En el debate público nacional casi todos asumen que la sociedad chilena es discriminadora, excluyente, descaradamente estratificada, con realidades económicas diametralmente opuestas, entre segmentos pobres y ricos, y que a pesar de los “exitosos” indicadores macroeconómicos, la situación material y en consecuencia el estado de vida de los chilenos permanece estático en materias de educación y cultura, sin que se adviertan intenciones de crear políticas públicas o privadas, destinadas a transformar un escenario que cae hacia un abismo del cual será difícil retornar.
Ni políticos ni analistas sostienen la vieja tesis de que es necesaria la redistribución del ingreso, porque al parecer es parte de un lenguaje que ha sido archivado como un antecedente superfluo y poco gravitante para el modelo en “desarrollo”, desde la década de los ochenta hasta la fecha.
El Chile del poder perdió su compromiso hace bastante tiempo con la justicia social, y asumió su rol de representante de los intereses empresariales, las estrategias económicas y los negocios de las grandes empresas determinan en gran medida, la producción intelectual y el diseño jurídico que regula y marca las tendencias en el tipo de “crecimiento” que se ha impuesto en el país.
Desde esta perspectiva Chile es el país más conservador de América Latina en materia de gestación de políticas públicas, porque si bien es cierto, el gobierno de Bachelet hace su “trabajo” cotidianamente, no tiene la más mínima intención de subvertir el orden establecido: asigna presupuesto, realiza inversiones, dota al país de infraestructura, legisla en forma compartida con el parlamento, y todo se observa como normal dentro del contexto. El país avanza dentro de un marco “políticamente correcto”. Sin embargo, la realidad social y los niveles de participación democrático permanecen detenidos en un escenario que no altera la situación de marginalidad del país constituido por los millones de chilenos que somos gobernados bajo estas premisas.
El diseño estructural del sistema discrimina por la naturaleza de su proyecto económico y político. ¿Quienes discriminan y perpetúan la subordinación a este modelo de abusos e injusticias?; los mismos que a través de sus vocerías políticas y económicas se reúnen en seminarios de “alto nivel”, para analizar una otra vez la realidad nacional concluyendo que en Chile no existe justicia social, que el sistema político es excluyente, que el ciudadano medio hacia abajo son victimas de múltiples discriminaciones, luego de la cual, vuelven a las comodidades y privilegios de siempre. Los sujetos del poder: empresarios y políticos de las cúpulas que integran los poderes del Estado contribuyen desde sus espacios a reproducir las desigualdades existentes.
Se argumenta que solo el crecimiento económico disminuirá la brecha entre ricos y pobres, pero a decir verdad, este proceso cuyos resultados son positivos, tiende a concentrar la riqueza más que a producir un efecto descentralizador. Entonces se aparece la gran paradoja ideológica de los economistas de derecha, liderando con un discurso de descentralización y radicación de los procesos económicos en el sector privado, en otras palabras en los grandes empresarios, quienes se niegan concientemente a su vez, a descentralizar las enormes cifras de dinero que generan sus actividades productivas y sus negocios.
Se trata de la cínica “ley del embudo”, la cual todos los “emblemáticos” políticos nacionales conocen, pero prácticamente ninguno está dispuesto, por diversas razones, a gestionar algún tipo de acción o movilización social destinada a cambiar en el mediano o largo plazo; mientras tanto, y a pesar del superhabit fiscal y las riquezas acumuladas durante estos años en el sector privado que van en significativo aumento, fortalecen una situación social de alta estratificación y segregación de la enorme masa laboral y desempleados que hay en el país. Los poderes fácticos han hecho bien su trabajo, y eso se refleja en la paupérrima calidad de vida en que vivimos gran parte de los chilenos.
Los mecanismos de control han provocado los efectos esperados, y la masa ciudadana que está regulada por estos actúa funcionalmente dentro de las lógicas del modelo, los estatutos administrativos de las empresas y las variadas formas de sujeción del sujeto les permiten mantener un orden social “estable”, sin reacciones “destempladas”, posibles de neutralizar dentro del marco jurídico vigente, sin embargo, el peso de la realidad cotidiana de las familias acumula rabia por el maltrato invisible de la cual son victimas cotidianamente.
Quienes hacen política desde los espacios de poder no están enfrentados a carencias materiales y culturales, disponen de los mejores espacios de salud, de educación, de consumo, observando desde esa situación de privilegios, las limitaciones y la baja calidad de vida del pueblo en su gran mayoría. Administran la pobreza de los demás y toman decisiones en representación de los más pobres.
De esta manera y con escasa o casi nula participación ciudadana, las oligarquías políticas y económicas mantienen un país cuya imagen exterior es de “progreso” y estabilidad social, solo que el beneficio de este proceso incluye la exclusión de gran parte del país. ¿De que sirve formar parte de una democracia con estas características?. Mientras los conglomerados políticos se reparten el poder, los ricos hacen su negocio bajo el amparo de una institucionalidad arbitraria y desaprensiva. ¿Cuanto tiempo más podrá resistir un escenario de esta naturaleza?. Lo suficiente hasta que la sociedad tome conciencia más activa de su rol y contribuya con su acción a desencadenar una crisis que signifique el principio de un proceso de transformación.
