Nuestro sistema penal, ese que luce hoy reformado y moderno, con audiencias parecidas a las de las películas norteamericanas donde el fiscal busca las pruebas que establezcan la culpabilidad del acusado mientras el abogado defensor se afana en aminorarlas es uno de los cambios más trascendentales que se han implementado en los últimos años.
A diferencia del sistema estadounidense, acá quien se encarga de decidir la suerte final del acusado sigue siendo la figura del “juez” mientras que allá se impone el jurado acompañado de un juez que le da la validez a la sentencia. Con todo, este enorme cambio pasaría inadvertido para la enorme mayoría que no tiene problemas de índole a no ser de que uno de los pilares del actual sistema radica en la publicidad. De aquí que los fiscales hayan emergido en los medios de comunicación como nuevos actores de la escena mediática. Con estilos propios y particulares: algunos más silenciosos, otro más altisonantes, tienen bajo el actual esquema la misma finalidad: conseguir una sentencia que justifique toda la parafernalia que se ha producido en la búsqueda de hacer un trabajo eficiente. La palabra justicia, sin embargo, queda relegada en este esquema ya que al fiscal lo que le importa es que se cumplan sus hipótesis, las que serán refrendadas por el pronunciamiento final del juez, que a la postre no importa tanto si es en la misma intensidad o no, pero sí en que haya un producto llamado sentencia condenatoria. Esto es una muestra de la cultura del castigo en la que estamos inmersos, donde la palabra rehabilitación queda relegada y la sobreexposición del tema y sus actores, desfiguran no sólo las limitaciones del sistema sino también su fin último, la consecución de la justicia.
La joven María Música Sepúlveda que protagonizó el acto en contra de la ministra de Educación lanzándole el agua de un jarro tiene las mismas características. La sociedad ya puede estar tranquila porque finalmente, se ha logrado un castigo, que en este caso corresponde a su expulsión desde el Liceo Darío Salas.
¿Qué es lo que debe leer la menor cuando la opinión pública se dividió en torno a su acto?
¿Cuál es el rol de los profesores en la enseñanza: meros transmisores de contenidos o formadores de personas, con todas sus complejidades?
La rigidez y férrea medida disciplinaria que se le ha impuesto a la menor no se condice con la flexibilidad valórica que está demostrando el sistema educacional que de manera informal ofrece la venta de evaluaciones docentes por Internet, como lo demuestra la denuncia realizada por Radio Universidad de Chile. Con avisos que aparecen en páginas de clasificados económicos, profesores se ofrecen a “aliviar la carga” de responder el pesado Portafolio Docente a otros colegas por sumas que fluctúan entre los 80 y los 200 mil pesos. El instrumento creado por el Ministerio de Educación para medir la calidad de los profesores que están bajo la tutela estatal, denominado “autoevaluación”, termina siendo un producto que hace otro y que se compra en el mercado informal.
Frente a esta denuncia, las reflexiones en relación a la ética y formación valórica de quienes tienen en sus manos la formación de las futuras generaciones de chilenos son cuestiones que serán superadas por el quid de nuestro diálogo social: la búsqueda del castigo.Y será una tarea difícil pero no imposible para el fiscal de turno hallar culpables, lo que dejará a la sociedad tranquila, nuevamente de que la sanción impuesta, expulsiones y deshonra pública mediante, será suficiente.
Ya podremos descansar en paz. El sistema funciona bajo nuestra premisa del castigo.