Recuerdo al ex presidente Lagos decir en reiteradas ocasiones que “en Chile las instituciones funcionan”, lo dijo mientras transcurrían escándalos como la corrupción al interior de las instituciones públicas; cuando se comprobó el caso de pedofilia en la Democracia Cristiana; cuando 49 jóvenes soldados murieron de frío en la cordillera mientras marchaban bajo las órdenes de un Mayor asesino… lo dijo cientos de veces . Pero el ex presidente Lagos, en el caso del Patio 29 se equivocó. Aquí la institución que es el Servicio Médico Legal, dependiente del Ministerio de Justicia nunca funcionó y por más explicaciones públicas se den, por más defensas acérrimas que se haga de la Concertación y su fórmula para resolver “la cuestión” de Derechos Humanos, ha quedado demostrado que sólo dieron palos de ciego, al mezclar un proyecto de Modernización del Estado con un asunto tan delicado y de tal envergadura como lo es la identificación de las osamentas del Patio 29.
Al redactarse el Informe Rettig en 1990, un gran porcentaje de la población chilena quedó, estupefacta… una cosa era, que en conversaciones informales y lejos de cualquier uniformado o “soplón” se hablara de la desaparición de alguien… pero otra cosa fue ver convertidos en varios folios una lista de miles de chilenas y chilenos que fueron desaparecidas y desaparecidos en circunstancias similares en manos de uniformados o agentes del Estado. Una suerte de hielo nos corrió por los pies. Y entonces al tener la lista quedaba la gran tarea de encontrarlos… la simbólica pregunta: ¿dónde están?, se corresponde con décadas de búsqueda que los familiares realizaron y poniendo en peligro también su propia vida.
El retorno a la democracia trajo consigo una agenda pública con diversidad de temas. De lo que había que preocuparse en cualquier caso era de convencer a los privados de que Chile era el paraíso para invertir. Y bajo esta lógica se construyó la Represa Ralco en el Alto Bío-Bío; así se instalaron las grandes empresas forestales en territorios mapuches, etc.
El asunto de la herencia dictatorial se personificó en el rostro del propio dictador. Los esfuerzos de la Concertación se sumaron para sacarlo del escenario público y hacer sentir que todo lo que provenía de él olía a pasado y por lo tanto había que olvidarlo para avanzar. Quizás ésta es la lógica que permite responder por qué después de 15 años el Servicio Médico Legal no identifica los 125 del Patio 29, porque precisamente esos muertos huelen a pasado y el pasado hay que olvidarlo, sólo así es posible avanzar.
Pero por suerte hay mujeres como Pamela Pereira, que contra los principios de su propia ideología se ha atrevido a interpelar al máximo líder del socialismo chileno nombrándolo de “compañero”, concepto que el ex presidente Lagos seguro, hacía mucho que no escuchaba. Pereira como hija que busca a su padre, como abogada que representa a los familiares de ejecutados políticos, ha pedido una explicación. Y como abogada que es, ha sacado cuantos ases tiene debajo de la manga.
El Servicio Médico Legal huele a podrido desde hace años. Lo afirma La Tercera del 30 de Abril de 2006, desde donde se hace alusión a un informe de la Universidad de Granada, emitido por dos expertos en identificación: Miguel Botella y José Antonio Lorente. Lo que no queda claro es si a estos expertos ¿se les pagó para realizar la identificación de las osamentas, o para evaluar el quehacer del Servicio?.
Lo que está claro a partir de lo que ha sido publicado en la prensa estos últimos días es que el Servicio Médico Legal de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia no cuenta con la tecnología necesaria para realizar estos procedimientos de reconocimiento de osamentas, ni cuenta con personal, ni cuenta con un ambiente políticamente confiable, o sea, no cuenta con nada. Y obviamente aquí es donde las cabezas políticas tienen la obligación moral de rodar, porque cuando una institución ha perdido la credibilidad pública, debe haber un cambio rotundo en sus formas y sus fondos. Y me pregunto: ¿cuánto personal está destinado a la unidad de identificación?, ¿cuánto tiempo real es el que esos profesionales dedican a su trabajo?. Es decir, que los más de 400 millones invertidos no han servido para nada.
No es posible que el Ministro Zaldívar diga que por “un error de identificación, se cuestione toda la obra que la Concertación ha realizado en materia de D.D.H.H.”. Tampoco es posible leer y escuchar que “la abogada Pamela Pereira busca protagonismo político”, porque a partir del dolor y la indignación de darse cuenta que hubo cuerpos entregados a sus familiares y que ahora deberán ser devueltos nadie, puede quedarse en silencio.
Para quienes no viven el dolor de la desaparición forzada y permanente de un ser amado y su asesinato repentino; la empatía debe resultar complicada de realizar. Aunque han pasado 16 años, lo queramos o no, todavía hay quienes niegan la existencia de los ejecutados políticos. Sin embargo, por estos días, el silencio de los que no quieren aceptar esta negra mochila, con la que cargamos en esta construcción democrática, dice más que mil palabras… porque definitivamente no hay palabras. Para quienes vivieron cercanamente el dolor de la desaparición forzada de seres queridos, sin que fuesen familiares directos, amigos, amigas, conocidas o conocidos… para quienes pudieron salir al exilio e hicieron de ello una causa de vida y luego retornaron al país con aspiraciones de repartirse el poder en cuotas partidistas, a cambio de llevar consigo un gran borrador y la mirada puesta en el “futuro”… las excusas dadas hoy, no pueden merecer aceptación.
Para quienes viven cada día el duelo y el dolor. A quienes les arrebataron la vida y esperan con esperanza que aparezca un atisbo de señales y de una vez por todas enterrar… no para olvidar, si no para descansar y volver a lo que queda de vida. Para las madres, padres, hermanas, hermanos, tías, tíos, suegros, suegras… para ellas y ellos vayan estas palabras de aliento.