El primer filósofo moderno que desarrolló cabalmente la idea de un pacto entre hombres libres que, deseando ser gobernados, acuerdan y definen un tipo de estado fue Thomas Hobbes en su Leviatán (del cual resuenan sus musicales máximas bellum omnia omnes y homo homini lupus). Su teoría se basa en que los hombres en un estado primitivo y carente de estado, el estado de naturaleza, acordaban ceder sus derechos individuales a un soberano a cambio de protección de la amenaza constante de la muerte violenta a manos de otros hombres. Pero fue Rousseau en su influyente tratado El contrato social quien dará un nombre a toda esta escuela de la teoría política. El postulado de Rousseau es que los hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia, un buen salvaje pero esencialmente individualista, para someterse a las reglas de la sociedad cuando descubre accidentalmente la propiedad privada; el “pacto social” servirá entonces para controlar los conflictos que se derivaban de las desigualdades sociales y subordinar los intereses particulares a la voluntad general.
La tradición contractual fue continuada, en nuestro pasado siglo XX, por teóricos del liberalismo como Bobbio, Rawls, Nozick y Habermas.
Pero ¿qué significa un llamado como el de la presidenta a un “gran pacto social” con la oposición?
Hoy, donde la desigualdad y la pobreza son temas que se han impuesto en lo político, se ha logrado rearticular, al menos parcialmente, el movimiento obrero y los sindicatos y se habla de negociación colectiva. Pero también reaparece la violencia política, el enfrentamiento abierto donde se mezclan obreros, estudiantes, jóvenes radicalizados, viejas vanguardias, pobladores descontentos y el lumpen enfrentado a una derecha que espera una represión cada vez más dura y “ejemplar” (bien lo saben los familiares de Rodrigo Cisterna, el obrero forestal muerto en la represión a una huelga de Bosques Arauco -caso que sigue con sus culpables sin ser procesados- y del cabo Cristián Contreras), es un contexto donde el “pacto social” puede ser entendido como un “pacto por el status quo”.
Se corre el peligro de consolidar no el estado como un ente integrador y transversal, orientado a la consolidación de una democracia sólida y cada vez mas participativa, con activa participación en un sistema económico y distributivo no solo justo sino que apunte a la integración ascendente y no solo – como plantea Lenin – el estado como el lugar de concentración de la violencia ejercida por las clases dominantes sobre el resto de la sociedad para defender su dominio en lo económico, lo político y lo social.
2. “Un Estado ultramínimo mantiene un monopolio sobre todo el uso de la fuerza, con excepción del que es necesario en la inmediata defensa propia y, por tanto, excluye la represalia (o la proporcionada por una agencia) por daño y para exigir compensación. Sin embargo, únicamente ofrece protección y servicios de ejecución a aquellos que compran sus pólizas de protección y aplicación. Las personas que no contratan protección con el monopolio no obtienen protección.” (Robert Nozick)
La derecha y las voces más reaccionarias del empresariado llaman a gritos a la creación de un nuevo Leviatán anarcocapitalista, un estado mínimo. Una visión sobre lo social que lleva hasta el paroxismo el proyecto racional e individualista del iluminismo, exacerbando hasta el ridículo el valor decimonónico por excelencia: la libertad.
Sobre la base de considerar que cualquier Estado es inherentemente una violación de la libertad individual (que junto con la vida y la propiedad privada son los únicos y fundantes derechos ) y de las leyes del mercado (creyendo firmemente en la “mano invisible” del mercado como la más justa pauta ordenadora para una sociedad libre: pocas reglas, normas claras y leyes de sencillo cumplimiento), plantean la creación de un extremadamente represivo en el terreno de lo social, desposeído de sus posibilidades de redistribución y protector de un mercado anárquico que lo desconoce, lo reduce y lo niega.
Estos militantes aguerridos del desmantelamiento del Estado (ya ni siquiera solo del Estado keynesiano) y que plantean éste como único destino y solución (con un determinismo digno de los mejores cuadros stalinistas) a los grandes problemas sociales que históricamente han aquejado nuestro país y al mundo, pero que solo ven la sociedad como un cúmulo de individuos (como papas amontonadas en un saco, usando una analogía de Marx), reunidos en torno al funcionamiento del mercado, una única instancia donde los hombres libres y convocados voluntariamente se encuentran y se igualan.
Una población bajo la autoridad coercitiva de un estado mínimo, en la cual todos los individuos le ceden sus derechos al mercado, para que dicho estado jibarizado sea capaz de asegurar la paz interna, constantemente amenazada por la violencia de los otros hombres, y una jerarquía social dictada por las leyes de la oferta y la demanda, incuestionable, que se perpetué por los siglos de los siglos.
Pero como todo pensamiento no deja atrás una capacidad de fabulación llevando adelante lo que Gurutz Jáuregui[i] llama “el síndrome del cuento de la lechera”: el adelgazamiento y el consiguiente trasvase de la actividad económica del Estado hacia sectores privados iniciaría un repunte de la economía, ello daría lugar a un mayor crecimiento, este mayor crecimiento facilitaría la reducción del desempleo, la reducción del desempleo mejoraría los niveles de bienestar de los ciudadanos por el bien conocido y nunca bien ponderado “chorreo”… y así hasta el esperado reino de la abundancia… hasta que a la lechera neoliberal se le cae el cántaro con leche y con él su proyecto de armonía y prosperidad perpetua.
Y para darse cuenta de que el proyecto neoliberal no ha traído la prosperidad solo basta ponerse a mirar Chile y la región: concentración de la riqueza en manos de unos pocos, expansión creciente de la precarización del empleo, aumento o, cuando menos, no disminución de la cesantía, marginación o exclusión social, una desigualdad sostenida en la distribución de la renta, amenaza constante a “la mano izquierda del estado” encargada de entregar benéficios y protección a los sectores más empobrecidos y marginados. Resulta ciertamente difícil admitir como exitoso un proyecto político y económico que está produciendo un mundo cada vez más desigual y conflictivo, y para qué hablar de Chile, donde sus contradicciones difícilmente encuentran una solución por lo menos pacifica y en el que los ciudadanos, no ya de los países tercermundistas, sino incluso del mundo desarrollado, están siendo cada vez más pobres.