Entre las flaquezas de nuestro sistema político destacan las atribuciones del jefe del gobierno para determinar el Presupuesto y los lineamientos de nuestra política exterior. En estos larguísimos años de “transición a la democracia”, quienes nos gobiernan se han valido de la institucionalidad heredada para determinar a su antojo el gasto fiscal, destinar millonarias sumas para la adquisición de armamento y restringir lo más posible su destino social.
Asimismo, el país ha quedado abrochado a distintos tratados de libre comercio en lo que está por verse, todavía, cuáles de ellos contribuirán efectivamente al progreso de Chile. El servicio exterior es parte del botín de los partidos gobernantes, de tal forma de equilibrar repartijas políticas y garantizarle un retiro todavía mejor remunerado a ciertos dinosaurios de la clase dirigente.
Más allá de la discusión ciudadana sobre cuestiones que tocan a la superación de la pobreza, la carrera armamentista y el voto de Chile en los organismos internacionales, el conjunto de la clase política le reserva al primer mandatario el derecho de hacer y deshacer en estas materias, haciendo gala de un autoritarismo que hiere al espíritu ciudadano y orada aún más la dignidad de los representantes del pueblo en el Parlamento.
En las sólidas democracias vemos que la ciudadanía es convocada para decidir sobre su integración regional, como ha ocurrido con las naciones que hoy integran o se han quedado fuera de la comunidad europea. En los Estados Unidos, incluso, el Presidente Bush ha debido consultar al poder legislativo para extender el colonialismo en algunos países del Asia. La institución republicana del plebiscito nos lleva ventajas en Uruguay y otras naciones latinoamericanas en que importantes resoluciones en materia de Derechos Humanos, por ejemplo, fueron definidas por voluntad popular, más que por decisión de los tribunales.
Sabido es el caso de un embajador nuestro que, en el ocaso de su vida, ha exigido una lujosa residencia, gastos de representación y un mobiliario (ad hoc a su cómoda necesidad de escribir sus Memorias) que le demanda al fisco una cifra superior a la que podría necesitar un conjunto de al menos 30 familias de ingresos medios en nuestro país. Medianos y pequeños empresarios son testigos de cómo sus actividad es clausurada al paso de acuerdos comerciales precipitados por tecnócratas y funcionarios públicos ansiosos por arrojar a Chile a la globalización económica y mantener sus abultados honorarios y viáticos en un cometido que poco o nada considera el costo social en el corto o mediano plazo.
De esta manera es que quedan en la impunidad completa los desaciertos cometidos tantas veces a nivel diplomático, aunque ellos resultaran en agravios flagrantes contra otras naciones de la Tierra y de nuestro entorno. Bochornosas situaciones vividas en París, Caracas, México y otras capitales del mundo no merecen siquiera una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en esto de que en materia internacional las atribuciones son absolutas del presidente de la república y el hilo, si ha de cortarse, debe hacerse por lo más delgado.
La democracia participativa que aspiramos, por cierto que no se conforma con la reforma al sistema electoral. Deberá también consolidar la posibilidad de que los chilenos definan el destino de sus aportes al erario fiscal y supervisen el uso de los mismos. De igual forma, las políticas de relaciones exteriores y de defensa debieran merecer la consulta ciudadana, la facultad de revisar lo obrado y determinar nuestro presente y el porvenir.
Sobre todo si reconocemos que los distintos temas de país se interrelacionan e inexorablemente se globalizan.
Más allá de la discusión ciudadana sobre cuestiones que tocan a la superación de la pobreza, la carrera armamentista y el voto de Chile en los organismos internacionales, el conjunto de la clase política le reserva al primer mandatario el derecho de hacer y deshacer en estas materias, haciendo gala de un autoritarismo que hiere al espíritu ciudadano y orada aún más la dignidad de los representantes del pueblo en el Parlamento.
En las sólidas democracias vemos que la ciudadanía es convocada para decidir sobre su integración regional, como ha ocurrido con las naciones que hoy integran o se han quedado fuera de la comunidad europea. En los Estados Unidos, incluso, el Presidente Bush ha debido consultar al poder legislativo para extender el colonialismo en algunos países del Asia. La institución republicana del plebiscito nos lleva ventajas en Uruguay y otras naciones latinoamericanas en que importantes resoluciones en materia de Derechos Humanos, por ejemplo, fueron definidas por voluntad popular, más que por decisión de los tribunales.
Sabido es el caso de un embajador nuestro que, en el ocaso de su vida, ha exigido una lujosa residencia, gastos de representación y un mobiliario (ad hoc a su cómoda necesidad de escribir sus Memorias) que le demanda al fisco una cifra superior a la que podría necesitar un conjunto de al menos 30 familias de ingresos medios en nuestro país. Medianos y pequeños empresarios son testigos de cómo sus actividad es clausurada al paso de acuerdos comerciales precipitados por tecnócratas y funcionarios públicos ansiosos por arrojar a Chile a la globalización económica y mantener sus abultados honorarios y viáticos en un cometido que poco o nada considera el costo social en el corto o mediano plazo.
De esta manera es que quedan en la impunidad completa los desaciertos cometidos tantas veces a nivel diplomático, aunque ellos resultaran en agravios flagrantes contra otras naciones de la Tierra y de nuestro entorno. Bochornosas situaciones vividas en París, Caracas, México y otras capitales del mundo no merecen siquiera una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en esto de que en materia internacional las atribuciones son absolutas del presidente de la república y el hilo, si ha de cortarse, debe hacerse por lo más delgado.
La democracia participativa que aspiramos, por cierto que no se conforma con la reforma al sistema electoral. Deberá también consolidar la posibilidad de que los chilenos definan el destino de sus aportes al erario fiscal y supervisen el uso de los mismos. De igual forma, las políticas de relaciones exteriores y de defensa debieran merecer la consulta ciudadana, la facultad de revisar lo obrado y determinar nuestro presente y el porvenir.
Sobre todo si reconocemos que los distintos temas de país se interrelacionan e inexorablemente se globalizan.