Una de las principales obligaciones del estado es administrar justicia. El poder de judicial durante la dictadura nada hizo por defender los Derechos Humanos. En democracia donde las principales agresiones que reciben las personas no son ya los atentados contra la vida sino los abusos de las grandes empresas y los actos de corrupción de la clase política el poder judicial se muestra igualmente incapaz y falto de voluntad para proteger a los ciudadanos.
1.- Por qué no se protege a los ciudadanos
Los funcionarios de la administración de justicia que en su inmensa mayoría llegan a estos cargos en busca de “un sueldo seguro” son personas que ontológicamente buscan evitar el riesgo en la vida. Defender los derechos del chileno de a pié, ayer y hoy significa imponer la ley a los poderosos. Este es un riego que los administradores de justicia no están dispuestos a asumir, especialmente si el incumplimiento de su deber ético y legal no le trae aparejada consecuencia sancionatoria alguna.
Luego de terminada la dictadura la propia Corte Suprema se aprestaba a entregar sus cargos, cuando menos, esto lo había anunciado el programa de gobierno de la concertación. Nada se hizo, es más se mejoraron sus remuneraciones.
Durante 17 años el poder judicial chileno prevaricó en perjuicio de sus ciudadanos. Ninguno de esos funcionarios ha visto hacerse efectiva en su persona responsabilidad alguna. En Argentina son casi 200 los jueces procesados y/o condenados por prevaricación muchos de ellos están cumpliendo prisión en cárceles comunes. En fecha reciente fue extraditado desde Chile el ex juez mendocino Otilio Romano. En Chile ni uno solo
En democracia los abusos de las grandes empresas en contra de sus clientes habitualmente cautivos son variados, sistemáticos y cotidianos, pero casi toda la jurisprudencia se dicta en el sentido de los intereses de estas. Esto crea la sensación, que termina haciendo sentido común, que todo reclamo contra una gran empresa no tiene destino.
Prácticamente la mitad de los juicios que lleva la justicia civil son procedimientos de cobranzas de los bancos y el retail. Para que los jueces de Policía Local asumieran sin reclamos su labor de cobradores de los tag impagos se dictó una ley especial aumentándoles los sueldos.
La corrupción de la clase política en Chile se ha desatado, pero después del escándalo y las repercusiones en la prensa nadie termina preso. Los casos de corrupción, de unos y de otros son muchos, y su enumeración resulta innecesaria. Nunca hay sentencias condenatorias que merezcan el nombre de tal.
La justicia penal en Chile escandaliza a nuestra ciudadanía dia por día, imputados de graves delitos que salen libres, acusados de disidencias sociales que se secan en la cárcel, el listado es grande, cualquier chileno lo sabe. Un muchacho acaba de ser condenado a 5 años y un día por supuestamente arrojar una molotov contra la policía, sin causar lesiónes, los pilotos que bombardearon la Moneda nada, uno de los ejecutivos de La Polar estuvo sometido a “prisión” en su parcela de agrado y eso sería todo.
Muchos jueces, no todos, actúan con absoluto desprecio por los ciudadanos y ufanos en un poder que no tiene controles reales maltratan a los ciudadanos de forma prepotente y caprichosa, es cosa de asistir a cualquier audiencia pública.
2.- Como corregir la indefensión de los ciudadanos.
Pedirles a los tribunales que administren justicia en el sentido profundo de esta que es precisamente proteger al débil del que tiene la fuerza en la sociedad es hoy una ingenuidad.
Para que buscar problemas con los poderosos si hacer vista gorda es gratuito.
Ninguno de los controles de la actividad jurisdiccional es eficiente. Esto es clarísimo, la Corte Suprema esta sujeta al control del Senado, en más de 20 años de democracia el senado sólo ha destituido a un ministro. Tan bien funciona esta Corte?.
Los jueces de primera instancia están sometido al control, administrativo de las Cortes de Apelaciones respectivas. Pero resulta que son estas mismas cortes las que lo han puesto en la terna para que el Ministerio seleccione al que ocupara el cargo. El “besamanos” es requisito indispensable para aparecer en una terna, como le vemos a pedir que al que voto por alguien como un buen juez luego diga que no lo es.
Los ministros de la Corte Suprema se eligen a partir de una terna que confeccionan ellos mismo desde la que el ministerio de Justicia saca uno que es votado en el Senado.
Como le vamos a pedir a alguien elegido en este “procedimiento” que castigue la corrupción de la clase política. Hay jueces notables que no llegaran a la Suprema pues están vetados por la clase política.
Aparte de los jueces hay instituciones tan importantes y costosas para el estado como el ministerio Público que gozan de una inexplicable autonomía ajena a cualquier control. Esto permite que en manifiesto perjuicio de nuestra política internacional hayan mantenido a tres soldados bolivianos sometidos a persecución penal. El ejecutivo señaló que la situación había escapado institucionalmente de sus manos y era verdad. El jefe de estado no podía hacer nada ante una acción de un simple fiscal adjunto que claramente daño el interés de Chile.
Un modesto fiscal regional puede determinar su propia política en asuntos tan relevantes y complejos como el conflicto en la Araucanía y no darle cuenta a nadie.
Si alguien quiere iniciar una acción penal contra un fiscal debe saber que la persecución penal la llevarán adelante los fiscales.
Ninguno de los funcionarios de la administración de justicia esta sometido al control democrático de la ciudadanía por ello no la respetan ni la consideran.
3.- LA DEMOCRATIZACION
Es inaceptable que una república que todos consensuamos como democrática toda, absolutamente toda, la administración de justicia este fuera del control democrático de la ciudadanía tanto en su origen como en su funcionamiento.
La solución para estas graves ineficiencias es que el control democrático de la ciudadanía pueda ejercerse directamente sobre estos cargos.
1.- Se debe establecer el mecanismo de revocación ciudadana respecto de todos los jueces del país.
2.- Cuando menos los Ministros de al Corte Suprema deben ser elegidos por la ciudadanía por un plazo no superior a cuatro años.
3.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales deben ser elegidos mediante votación popular por un plazo no mayor a cuatro años.
Estas medidas mínimas y elementales son normas en muchos otros países cuya modernidad y democracia nadie pondría en duda.
ROBERTO AVILA TOLEDO