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Agosto 18, 2026

A general muerto, general puesto

El haber denominado “General del Pueblo” al extinto jefe de la policía uniformada José Bernales, constituye un acto mediático y al mismo tiempo demagógico, cuyo objetivo central consiste en encubrir el carácter cada vez más represivo de las prácticas policiales. Se pretende vincular el rol de carabineros con la protección y bienestar de la población, y de este modo dar rienda suelta a las operaciones de inteligencia y de violencia que, a medida que aumentan los conflictos sociales, se van volviendo cada vez más intensas.

Así, desde el gobierno se torna prioritario destinar recursos públicos a las fuerzas de seguridad en desmedro de la posibilidad de dar soluciones a las demandas sociales. Es el modo creativo de gobernar cuando las coaliciones en el poder han entrado en una fase de agotamiento.


De esta forma, y al igual como ocurría antiguamente con la institucionalidad monárquica a la muerte del supremo rey (de ahí el dicho: “…a rey muerto, rey puesto”, que hacía alusión a la necesidad de cuidar la integridad de la monarquía más que la memoria del difunto), el nuevo General Director -que asume en reemplazo del “General del Pueblo”- representa la continuidad de una política de “seguridad interior” que Bernales inició ya en la región de la Araucanía, cuando se encontraba al mando de la IX zona de Carabineros. No hay que olvidar que el General Bernales, el día de su muerte, se encontraba asistiendo a un seminario contra el terrorismo (hecho que pasó casi inadvertido, dadas las características del trágico accidente), lo que llama mucho la atención, a juzgar por el modo particular de concebir el terrorismo en la región.
Es muy probable que no hubiesen habido desaparecidos, ni torturados ni asesinados, sin el apelativo de “terrorista”. Tal apelativo constituye aquella degradación de la persona, previo paso a su prisión y/o aniquilación. Así ocurrió recientemente con los combatientes de las FARC masacrados en territorio ecuatoriano, en nombre de lo cual ni la soberanía nacional ni los derechos humanos valen. Así ocurre hoy con los mapuches acusados y juzgados según la Ley de Seguridad Interior del Estado, y con testigos sin rostro. Es la vieja historia del “enemigo interno”; una historia repetida.*

* Lo cierto es que ya suman bastantes denuncias –muchas de ellas publicadas por medios electrónicos cómo “El Trabajo”- que refrendan lo que sostengo, y que nos recuerdan aquellos tiempos de guerra sucia instruida desde el aparato del Estado: la “invasión” a las poblaciones de Villa Francia (con la sospechosa muerte de un joven “sapo”) y Pudahuel, el pasado Once y el día del Joven Combatiente; el maltrato y amedrentamiento a documentalistas italianos y franceses, que en distintos momentos se han internado en el conflicto mapuche contra las empresas forestales; la detención de la documentalista Elena Varela y la requisición de su material audiovisual referido al conflicto mapuche; el maltrato y amedrenamiento cometido contra los estudiantes del Manuel de Salas, antes de llegar a una manifestación estudiantil programada hace unas semanas, etc., etc., etc.

Gabriel Ugás M. <ugas.gabriel@gmail.com>