Uno de los más hermosos movimientos sociales de las últimas décadas, la denominada “Marcha de los Pinguinos”, se enfrentó, en su momento culminante, a la disyuntiva de detenerse o continuar cuando la autoridad entregó la respuesta a sus demandas. Los dirigentes estudiantiles que habían asombrado al país con su capacidad de organización debieron evaluar, el jueves en la noche, si dejar caer o no el paro que ya se había anunciado para el lunes. A esas alturas, esta medida de fuerza parecía cogida por la dinámica de la gigantesca movilización de casi tres semanas y cancelarla, a ojos de la mayoría de la asamblea de alumnos, podía diluir los efectos alcanzados, impensables hasta hace pocos días, en el contexto de la agenda inmediata del nuevo gobierno.
Más allá de que las escaramuzas en la vía pública manchen el legítimo petitorio de los secundarios, el paro alcanzó su justificación en la necesidad de que tan formidable movimiento no se convirtiese, con el correr de los días, en un episodio más, sin que diera lugar a una efectiva transformación de la cuestionada educación chilena. En ese sentido, la protesta del lunes no debió entenderse sólo como respuesta a la oferta del gobierno, sino como mensaje al conjunto de la clase política dirigente: la que está al mando del ejecutivo y también la que ejerce poder a través del legislativo y los municipios, los medios de comunicación y otros círculos de influencia.
La propuesta de la Jefa de Estado por cadena nacional y las precisiones, al día siguiente, de su ministro de Hacienda, encontraron en general un eco más bien favorable en la derecha. Esta no se ha cansado de reiterar su apoyo a las legítimas demandas estudiantiles, junto con reprochar el manejo gubernativo de la situación, pero ha hecho ver también sus reservas ante el anunciado envío presidencial de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, LOCE. Una cosa es lo que diga al fragor del movimiento, que le sirve para desnudar lo que a su juicio son las inconsecuencias de un gobierno que se quiere cercano a la gente, y otra lo que esté dispuesta a hacer a la hora de legislar.
Esto es lo que sostiene la necesidad de no desmovilizar a los estudiantes, junto con la de mantenerse alerta para que las medidas anunciadas por Presidenta y ministro se implementen ya. Esta aseguró, a poco de iniciar su gira por Estados Unidos y el Caribe, que estaba monitoreando el cumplimiento de aquellas, y que enviaría una inmediata reforma constitucional que garantice el derecho a la educación de calidad, junto con dar el vamos al Consejo Asesor Presidencial en la materia. Mientras, la Alianza por Chile anunciaba el estreno de la modalidad parlamentaria de la interpelación a los ministros de Estado, con el de Educación e Interior como primeros blancos. Necesario como puede ser perseguir siempre las responsabilidades políticas, la ciudadanía debe fiscalizar a los fiscalizadores, para que en el ejercicio de este rol opositor no escamoteen su responsabilidad de proveer la alta mayoría legislativa que se requiere para reformar la LOCE.
Del mismo modo, la oposición extraparlamentaria tiene también que ejercer sus responsabilidades dentro de su legítimo derecho a apoyar y ampliar, si así lo estima, las demandas estudiantiles. Si bien carecen de perspectiva los enfoques, en especial de padres y apoderados, de que otros sectores sociales no deben colgarse del exitoso movimiento de los alumnos, para incluir sus propias demandas, todos –incluidos los más legítimamente politizados- tienen que respetar la impronta que los escolares han querido darle a sus protestas. Y ese respeto debe ser mayor si se observa cómo los dirigentes estudiantiles supieron modificar sus estrategias, por ejemplo, dejando las calles para replegarse en las escuelas, cuando vieron que los desmanes de algunos de sus compañeros y el vandalismo de los infiltrados estaban dañando la causa.
En los balances que se hagan de este despertar estudiantil habrá que ponderar un hecho singular: cómo los daños colaterales causados por la violencia desatada se revirtieron hasta alcanzar, en medio de la movilización, una victoria colateral para el derecho de manifestarse: no otra cosa fue la remoción de los jefes al mando de las fuerzas especiales de Carabineros, que ejercieron una desproporcionada e irracional represión en contra de los jóvenes y los periodistas que cubría sus marchas. El movimiento estudiantil estaba tan legitimado que el brutal accionar policial del 30 de mayo se convirtió en una agresión al conjunto de la sociedad.