cara de las universidades privadas- luego de recibir ¡ofertas directas por teléfono de la propia universidad!, en circunstancia que la base de datos del Informe Valech lo tenía solamente la Comisión Valech, el Ministerio del Interior y el INP (Ver op. cit.; p. 257). Pero además, la mayor parte de los acogidos al beneficio en dicha universidad “no ingresó a carreras profesionales o a programas tendientes a grados académicos, sino que seguía ‘cursillos’ que podrían ser considerados de capacitación” (p. 252). En definitiva, de los datos extraoficiales obtenidos por Monckeberg en el Ministerio de Educación, la Uniacc había obtenido en 2007 más de tres mil millones de pesos de los Fondos; y el todo el resto de las universidades, mil cien millones de pesos (Ver p. 254). A su vez, mirados desde la Uniacc “los becarios Valech suman 1.200 personas, mientras que hasta 2006 el total de alumnos de esa universidad no superaba los 2.750 estudiantes. Por lo tanto, aproximadamente un tercio de los ingresos por aranceles de la Uniacc en los años 2006 y 2007 debió haber sido pagado por el Estado. Con una salvedad: después de advertir el problema e intervenir, el Ministerio obligó a devolver alrededor de 600 millones correspondientes a personas que, no satisfechas con la ‘educación superior’ recibida, prefirieron dejar esos estudios y cambiarse a otro establecimiento” (pp. 257-8).
Vergonzosamente, esta denuncia de María Olivia Monckeberg (que ya había sido precedida por un reportaje de El Periodista el 24 de septiembre de 2007) no causó reacción alguna en el gobierno de Bachelet ni en los demás poderes públicos. Hubo que esperar un reportaje denuncia efectuado por TVN bajo el gobierno de Piñera, para que recién el Ministerio de Educación anunciara que haría una investigación, de la que hasta la fecha tampoco se sabe nada. Y la generalidad del liderazgo de la Concertación continúa guardando completo silencio sobre el tema…