En este período post pinochetista , sólo han prevalecido las expresiones periodísticas que fueron serviles y cómplices a la Dictadura. Los chilenos han visto desaparecer a múltiples publicaciones que abrieron cauce a la democracia, asesinadas incluso por acciones de bandidaje empresarial y censura ejecutadas por importantes personeros y agentes de gobierno.
El caso Clarín se constituye en uno de los episodios más bochornosos de la Transición. El diario de mayor circulación en toda la historia de Chile fue asaltado y clausurado con el Golpe Militar de 1973 y, hasta aquí, a sus propietarios legítimos aún no se devuelven los bienes confiscados o se los indemniza por los daños y perjuicios ocasionados. Victor Pey y la Fundación Presidente Allende emprendieron todas las acciones posibles para que los gobiernos de la Concertación les devolvieran lo propio y les permitieran, con ello, reemprender su tarea editorial. Sin embargo, los cuatro gobiernos se han negado sistemáticamente a ello e, incluso más, han gastado millones de dólares en sostener un juicio internacional de arbitraje, simular la reparación a un puñado de impostores y emprender otras vergonzosas acciones con tal de que el diario no pueda reaparecer.
Ante la evidencia de que el tribunal arbitral convocado por el Banco Mundial le ha dado la razón a los demandantes, las administraciones de Lagos y de Michelle Bachelet han instruido a sus abogados recusar a los jueces e idear todo tipo de argucias para descalificar o postergar el inminente fallo que –más allá de ordenar una compensación económica a los confiscados- abrirá la posibilidad de que éstos reediten el periódico clausurado por Pinochet.
Es obvio que todos los gobiernos concertacionistas han estado presionados por los diarios que integran del duopolio de la prensa escrita. Entendemos perfectamente que estas empresas no vean con agrado la reaparición de El Clarín, satisfechas como están con su exclusividad editorial y la recepción de una enorme tajada de los recursos fiscales destinados a la publicidad. Esta discriminación en beneficio de las más poderosos consorcios editoriales es investigada actualmente por la Cámara de Diputados ante los múltiples reclamos de diarios y revistas que han sido excluidas del avisaje fiscal sin justificación alguna y ante la grave falta de diversidad que se aprecia justamente en el periodismo escrito chileno. Como se sabe, las democracias sólidas se obligan a distribuir estos recursos y estimular créditos a favor del pluralismo editorial y de que la libertad de prensa no sea un privilegio de quienes tienen los recursos económicos para profitar y enseñorearse en el ejercicio de un derecho ciudadano tan fundamental como la libertad de expresión.
A todas luces, algunos de nuestros gobernantes temen la pluma de editorialistas que saben de sus despropósitos y manejos lindantes con la falta de probidad. De allí tan acucioso empeño en oponerse a indemnizar a los propietarios del diario confiscado y desconocer, incluso, las resoluciones del Árbitro Internacional. Es público y notorio que la influencia incontrarrestable de ciertos matutinos en la opinión pública es mucho más eficiente que la fuerza de los hechos, la verdad y la acción de los propios Tribunales. En un país, como se sabe, que los jueces con elegidos y promovidos por los políticos de turno y en el Poder Legislativo hay expresiones ideológicas, gremiales y sindicales que por Ley no pueden estar representadas. En este período post pinochetista , sólo han prevalecido las expresiones periodísticas que fueron serviles y cómplices a la Dictadura. Los chilenos han visto desaparecer a múltiples publicaciones que abrieron cauce a la democracia, asesinadas incluso por acciones de bandidaje empresarial y censura ejecutadas por importantes personeros y agentes de gobierno. A esta altura, ello sólo tiene explicación en la “política de encantamiento” con que los dieñadores y ejecutores comunicacionales de los gobiernos de la Concertación definieron con las principales empresas editoriales. Exclusividad y recursos fiscales para el Duopolio a cambio de una oposición discreta y que no extreme su denuncia frente a los ilícitos.
A todas luces, algunos de nuestros gobernantes temen la pluma de editorialistas que saben de sus despropósitos y manejos lindantes con la falta de probidad. De allí tan acucioso empeño en oponerse a indemnizar a los propietarios del diario confiscado y desconocer, incluso, las resoluciones del Árbitro Internacional. Es público y notorio que la influencia incontrarrestable de ciertos matutinos en la opinión pública es mucho más eficiente que la fuerza de los hechos, la verdad y la acción de los propios Tribunales. En un país, como se sabe, que los jueces con elegidos y promovidos por los políticos de turno y en el Poder Legislativo hay expresiones ideológicas, gremiales y sindicales que por Ley no pueden estar representadas. En este período post pinochetista , sólo han prevalecido las expresiones periodísticas que fueron serviles y cómplices a la Dictadura. Los chilenos han visto desaparecer a múltiples publicaciones que abrieron cauce a la democracia, asesinadas incluso por acciones de bandidaje empresarial y censura ejecutadas por importantes personeros y agentes de gobierno. A esta altura, ello sólo tiene explicación en la “política de encantamiento” con que los dieñadores y ejecutores comunicacionales de los gobiernos de la Concertación definieron con las principales empresas editoriales. Exclusividad y recursos fiscales para el Duopolio a cambio de una oposición discreta y que no extreme su denuncia frente a los ilícitos.
De esta manera, procede que las organizaciones políticas democráticas se movilicen para defender el derecho que les asisten a los propietarios de El Clarín de ser indemnizados. Es preciso, apelar a la conciencia de los chilenos y al respaldo de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos frente a una demanda que no sólo pondría justicia respecto de los derechos económicos de los demandantes, sino que consolidaría una nueva y sólida expresión editorial que sirva a la necesaria diversidad y, en este caso, a la expresión de los sin voz, a las demandas políticas y sociales ahogadas por una Transición que no puede sacudirse todavía del autoritarismo y de las influencias del elitismo empresarial y los lineamientos del capitalismo más salvaje.