La Paz.- La situación de la transnacional española Repsol tiende hoy a complicarse en Bolivia, tras detectarse otro caso de posible contrabando cometido por la empresa, cuyos principales ejecutivos tienen orden de captura. Al mismo tiempo, el gobierno se desentendió de los procedimientos judiciales contra el presidente de Andina, empresa controlada por Repsol, el español Julio Gavito, y el gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, ante declaraciones del gobierno de Madrid de preocupación por lo ocurrido con la compañía.
El fiscal a cargo del caso, José Centenaro, de la ciudad oriental de Santa Cruz -donde tiene su sede Andina- indicó que continúa la búsqueda de Gavito y Sánchez, para obligarlos a comparecer en un proceso por contrabando de petróleo por más de nueve millones de dólares.
Precisó que, en las investigaciones para capturar a Gavito y Sánchez, el Ministerio Público encontró evidencias de otro caso de contrabando, esta vez de bienes y equipos introducidos al país por Repsol para la construcción de una planta envasadora de gas.
El magistrado explicó la instalación requirió medios importados por unos ocho millones de dólares, buena parte de los cuales fueron ingresados provisionalmente para permanecer en depósito hasta que se regularice su situación aduanera, pero fueron usados en la planta.
Centenaro declinó dar más detalles sobre el caso y solamente comentó que se ha abierto una investigación paralela, en la que trabajan también expertos aduaneros, ante los indicios de que parte de los equipos de la envasadora de gas fueron contrabandeados.
Ello implicaría el delito de evasión tributaria, advirtió el fiscal, quien se negó a adelantar conclusiones, a la espera de culminar las pesquisas.
Entretanto, Gavito y Sánchez continúan prófugos, pues sobre ellos pesa una orden de detención que busca obligarlos a declarar en el proceso abierto por el Ministerio Público por la exportación ilegal o no autorizada de petróleo, registrada en 2004 y 2005.
El fiscal Centenaro acotó que prosiguen las operaciones de búsqueda, cuyo arresto fue ordenado por un juez luego que los ejecutivos de Repsol incumplieron el compromiso de presentarse ayer a someterse a un interrogatorio.
Los abogados de la empresa presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la orden de detención y alegan que ésta no puede ser ejecutada hasta que se resuelva la apelación.
Previamente, impugnaron el proceso, al alegar que el caso amerita solamente un proceso administrativo y no una causa penal, pues sostienen que Andina solamente cometió errores, mas no delitos, al sacar el contrabando.
Sin embargo, una investigación administrativa previa, a cargo de la Aduana, verificó que Andina utilizó autorizaciones falsas para los embarques ilegales, con lo cual incurrió en delito de falsificación.
Por otro lado, las quejas del gobierno español por la situación que atraviesa la empresa no ameritaron declaración oficial alguna, tras 24 horas de que fiscales y policías penetraron en la sede de Andina en busca de Gavito y Sánchez.
Consultado sobre la operación por la prensa local, el vicepresidente Alvaro García confirmó que se enteró de la acción judicial por la prensa, y aclaró que no se corresponde con una decisión del gobierno y sólo prometió verificar la legalidad del procedimiento.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, duro crítico de Repsol como analista antes de ser nombrado, se limitó a señalar que el tema está totalmente en manos del poder judicial, sin que el gobierno tenga que ver.