El Código de Aguas entrega a los usuarios la administración del agua. Sin embargo, no hay una institucionalidad que responda a los problemas que afectan a las cuencas: conflictos entre usuarios, disminución de cubierta vegetal, aumento de contaminación, erosión, sedimentación, sequías, inundaciones, escasez de infraestructura y falta de coordinación entre organismos y actores que intervienen en ellas.
Por eso, es indispensable avanzar en la creación de un sistema de administración integrada de cuencas, basado en organismos autónomos, como las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas, integradas por el sector público, municipios, autoridades regionales y organismos del gobierno, y privados, como los usuarios del agua, entidades profesionales y universidades.
Este sistema busca internalizar en la toma de decisiones de cada actor, los costos y beneficios que producen en terceros y en la cuenca en general, teniendo entre sus principales objetivos lograr, además de la coordinación intersectorial, la efectiva participación de la sociedad civil en la planificación, conservación y desarrollo sustentable de los recursos hídricos y ambientales de la cuenca.
Esta administración debe buscar la protección y conservación de los recursos hídricos de una cuenca, a través de una visión integradora que tome en cuenta las interconexiones entre los componentes de ella, asegurando los niveles necesarios de cantidad y calidad de aguas, para satisfacer los usos y requerimientos de la cuenca, en especial en períodos de sequías.
Una función primordial es dar seguridad a la población ante eventos meteorológicos extremos, garantizar el monitoreo de procesos físicos y biológicos, generando la movilización de recursos financieros para implementar acciones y medidas en función de la gestión integral de la cuenca. Adicionalmente debe requerir la intervención estatal cuando corresponda.
Con un sistema de este tipo, la contaminación del río Cruces, la pugna por el agua entre comunidades y mineras, y la construcción de mega-centrales en Aysén, serían algunos de los conflictos que podrían haber tenido o tener un curso distinto, si los actores de las cuencas fueran consultados sobre los proyectos de inversión, antes de que las nefastas consecuencias ambientales de muchos de ellos se produzcan.
En Brasil funcionan bien las Agencias de Agua y en México los Consejos de Cuencas. En España, existen las Confederaciones Hidrográficas y los Planes Hidrológicos son aprobados por el Parlamento en conjunto con las comarcas. En Chile no tenemos cultura de cuencas y confundimos ese concepto con el de río. Sin embargo, están dadas las condiciones para avanzar en una institucionalidad que permita realizar una planificación territorial por cuencas hidrográficas Ahora.
*Alejandro Navarro es senador de la República