La presencia de Michelle Bachelet en el acto saldó, en parte, la deuda que dejó el Presidente Lagos el año pasado, cuando se cumplieron los veinte años del asesinato de Guerrero, Parada y Nattino. El no asistió entonces, y se adujo prescindencia electoral, ya que acudiría una de las dos precandidatas de la Concertación, la socialista, quien lo hacía, como todos los años, por consecuencia con su cercanía humana y política con los profesionales degollados.
Pero no se trata de afinidades. Al inaugurarse el miércoles el monumento para la memoria, en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, tenía que asistir quienquiera fuese el Primer Mandatario, de izquierda, centro o derecha. Porque era el Estado el que estaba reparando, en forma simbólica, el atropello a los derechos de tres ciudadanos, sus familias. las comunidades a las que pertenecían, los sectores con quienes se identificaban en su oposición a la dictadura y, en definitiva, el cuerpo social entero, al que le debe garantizar seguridad para su libre desenvolvimiento.
El ministro de Obras Públicas inauguró las imponentes tres sillas escolares vacías, que para el poderoso aparato del MOP significó un esfuerzo mínimo, y lo hizo junto a otros secretarios de Estado y a la Jefa de Estado misma, porque fue con recursos del fisco que se secuestró a los tres profesionales. Así lo recordó el hijo del docente Manuel Guerrero, al evocar la negativa de éste a exiliarse nuevamente –después de una primera detención en 1976- al saber que lo andaban buscando. “No, Manuelito, este es mi país, aquí están mi trabajo y mi familia”, le dijo en la puerta del colegio donde se dieron el último beso. “Sin entender –contó quien entonces tenía 14 años de edad-, me fui a la sala de clases y a los pocos minutos escuchamos el helicóptero aterrizar casi en el techo del colegio, el frenazo de un auto, un griterío, forcejeos, balazos, silencio. Tomé del brazo a un compañero de curso y le dije “es mi papá”. Después me lo confirmaron: se lo llevaron Carabineros de Chile, con el tránsito detenido para que el rapto pudiese ser más fácil. Los recursos eran del Estado y el Estado somos nosotros”.
Cuando los cuerpos aparecieron degollados cerca de Pudahuel, la sociedad se estremeció genuinamente. En los funerales estuvieron los dirigentes opositores; Ricardo Lagos pronunció uno de los discursos más vibrantes. 21 años después sólo comparecieron algunos miembros de la clase política: entre ellos, el senador Guido Girardi, la diputada de derecha del distrito y el jefe del partido Comunista. Si bien la Presidenta Bachelet habló en nombre del Estado, como correspondía, pese a que su discurso no estaba previsto, hay que insistir también en la responsabilidad institucional. Los autores materiales del triple crimen, la mayoría de los cuales cumple condena perpetua, fueron un agente civil y personal uniformado de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, la Dicomcar, que ya no existe. Así como el jefe institucional de entonces, el general Mendoza, tuvo que renunciar, ¿no debería el actual mando de Carabineros hacer un gesto en memoria de las víctimas de un crimen organizado dentro de sus filas? Es así como funcionan las instituciones en un Estado democrático y ellas, sin duda, no funcionaron cuando el Presidente Frei le pidió al general Stange -sucesor de aquél- renunciar igualmente, porque en el proceso judicial surgieron evidencias de que había obstruido la acción de la justicia.
Como se sabe, el director general no sólo no renunció, sino que al cumplir su período amparado en la inamovilidad siguió ocho años más en la vida pública, como senador de la Unión Demócrata Independiente. Ahora es este mismo partido el que reproduce los términos contrarios al punto final que expresó la Presidenta en el memorial de los degollados, pero extrapolándolos al asesinato de su líder Jaime Guzmán. Transitar por la vía de la consecuencia puede llevar a una discusión frondosa y amarga, por las contradicciones y el doble estándar que a menudo surgen en ella. Por lo pronto, ha hecho bien la UDI en proclamar su oposición al “punto final”, la que tiene que traducirse en sus votos contrarios en el Congreso a cualquier iniciativa en ese sentido. Ayer se supo que uno de los últimos actos del Presidente Lagos fue retirar el proyecto de ley que introducía incentivos a los agentes de la dictadura que colaborasen en esclarecer el via crucis de los detenidos desaparecidos. Ahora la pelota está enteramente en manos de los renovados poderes colegislativos.