En poco más de un lustro, Latinoamérica ha cambiado la configuración de su signo político, proceso que, presumiblemente, continuará durante el año en curso mediante las diversas elecciones que se celebrarán. Los casos de Perú, en abril, México, en julio y Brasil, en octubre, entre otros, serán decisivos para consolidar el nuevo rumbo de la región.
La modificación del escenario político es, en buena medida, el efecto dramático de las políticas liberales, con sus reformas estructurales de la década pasada, que condujeron a variadas crisis financieras con graves y profundos efectos sociales. Un proceso reproducido en toda la región que derivó en un colapso secuencial de los sistemas políticos que ampararon tales políticas económicas.
Podemos decir que desde la emergencia del gobierno de Lula en Brasil, con una política internacional progresista y regionalista se han observado con mayor fuerza estos cambios en la región. Indiscutiblemente, la política internacional del gobierno brasileño ha desafiado al gobierno norteamericano, si bien no de la manera confrontacional como lo hace Hugo Chávez, ha cuestionado el proceso de creación del Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA, tal como fue diseñado por Estados Unidos. Es necesario admitir que, gracias al Brasil de Lula, se ha desbloqueado un proyecto norteamericano de integración al estilo del consenso de Washington.
En Argentina ha sucedido otro fenómeno de características muy particulares. El presidente Néstor Kirchner ha logrado sacar al país de la crisis profunda en que estaba sumergido. Una crisis marcada por una situación financiera depresiva derivada de las políticas neoliberales extremas de la década anterior, que culmina en una propuesta bastante singular que abiertamente desafía los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional. Un reto inédito que toma de forma unilateral un país ante el FMI; no obstante el FMI acepta la propuesta, en parte por el tamaño de la economía argentina, y, por cierto, por el voluminoso tamaño de la deuda.
Este nuevo escenario se ha visto facilitado hoy en día por el discurso regionalista de Hugo Chávez, el que está fortalecido por los enormes ingresos que obtiene Venezuela por el petróleo. Estos recursos le han ayudado a realizar y proyectar iniciativas de envergadura, tanto internas como orientadas a toda Latinoamérica, como probables inversiones en infraestructura, proyectos energéticos, así como recursos líquidos no sólo para las campañas de Evo Morales, sino para otros países.
El caso de Evo Morales es tal vez el más particular. Desde los años 50 en Bolivia no había habido una mayoría tan contundente que contara con el apoyo masivo indígena. Nos encontramos con un gobierno en el que están claramente representadas las mayorías populares e indígenas. Morales, además del fuerte liderazgo y apoyo popular, ha establecido relaciones internacionales, además de con los países vecinos y latinoamericanos, con importantes líderes de la Unión Europea, y concitado el apoyo, por ejemplo, de Rodríguez Zapatero. Esto último podría establecer un margen de estabilidad y de gobernabilidad a un país tan convulsionado como Bolivia.
Tensiones con Estados Unidos
Este nuevo proceso latinoamericano, podemos decir, ocurre a espaldas de Estados Unidos, que, aun cuando observa con inquietud el fenómeno, está más ocupado de los problemas en Medio Oriente que de lo que ocurre en su Patio Trasero. Esta situación general pone a Estados Unidos en una posición difícil, porque para influir en la región está obligado a hacer movimientos paralelos con Tratados de libre comercio bilaterales, que han seguido el modelo del suscrito con Chile. Así, los TLC además de asegurar al país del norte el acceso e influencia económica en los mercados latinoamericanos, son instrumentos políticos, en los que la aceptación de la doctrina de seguridad estadounidense juega un papel fundamental. Es el caso del CAFTA y de las negociaciones de los TLC andinos.
Es posible que Estados Unidos logre suscribir convenios con países de menor peso económico de la región, no obstante, con la excepción de México, por el momento no le será posible hacerlo con las grandes economías sudamericanas. Aquí hay una evidente tensión que se prolongará durante los próximos años.
El cambio del signo político en la región es producto, sin duda, de un fracaso de lo que se denomina las políticas neoliberales, pero también del fracaso de las políticas de representación política que afectaron, en mayor y en menor grado, a las mayorías nacionales de todos los países. El clásico “que se vayan todos” voceado en Argentina se ha repetido en Uruguay, Ecuador, Bolivia.
Sin embargo, decir que este proceso es el término del neoliberalismo sería una exageración. Si entendemos por neoliberalismo la apertura al mundo, el Estado reducido y rol del mercado, estas políticas seguirán vigentes. El nuevo proceso no es un regreso al proteccionismo ni un cierre ante el resto del mundo. Es muy improbable que vuelvan a ser públicas las empresas privatizadas. No obstante, ello no significa que el estado no vaya a tener un rol activo. Lo que habrá serán más y nuevos márgenes de maniobra dentro de un compartido modelo de mercado.
