Efectivamente, aquellas imágenes adultocéntricas de los primeros años de la transición a la democracia que calificaban a los jóvenes de apáticos, desinteresados, individualistas, distanciados del quehacer y del devenir público, libertinos y esencialmente “carreteros” comienza lentamente a declinar y en su lugar a emerger una percepción e imagen diferente; más propia de una sociedad que tiende a reconocer y a aceptar a sus jóvenes que de una que los invisibiliza, estigmatiza y discrimina..
Estos jóvenes comienzan a ser percibidos por el conjunto de la sociedad con crecientes niveles de conciencia social; con posturas críticas y propositivas frente a diversas temáticas de interés nacional; con liderazgos múltiples y carismáticos; con discursos claros, responsables, concretos y convocantes; con gran capacidad de movilización y de negociación con las autoridades. En otras palabras, jóvenes que construyen identidad juvenil desde su propia condición de jóvenes y que a partir de su conciencia social y política se están convirtiendo en actores sociales que exigen ocupar su lugar en la sociedad.
El exigir su lugar en la sociedad marca una diferencia sustancial respecto de los jóvenes de la generación de los ochenta a los que, con el inicio de la democracia, había que integrar al desarrollo de la sociedad y a la construcción de la nueva democracia. Vale recordar que a la generación de los ochenta la dictadura los había excluido, marginado, perseguido, reprimido, estigmatizado y calificado de sospechosos de subvertir el orden público y de atentar en contra de la propiedad privada y de la seguridad nacional. La sospecha persiguió a los jóvenes por casi una década hasta que la figura legal que los discriminaba fue modificada en el parlamento.
Para los jóvenes de la generación de los ochenta los gobiernos democráticos asumieron numerosos compromisos éticos y políticos orientados a generar crecientes grados de igualdad y de oportunidades para que se desarrollaran integralmente, en los más diversos ámbitos, en tanto personas y ciudadanos. Es así como a partir del año 1990 los gobiernos de la Concertación impulsaron importantes iniciativas institucionales, políticas, legales, sociales, económicas, culturales, mediáticas, recreativas y programáticas; todas tras el objetivo de integrar, reconocer y respetar política y socialmente a los jóvenes de los ochenta que aparecían en el discursos opositor primero, gubernamental luego, como jóvenes problema. Es decir, los sujetos juveniles constituían para la sociedad chilena de los noventa un problema al que el gobierno debía dar solución.
Los jóvenes de la generación de los ochenta, de gran potencial político y movilizador durante las luchas por la recuperación de la democracia, fueron desmovilizados concientemente y luego invitados a socializarse a través de diversos mecanismos y dispositivos de integración social elaborados por los gobiernos de Aylwin y Frei e implementados desde el Estado a través de diversas políticas públicas. Quizá en el temor inicial de la Concertación a una eventual regresión autoritaria se encuentren las causas que afectaron en forma significativa las posibilidades de construcción de actores sociales juveniles durante la década de los noventa.
Es cierto, hubo reivindicaciones y movilizaciones juveniles durante los años noventa, pero éstas no pasaron de ser coyunturales y de referir a situaciones muy parciales, sin llegar a cuestionar aspectos medulares del modelo económico y del sistema político chileno. Bien vale entonces preguntarse por la efectividad de las invitaciones socializadoras realizados por los gobiernos de la Concertación a los jóvenes de la generación de los ochenta. Esos jóvenes, los de los ochenta, hoy son en su mayoría los adultos desencantados y los que se han automarginado, los que hoy aparecen en los índices de desempleo y de pobreza o los que han logrado éxitos relativos que los han llevado a asumir posturas individualistas, carentes de sentido comunitario, social y solidario.
Los estudiantes del nuevo milenio han logrado traspasar lo meramente reivindicativo para instalarse con fuerza en lo político estructural, y desde ahí cuestionar a la educación como fuente generadora de desigualdades, inequidades, injusticias y discriminaciones que limitan y restringen las posibilidades y las oportunidades presentes y futuras de los jóvenes y de las generaciones venideras.
La segmentación y segregación, junto a las desigualdades que desde 1990 profundiza el sistema educacional chileno, repercuten en forma directa en los jóvenes, limitando sus posibilidades de desarrollo personal y de integración social, en igualdad de condiciones. Del mismo modo, tales desigualdades tienen relación directa con la calidad de personas y de ciudadanos que el sistema forma. En otras palabras, la democracia y sus instituciones comenzará a experimentar los efectos negativos de ciudadanos que no constituyen aportes relevantes para su consolidación y desarrollo si la filosofía que inspira y materializa a la LOCE no es modificada sustancialmente.
Los estudiantes secundarios, en su mayoría, representan la primera generación de ciudadanos químicamente democráticos; aquellos nacidos, crecidos y formados social y políticamente en democracia a partir de 1990. Por lo mismo, son los más fieles exponentes de la histórica relación de conflicto que suele darse entre toda sociedad democrática y sus jóvenes. Acogerlos y escucharlos parece ser el camino correcto, construir en conjunto soluciones y respuestas contribuiría a afianzar su condición de futuros ciudadanos y eventuales agentes estratégicos para el fortalecimiento de la democracia. En consecuencia, los jóvenes actuales son más bien una oportunidad que un problema.
Según cifras del CENSO de 2002, la población de jóvenes -hombres y mujeres- entre 15 y 29 años alcanza a 3.674.239, representando el 25% del total de la población de Chile. De éstos, cerca de un millón y medio no se encuentra inscrito en los registros electorales, por tanto no ejercen su derecho a sufragar en las elecciones de autoridades del país. A simple vista los jóvenes no inscritos aparecen como un potencial electoral deseable para cualquier partido o político, sin embargo, el alejamiento de los jóvenes respecto de los partidos y de la política continúa su tendencia al aumento. Prueba de ello es que desde el año 1988 el padrón electoral experimenta un progresivo envejecimiento.