Pero la verdad es que estamos en un régimen ultrapresidencialista, diseñado para una dictadura y luego hecho suyo por una extraviada e irresponsable clase política, totalmente desvinculada de los ciudadanos desde el plebiscito de 1988.
En este contexto, no me angustia para nada la posibilidad de una crisis institucional. Más bien, me parece la única salida viable para poner fin a esta democracia de mentira y dar paso a una nueva Constitución de legítimo origen y naturaleza democratica, en contraste con la que nos rige y nos sojuzga.
La función que los acusadores reclaman para sí y sus pares, de hacer valer responsabilidades políticas ante el Congreso, es propia de un regimen parlamentario y no de este disfraz de democracia diseñada por Jaime Guzmán para el dictador al que servía.
Si queremos un Parlamento en serio, démonos una nueva Constitución de carácter parlamentario, como se da con pleno éxito en los cinco continentes, constituyendo el canon de la democracia occidental, con la sola excepción de Estados Unidos y su patio trasero.
Resulta en verdad inconcebible que después de veinte años del triunfo del NO y la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988, con el exdictador ya muerto, al igual que su ideólogo, Jaime Guzmán, sigamos regidos por la institucionalidad autoritaria que nos impuso aquel régimen de facto y que creíamos haber derrotado en aquel acto cívico ejemplar de participación ciudadana.
No es presentable ni decente y resulta completamente irracional e incomprensible en el concierto internacional de las democracias representativas, seguir prisioneros del legado institucional que nos dejaron dos finados de siniestra memoria.
Por ello resulta tan valioso el voto unánime del último Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, que contó con el decidido apoyo del ex Presidente Eduardo Frei, llamando formalmente a la adopción de una nueva Constitución, que ponga fin al presidencialismo de la Constitución actual y adopte un nuevo régimen político, con un Primer Ministro, que ejerza la jefatura del Gobierno, mientras el Presidente de la República conserva la jefatura del Estado, y ello junto con la adopción de un Parlamento unicameral.
Rafael Enrique Cárdenas Ortega