En el Cono Sur – y algunos países de la región adina-, el discurso de los nuevos gobernantes marca una prioridad por avanzar en propuestas de integración regional, (cooperación sur sur), liderada por Lula, a la cual le da continuidad Chávez. Ello significaría avanzar en la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y seguir fortaleciendo el MERCOSUR como eje de ese proyecto. Este proceso está en condiciones muy favorables, pese a existir, por cierto limitaciones: están presentes también las luchas por los intereses nacionales y de ahí la responsabilidad en el campo nacional y popular. Hay intereses locales, intereses nacionales, hay contradicciones entre los empresarios que no se resuelven de la noche a la mañana.
El TLC que China suscribió el año pasado con Chile es otra gran señal de nuevos tiempos. Aunque China es todavía un gran receptor mundial de inversión extranjera, ha comenzado, poco a poco, a realizar inversiones en terceros países, entre los cuales los latinoamericanos se elevan como los principales. La necesidad de China por materias primas, así como de buscar nuevas plataformas para elaborar manufacturas, es probable que la coloquen de aquí a pocos años en un nuevo actor económico clave en latinoamérica. Y el componente geopolítico de esta relación es fundamental, como alternativa a la hegemonía estadounidense – hasta ahora sin contrapesos.
Las características de este proceso es su particularidad, su carácter nacional, su apego a los rasgos culturales y políticos de cada país y, claro está, su irrestricto respeto al sistema democrático. En cierto modo, las diferentes naciones latinoamericanas han elegido gobernantes que, aun cuando se definen de izquierda, provienen de orígenes culturales y políticos diversos y cuya similitud se haya en una reforma a las políticas neoliberales de la década pasada y un progresivo cuestionamiento a la ingerencia de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales (caso Argentina, con el FMI, por ejemplo).
Los desafíos de Michelle Bachelet
En este contexto regional, Chile inicia su cuarto gobierno de la Concertación. Podría tratarse de una continuidad en las políticas desarrolladas durante más de quince años, no obstante hay algunas señales de cambios. De partida, la figura de Michelle Bachelet, y no sólo por el hecho de ser una mujer que encarna en su propia biografía los procesos de liberación e integración social de las mujeres, sino también por su propia historia política, menos atada al establishment partidario que los anteriores presidentes del conglomerado.
Durante el período eleccionario el discurso político derivó en una crítica a los efectos sociales del actual modelo económico. Las desigualdades en el ingreso, la baja calidad en Salud y Educación, las precarias pensiones de jubilación generadas por el sistema privado así como la falta de representatividad política en el Parlamento han pasado a ser materias que ha recogido la presidente electa. Si tenemos en cuenta que a partir de marzo la Concertación tendrá en el Congreso una mayoría histórica, lo que le permitirá una más holgada capacidad de legislar al futuro gobierno, podemos considerar que a partir del 11 de marzo podría abrirse una nueva etapa también en Chile.
Primeras señales
Sin embargo, las primeras señales –que ha sido la conformación del gabinete ministerial- apuntan hacia la consolidación de aspectos ya observados durante los tres anteriores gobiernos de la Concertación. El nuevo gobierno en sí mismo sin duda le dará continuidad a la política económica, lo cual es obvio por una razón no menor. El neoliberalismo ha fracasado en todos los países de América Latina menos en Chile, donde ha tenido éxito desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista de la modernización.
Sobre la base de este modelo, que se asume como exitoso tanto en las políticas de inserción internacional como en la estabilidad macroeconómica, el actual gobierno se apoya. Por ello, Andrés Velasco seguirá la misma dirección de los pasos Foxley, Aninat y Eyzaguirre.
La conformación de la cartera del gobierno Michelle Bachelet, que es paritaria en términos de género, tiene ya una clara tendencia, la que ha sido percibida por no pocos observadores: las figuras designadas a las áreas de economía son para mantener la continuidad de la estrategia de crecimiento de los gobiernos de la Concertación. En el ministerio clave, que es Hacienda, Bachelet ha nombrado a Andrés Velasco, un economista de Harvard que no merece dudas: a las pocas horas de su nominación desde las agencias de Wall Street al sector privado nacional se aplaudía la decisión. Velasco, que dirige el centro de estudios de corte liberal Expansiva, es un hombre que avala la continuidad de las políticas Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda. Se trata de dar continuidad en los equilibrios fiscales y en el manejo macroeconómico, pero no olvidemos que Chile, pese a ser el ejemplo del modelo económico de la región para las agencias financieras internacionales y para los bancos de inversión, se ha consolidado como la economía más desigual de la región. La continuidad en estas políticas no resuelve, en principio, este problema, elevado, por cierto, como gran mal nacional no sólo por la campaña de Bachelet.
En su emotivo discurso tras el triunfo del 15 de enero Bachelet habló de la creación de una red de protección social, lo que apunta a estrechar la brecha económica y social. Velasco, aun cuando ha dado más de una señal en cuanto a dar continuidad a las políticas de su predecesor Nicolás Eyzaguirre, ha enfatizado también en la necesidad de mantener un creciente gasto social. No se trata de reformas que apunten hacia una redistribución de la riqueza –el debate tributario está más o menos zanjado, por lo que no habrá alza de impuestos a las empresas ni a las altas rentas-, aun cuando sí un aumento del gasto público. Y Chile puede hoy hacerlo: el mayor ingreso del Fisco proviene de la venta de cobre de CODELCO, mineral que goza en estos momentos de uno de sus precios históricos más altos.