El Chile del poder perdió su compromiso hace bastante tiempo con la justicia social, y asumió su rol de representante de los intereses empresariales, las estrategias económicas y los negocios de las grandes empresas determinan en gran medida, la producción intelectual y el diseño jurídico que regula y marca las tendencias en el tipo de “crecimiento” que se ha impuesto en el país.
Desde esta perspectiva Chile es el país más conservador de América Latina en materia de gestación de políticas públicas, porque si bien es cierto, el gobierno de Bachelet hace su “trabajo” cotidianamente, no tiene la más mínima intención de subvertir el orden establecido: asigna presupuesto, realiza inversiones, dota al país de infraestructura, legisla en forma compartida con el parlamento, y todo se observa como normal dentro del contexto. El país avanza dentro de un marco “políticamente correcto”. Sin embargo, la realidad social y los niveles de participación democrático permanecen detenidos en un escenario que no altera la situación de marginalidad del país constituido por los millones de chilenos que somos gobernados bajo estas premisas.
El diseño estructural del sistema discrimina por la naturaleza de su proyecto económico y político. ¿Quienes discriminan y perpetúan la subordinación a este modelo de abusos e injusticias?; los mismos que a través de sus vocerías políticas y económicas se reúnen en seminarios de “alto nivel”, para analizar una otra vez la realidad nacional concluyendo que en Chile no existe justicia social, que el sistema político es excluyente, que el ciudadano medio hacia abajo son victimas de múltiples discriminaciones, luego de la cual, vuelven a las comodidades y privilegios de siempre. Los sujetos del poder: empresarios y políticos de las cúpulas que integran los poderes del Estado contribuyen desde sus espacios a reproducir las desigualdades existentes.
Se argumenta que solo el crecimiento económico disminuirá la brecha entre ricos y pobres, pero a decir verdad, este proceso cuyos resultados son positivos, tiende a concentrar la riqueza más que a producir un efecto descentralizador. Entonces se aparece la gran paradoja ideológica de los economistas de derecha, liderando con un discurso de descentralización y radicación de los procesos económicos en el sector privado, en otras palabras en los grandes empresarios, quienes se niegan concientemente a su vez, a descentralizar las enormes cifras de dinero que generan sus actividades productivas y sus negocios.
Se trata de la cínica “ley del embudo”, la cual todos los “emblemáticos” políticos nacionales conocen, pero prácticamente ninguno está dispuesto, por diversas razones, a gestionar algún tipo de acción o movilización social destinada a cambiar en el mediano o largo plazo; mientras tanto, y a pesar del superhabit fiscal y las riquezas acumuladas durante estos años en el sector privado que van en significativo aumento, fortalecen una situación social de alta estratificación y segregación de la enorme masa laboral y desempleados que hay en el país. Los poderes fácticos han hecho bien su trabajo, y eso se refleja en la paupérrima calidad de vida en que vivimos gran parte de los chilenos.
Los mecanismos de control han provocado los efectos esperados, y la masa ciudadana que está regulada por estos actúa funcionalmente dentro de las lógicas del modelo, los estatutos administrativos de las empresas y las variadas formas de sujeción del sujeto les permiten mantener un orden social “estable”, sin reacciones “destempladas”, posibles de neutralizar dentro del marco jurídico vigente, sin embargo, el peso de la realidad cotidiana de las familias acumula rabia por el maltrato invisible de la cual son victimas cotidianamente.
Quienes hacen política desde los espacios de poder no están enfrentados a carencias materiales y culturales, disponen de los mejores espacios de salud, de educación, de consumo, observando desde esa situación de privilegios, las limitaciones y la baja calidad de vida del pueblo en su gran mayoría. Administran la pobreza de los demás y toman decisiones en representación de los más pobres.
De esta manera y con escasa o casi nula participación ciudadana, las oligarquías políticas y económicas mantienen un país cuya imagen exterior es de “progreso” y estabilidad social, solo que el beneficio de este proceso incluye la exclusión de gran parte del país. ¿De que sirve formar parte de una democracia con estas características?. Mientras los conglomerados políticos se reparten el poder, los ricos hacen su negocio bajo el amparo de una institucionalidad arbitraria y desaprensiva. ¿Cuanto tiempo más podrá resistir un escenario de esta naturaleza?. Lo suficiente hasta que la sociedad tome conciencia más activa de su rol y contribuya con su acción a desencadenar una crisis que signifique el principio de un proceso de transformación.
La “revolución de los pingüinos” fue una clara demostración de que cuando los estamentos sociales actúan, los problemas reales salen de las sombras y se instalan en la agenda pública con fuerza, eliminando de la información mediática a políticos y faranduleros que invaden los espacios de información, con un lenguaje vacío y carente de contenidos reales en la búsqueda de una sociedad mejor.