Mientras la derecha opositora presiona hoy por represalias contra Argentina por el aumento de los precios del gas, las empresas privadas locales del sector multiplican sus utilidades a costa de los consumidores. Un grupo de parlamentarios oficialistas pidieron al gobierno formular una ley que regule las tarifas del combustible que se distribuye a domicilios para impedir que continúen lucrando con un servicio básico para la población. Según cifras manejadas en el mercado, las compañías pagan en Argentina alrededor de tres dólares por el millón de BTU (la unidad de medida del combustible) y lo venden en Chile a 24. Esto ofrecería un colchón para atenuar el reajuste pactado entre Argentina y Bolivia.
Los diputados democristianos Jaime Mulet y Pablo Lorenzini, presidentes de las comisiones de Hacienda y Energía de la cámara baja, plantearon la necesidad de discutir una normativa que regule las tarifas del gas natural domiciliario.
Señalaron que la idea es impedir que las distribuidoras aumenten el valor del suministro a los consumidores, y emplazaron a la derecha a sumarse a esta iniciativa en vez de criticar la forma en que ha actuado el Ejecutivo.
Este es el único servicio básico que, a diferencia del agua, luz, teléfono y locomoción colectiva, no está regulado y, en rigor, los consumidores domiciliarios dependen de los precios que las compañías fijan, sin posibilidad de cambiarse a otro proveedor, subrayó Lorenzini.
Añadió que “las empresas distribuidoras obtienen millonarias ganancias, tienen una rentabilidad espectacular y cobran a los usuarios varias veces el valor al cual ellos compran, por lo que no se justificaría un alza ante los aumentos establecidos por Argentina”.
Los senadores radicales José Antonio Gómez y Guillermo Vásquez también solicitaron al Gobierno que envíe un proyecto con carácter urgente al Congreso para regular la estructura tarifaria que rige los precios.
Vásquez indicó que según el marco regulatorio de la ley de servicios de gas, los valores finales que pagan los consumidores están determinados por la política de costos y ganancias de las distribuidoras, porque en Chile existe libertad de mercado.
A partir de las millonarias ganancias de las compañías distribuidoras, es necesario que las utilidades generadas por un recurso concesionado, sean empleadas en amortizar el costo de importación, sostuvo.
A su juicio, aunque la normativa impide a las distribuidoras utilidades superiores al cinco por ciento del costo total del capital de inversión, no ha impedido que éstas adopten estrategias casi monopólicas que perjudican al consumidor.
En igual sentido se pronunció el diputado Antonio Leal, presidente de la Cámara Baja, quien planteo la preocupación de que el alza de los precios decretada por Argentina se transfiera a los clientes residenciales.
Las empresas privadas han tenido una tremenda ganancia, porque han comprado gas barato argentino y lo venden multiplicando varias veces su valor, y eso no puede continuar, afirmó.
Mientras, la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, -una de las figuras del gobierno más criticada por la derecha opositora por presuntas debilidades en el manejo de la crisis con Argentina- declinó comentar sobre las afectaciones que tendría el aumento de precios.
Dijo que el gobierno evalúa los distintos criterios de aplicación del impuesto decretado por el vecino país luego del acuerdo con Bolivia, y que comienza a regir mañana. “Estamos en la etapa final de las tratativas con las autoridades argentinas”, apuntó.