La economía nacional, que se ha apoyado por una parte en la austeridad fiscal y los equilibrios macroeconómicos, también se basa en la apertura comercial unilateral. Durante los gobiernos de la Concertación Chile ha suscrito casi cincuenta convenios comerciales con países, bloques y regiones de diferentes partes del planeta, entre los que destacan, por cierto, los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y China, los tres firmados durante el gobierno de Ricardo Lagos. Los gobiernos de la Concertación han privilegiado durante los últimos dieciséis años la diplomacia basada en el comercio. Su política exterior de inserción internacional ha tenido como eje los vínculos comerciales, la que ha sido fundamental en el crecimiento y estabilidad económica.
Esta decisión de política exterior, que ha estimulado las exportaciones, ha contribuido también en ensanchar la brecha social. Los mercados internacionales son disfrutados por la gran empresa exportadora, dejando a la pequeña y mediana empresa, que es la generadora de empleos, orientada en términos financieros y tecnológicos bastantes precarios, al mercado nacional. Con las importaciones tenemos la otra cara del mismo fenómeno: las importaciones no sólo de bienes de capital y de consumo, sino también y de forma creciente de alimentos y algunos bienes primarios, deja en una situación de difícil competitividad a la pequeña y mediana empresa nacional.
La red de protección social planteada por Bachelet deberá hacerse cargo, en alguna medida, de este creciente problema derivado de las políticas de inserción internacional. De hecho, en uno de los últimos informes de Hacienda se dice la única manera de sentar las bases del crecimiento de Chile es innovar de manera sustantiva en lo tecnológico, con masivas inversiones en innovación y desarrollo y mejorar la calidad de la educación. Eso es fundamental. Y lo que hablamos siempre de cómo incorporar valor agregado si tienes desarrollo tecnológico.
También es inquietante la designación de Foxley en la cartera de Relaciones Exteriores: no sólo por provenir de la Democracia Cristiana, partido que ha condenado sistemáticamente a Cuba en los foros internacionales; ni tampoco porque una de sus máximas figuras de estos tiempos, la ex canciller Soledad Alvear haya manifestado públicamente su adhesión y comprensión a la política de seguridad de la administración Bush, sino porque él en persona, tiene una cercanía e identificación activa con Fernando Enrique Cardoso, líder del PSDB brasilero, coalición a la que el PT de Lula ha debido y deberá enfrentarse en las próximas elecciones. Y bajo cuya administración, en la década de los ’90, se implementó una agresiva política de privatización de más de cien empresas públicas, con la consecuente reducción del sector productivo estatal.
De cara a estos antecedentes, la posibilidad de dar pasos concretos que signifiquen avanzar en la integración regional, cambiando el énfasis de las administraciones anteriores, merece una dosis de preocupación. Sobre todo, si ésta se entiende necesariamente como un proceso multidimensional, en el que el componente político y social es fundamental, más que sólo el suscribir TLC ahora con los países vecinos y latinoamericanos.
La compleja vecindad de Bachelet
En el proceso de inserción internacional es posible que se consolide el nuevo escenario regional, el que será el mayor desafío para el gobierno entrante, ya que es altamente probable que las relaciones con este nuevo entorno político y económico se convierta en un problema interno. Hasta hace unos pocos años, las sucesivas administraciones hicieron oídos sordos respecto a la situación de la región, porque en realidad el entorno era funcional a las políticas económicas y a las políticas internacionales del gobierno.
Al cambiar el entorno regional han comenzado a notarse las dificultades. Los problemas de Chile con el gobierno de Chávez y con el gobierno peruano (por algunas protecciones indebidas a los empresarios de la cancillería chilena), denota una situación que se acentúa al no adoptarse una política que tenga en cuenta la realidad del entorno regional, a la que Chile respete y que de alguna manera pueda integrarse.
En las relaciones bilaterales, el gobierno de Michelle Bachelet tendrá que comenzar la discusión de la salida al mar de Bolivia. O discute ahora con este gobierno de alta legitimidad, que seguramente pedirá iniciar las discusiones, o se generarán nuevos problemas con Bolivia y con el abierto respaldo de Hugo Chávez.
Un cambio que puede tener también grandes consecuencias es Perú, ya que existen posibilidades que Ollanta Humala salga elegido presidente en las elecciones de abril. Este escenario sin duda tiene sus riesgos, ya que Humala, con un marcado discurso nacionalista, ha asociado su programa al antichilenismo. Si a esta situación le agregamos la compleja relación con Bolivia, muy apoyada por Venezuela, tenemos un escenario muy complicado en el caso de seguir con las políticas actuales hacia la vecindad.