A través de la Resolución N º 107 del Intendente Metropolitano, publicada en el Diario Oficial del 11 de Diciembre de 2003, se aprobó la polémica figura de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en las áreas agrícolas de esta región, con lo cual se “flexibilizó” la normativa del uso del suelo.
Para ello se introdujo el artículo 8.3.2.4. en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) estableciéndose que los PDUC son aquellas intervenciones inmobiliarias en terrenos de al menos 300 hectáreas que se emplazan en las áreas de interés silvoagropecuario que cumplan con todas las condiciones y exigencias señaladas en ese artículo.
Se inicia la tramitación de estos negocios con un “informe previo favorable” de una serie de servicios públicos y después de la decisión técnica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Seremi de Agricultura, la municipalidad en donde está prevista la operación urbanística, debe emitir un “informe técnico favorable definitivo” con la opinión fundada del Asesor Urbanista para asegurar que el proyecto en ciernes es coherente con el plan de desarrollo comunal y que no altere los equilibrios económicos de la municipalidad, lo cual es bastante lógico.
De acuerdo al artículo 2.1.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la modificación del PRMS debe ser consultada a las municipalidades cuyos territorios son vecinos al del territorio que cambia su uso de suelo en ese instrumento normativo y el responsable de la administración de esta exigencia es el Seremi de Vivienda y Urbanismo. La posición de las municipalidades consultadas debe ser validada técnicamente por informes de cada Asesor Urbanista, profesionales que tienen una visión de mediano y largo del desarrollo territorial de sus comunas.
Pues bien, el Gobierno Regional Metropolitano aprobó las Resoluciones Nºs 77, 78 y 79 de los PDUC de los grupos económicos titulares de Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre, respectivamente, a ejecutarse los tres en la comuna de Puhahuel, sin que los Asesores Urbanistas de las 8 comunas circundantes hayan emitido sus informes.
Estamos hablando de millonarias inversiones inmobiliarias que se plasmarán en un horizonte de 30 años en Pudahuel y las municipalidades vecinas de Lampa, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central, Maipú y Curacaví no sabían nada de ello porque no fueron consultadas oficialmente.
Dado que estábamos en conocimiento de esta irregularidad, el 7 de Agosto pasado, en conjunto con el Movimiento “Acción Ecológica”, la denunciamos en la Contraloría General de la República y en días siguientes otras omisiones, que no es del caso mencionar en esta columna. De acuerdo a nuestra práctica y por tratarse de una materia de interés público, dimos a conocer a los medios de prensa esos “olvidos” ministeriales, con la idea de que no se repitan.
En conocimiento de que se había detectado la omisión relatada, el mencionado Seremi emitió el 21 de Agosto pasado la extemporánea Circular Nº 029, diciendo lo que todos sabíamos. Vale decir, en su oportunidad, antes de que el Gobierno Regional decidiera, ese Seremi había ignorado olímpicamente el procedimiento legal de consulta a los profesionales de las comunas circundantes a la de Pudahuel para que la instancia metropolitana tomara una decisión debidamente informada con respecto a esas intervenciones inmobiliarias fuera de los límites urbanos. Pero no solamente el Seremi había sufrido de una lamentable amnesia, sino también el propio Gobierno Regional, llamado éste último a conocer y estudiar los proyectos en cuestión antes de emitir su voto.
Ahora bien, qué utilidad tendrán los futuros pronunciamientos de los asesores urbanistas de esas comunas ante la presión implícita que significa que el gobierno regional ya aprobó estos proyectos de expansión urbana en Santiago. Hoy en día, y tal como están las cosas, esos asesores urbanistas están en un pié forzado y también nos debemos preguntar si quedarán realmente condicionados tales proyectos de desarrollo urbano. Por lo que sabemos, afirmamos con certeza que no.
Debemos reconocer que la descripción del aludido artículo 8.3.2.4. es completísima, lo que es indicativo del excelente trabajo que hicieron sus redactores.
Se inicia la tramitación de estos negocios con un “informe previo favorable” de una serie de servicios públicos y después de la decisión técnica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Seremi de Agricultura, la municipalidad en donde está prevista la operación urbanística, debe emitir un “informe técnico favorable definitivo” con la opinión fundada del Asesor Urbanista para asegurar que el proyecto en ciernes es coherente con el plan de desarrollo comunal y que no altere los equilibrios económicos de la municipalidad, lo cual es bastante lógico.
De acuerdo al artículo 2.1.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la modificación del PRMS debe ser consultada a las municipalidades cuyos territorios son vecinos al del territorio que cambia su uso de suelo en ese instrumento normativo y el responsable de la administración de esta exigencia es el Seremi de Vivienda y Urbanismo. La posición de las municipalidades consultadas debe ser validada técnicamente por informes de cada Asesor Urbanista, profesionales que tienen una visión de mediano y largo del desarrollo territorial de sus comunas.
Pues bien, el Gobierno Regional Metropolitano aprobó las Resoluciones Nºs 77, 78 y 79 de los PDUC de los grupos económicos titulares de Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre, respectivamente, a ejecutarse los tres en la comuna de Puhahuel, sin que los Asesores Urbanistas de las 8 comunas circundantes hayan emitido sus informes.
Estamos hablando de millonarias inversiones inmobiliarias que se plasmarán en un horizonte de 30 años en Pudahuel y las municipalidades vecinas de Lampa, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central, Maipú y Curacaví no sabían nada de ello porque no fueron consultadas oficialmente.
Dado que estábamos en conocimiento de esta irregularidad, el 7 de Agosto pasado, en conjunto con el Movimiento “Acción Ecológica”, la denunciamos en la Contraloría General de la República y en días siguientes otras omisiones, que no es del caso mencionar en esta columna. De acuerdo a nuestra práctica y por tratarse de una materia de interés público, dimos a conocer a los medios de prensa esos “olvidos” ministeriales, con la idea de que no se repitan.
En conocimiento de que se había detectado la omisión relatada, el mencionado Seremi emitió el 21 de Agosto pasado la extemporánea Circular Nº 029, diciendo lo que todos sabíamos. Vale decir, en su oportunidad, antes de que el Gobierno Regional decidiera, ese Seremi había ignorado olímpicamente el procedimiento legal de consulta a los profesionales de las comunas circundantes a la de Pudahuel para que la instancia metropolitana tomara una decisión debidamente informada con respecto a esas intervenciones inmobiliarias fuera de los límites urbanos. Pero no solamente el Seremi había sufrido de una lamentable amnesia, sino también el propio Gobierno Regional, llamado éste último a conocer y estudiar los proyectos en cuestión antes de emitir su voto.
Ahora bien, qué utilidad tendrán los futuros pronunciamientos de los asesores urbanistas de esas comunas ante la presión implícita que significa que el gobierno regional ya aprobó estos proyectos de expansión urbana en Santiago. Hoy en día, y tal como están las cosas, esos asesores urbanistas están en un pié forzado y también nos debemos preguntar si quedarán realmente condicionados tales proyectos de desarrollo urbano. Por lo que sabemos, afirmamos con certeza que no.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad ”