La tortura, desaparición y asesinato constituía un símbolo de la lucha anticomunista. Las dictaduras se sustentaban en la doctrina de la seguridad nacional y las guerras de baja intensidad. El respeto de la legalidad tampoco tenía valor. El derecho de habeas corpus, o las garantías de un juicio justo eran sustituidos por detenciones ilegales, torturas y vejaciones psíquicas. La arbitrariedad era la norma. Si Chile pedía que Argentina les enviase a militantes residentes en su territorio se les detenía sin dilación. Se llegaba a su casa con un operativo policial y se les apresaba. Para guardar las apariencias se montaba un falso historial ad-hoc el cual se entregaba a la prensa con fotos del detenido como si se tratase de un criminal peligroso y cuyos antecedentes lo implicaban en miles de actos delictivos. Así se arrestaba a un terrorista internacional. Luego se entregaba a sus correligionarios para que se le hiciese desaparecer del mapa terrestre. Todo estaba atado y bien atado. Actuaban con celeridad. Estas maniobras eran una tapadera para lavarse las manos. La facilidad de movimiento fue aplastante. Para conseguir la detención solo hacia falta una llamada de teléfono y el dispositivo funcionaba ipso facto. Los servicios secretos y los aparatos represivos ponían la maquinaria en funcionamiento. Así se complacía la petición de unos correligionarios.
Con esta perspectiva fueron apresados y posteriormente desaparecidos cientos de ciudadanos cuyo único delito fue luchar por la libertad y la democracia en sus respectivos países. La operación Cóndor quedará grabada en la historia como una maquinaria de muerte cuya patente de corzo se extendió hasta difuminar las fronteras fundadas en el principio de la soberanía nacional. En sus entrañas se acuñó una propuesta de fundamentos geopolíticos y seguridad hemisféricos diseñados por los Estados Unidos donde la cooperación internacional conlleva una pérdida de soberanía. Así, conceptos tales como derechos de extradición, de ejercicio soberano de autodeterminación, quedaron sin efecto. Dichas nociones se sustituyeron por principios espurios tales como la lucha anti-comunista, anti-terrorista y anti-subversiva donde no rigen ni la justicia ni el derecho internacional. Mientras duró la operación cóndor y se mantuvieron las tiranías, los ministerios de interior, asuntos exteriores, los servicios de seguridad y la administración pública vieron aumentar sus presupuestos tanto como su trabajo. Algunos funcionarios hicieron carrera. Jueces, abogados, fiscales, ministros, embajadores prestaron sus servicios para semejante felonía.
La ironía hace que España en pleno siglo XXI repita a su manera la operación cóndor como una farsa. Hoy, el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordena la detención con falsos documentos procedentes del trucado ordenador del miembro de las FARC asesinado en Ecuador, Raúl Reyes, de Remedios García., a la sazón ciudadana española residente en El Escorial a la cual le imputa ser la representante de las FARC para Europa, según dice consta en dicho ordenador. Con ello, el ministro cree ciegamente en los historiales enviados por el gobierno del narcotraficante Álvaro Uribe. Es la primera vez que se viola el derecho de soberanía y de protección de los connacionales y se manda a detener sin prueba y solo con la palabra dada de un gobierno acusado de violación continua de los derechos humanos a una española en España. Con esta maniobra, se apoya la política narco-paramilitar de Colombia con la anuencia del ministerio de Asuntos Exteriores y la fiscalía de la audiencia nacional. El objetivo, criminalizar y evitar el apoyo de las organizaciones sociales y políticas españolas que se manifiestan por una salida negociada de la violencia en Colombia. Con ello, el gobierno del PSOE renuncia a la protección de sus ciudadanos en territorio nacional, sometiéndose a los designios de un gobierno corrupto como el de Colombia. Para rematar la maniobra, las semejanzas con la operación cóndor saltan a la vista. Alfredo Pérez Rubalcaba, mandó filtrar a la dirección, la foto y parte de su vida a los medios de comunicación, señalando a Remedios como una terrorista internacional. Ella ha sido despedida de su trabajo y se encuentra en condición precaria. Nadie asume la responsabilidad de los hechos, aunque el juez no encuentra motivos consistentes para ser imputada y decreta su libertad bajo fianza. Se desvela el montaje. A este caso, le están siguiendo otros. Lo anterior hace pensar que España pierde soberanía y es un país indigno de considerarse defensor de los derechos humanos y del habeas corpus de sus propios ciudadanos, más si sus aliados en América latina son por excelencia Álvaro Uribe y Felipe Calderón.