Estimado lector: esta columna se publicó en Clarin.cl con fecha 16 de septiembre de 2011. Al publicarla nuevamente en estos días, espero cumplir con dos objetivos: primero, como aporte a la discusión sobre el proyecto de Admisión Justa que el gobierno de Piñera envió al Congreso para su discusión; segundo, como un humilde homenaje al ex presidente Pedro Aguirre Cerda, cuyas imágenes filmadas durante su gobierno, han sido recopiladas y digitalizadas en un trabajo digno de encomio de la Cineteca Nacional.
He aquí el texto original:
Para poder comprender en su real dimensión el problema de la educación en Chile, y que mantiene en conflicto a estudiantes universitarios y secundarios por una parte y al Estado (y no simplemente al gobierno) por otra, es necesario establecer que el sistema educativo comparte y se relaciona con otros sistemas y subsistemas del gran sistema político-económico que conforman, a su vez, el Estado.
Esto lo han entendido muy bien y lo tienen meridianamente claro los estudiantes, que no sólo exigen educación gratuita y fin al lucro, sino cambio del sistema político-económico del Estado. Mientras el gobierno actual no quiera comprender esto, será muy difícil llegar a una solución del conflicto.
Un sistema educativo contiene diversos componentes que se relacionan entre sí: la ideología, que lo orienta, los fines pedagógicos que propone, su organización en los planos nacional y local, los contenidos culturales específicos que transmite a los estudiantes, la formación de los maestros, el funcionamiento interno de los institutos escolares de los diferentes grados, ya sean públicos o privados, genéricos o especializados. A su vez, se relaciona con los principales sistemas, subsistemas y procesos sociales de la sociedad de la cual el sistema educativo forma parte, con particular atención a la gestión del Estado, al tipo y nivel de desarrollo económico, al perfil de la estratificación social, a la dinámica del conflicto entre clases, élites y grupos de interés, así como a la estructura misma del sistema.
Respecto de la gratuidad de la enseñanza dentro del sistema educativo, es necesario recordar que el término “escuela” en castellano (circa 1192) deriva del latín schola, “lección”, escuela” y éste, del griego skholé, que significa “ocio”, “tiempo libre”, “estudio”, “escuela”. Es decir, la concepción que los griegos daban al término “ocio”, era de estudio, dentro del tiempo libre, lo más alejado de los avatares comerciales o económicos propiamente tales. Por lo demás, el mismo término “economía” tenía una connotación totalmente diferente a la que se emplea en la actualidad: “economía” (1607), del latin oeconomia. Tomado del griegooikonomía “dirección o administración de una casa”, compuesto de oikos “casa” y nemo “yodistribuyo”. No por nada, el término “negocio” (1220-50), tomado del latín negotium, “ocupación”, “quehacer”, es la derivación negativa de otium, “reposo”. (*)
Entonces, es impensable que se pueda tratar de solucionar el llamado “conflicto estudiantil” si se continúa focalizando el problema sólo en el sistema (o subsistema) educativo, sin comprender o no querer comprender, que el actual sistema político-económico que identifica al Estado chileno, impide, incluso, acercarse a una concepción global del problema.
Como ha dicho el profesor Pedro Godoy, director del Centro de Estudios Chilenos, CEDECH, “…la gratuidad se implanta por ley de 1879, suscrita por el Presidente Aníbal Pinto y Miguel Luis Amunátegui, su Ministro de Instrucción Pública. Contribuye al surgimiento de la clase media. Sin esa legítima franquicia no habrían podido estudiar Gabriela y Neruda, González Videla y Lagos Escobar, Pinochet o Bachelet. Imposible tachar de “encapuchados” a aquellos personajes de nuestro siglo XIX”. Es decir, la gratuidad tuvo vigencia durante un siglo, hasta que es derogada por la dictadura cívico-militar.
A su vez, cuando el Presidente Pedro Aguirre Cerda hace suyo el lema “gobernar es educar” (acuñado antes por Valentín Letelier), está pensando no sólo en el sistema educativo del país, sino, además, en un Estado que pueda albergar ese subsistema. Por Ley N°6334, del 29 de abril de 1939 se crea la Corporación de Fomento CORFO con el objeto de promover la industrialización del país, después que había sido devastado por, hasta ese momento, el terremoto mas grave que había sufrido Chile y que destruyó la ciudad de Chillán.
Al alero de la CORFO, se crean, sucesivamente, la Sociedad Abastecedora Minera; Electromet S.A.; Compañía de Acero del Pacífico, CAP; Laboratorios Chile; Industria Nacional de Neumáticos, INSA; Manufacturas de Cobre, MADECO; Empresa Nacional de Petróleo, ENAP; Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA; Industria Azucarera Nacional, IANSA, etc.
Junto con la creación de la CORFO, se construyen en sólo tres años, más de mil escuelas; se crean 3.000 empleos para profesores, el número de alumnos que asisten a las escuelas primarias creció de 110 mil en 1938 a 620 mil en 1941. Para aumentar la capacidad de producción del país, se fomentó la educación técnica, industrial y minera, fundando numerosas escuelas especializadas. En 1940 había alrededor de 4200 escuelas públicas con 13.800 profesores, 87 liceos con 31 mil alumnos, 16 instituciones comerciales con 7 mil alumnos y 180 colegios particulares.
Entonces, al caratular de “espejismo” la gratuidad de la educación, el ex ministro Bitar refleja una ignorancia de la historia de nuestro país, con el agravante que fue, nada menos, que ministro de educación. ¿Será por eso que estamos como estamos?
Si el Estado antes podía, era porque quería, estaba dispuesto a aquello, no siendo tan rico como dicen que somos en la actualidad. Si algún particular desea crear un “negocio” para obtener algún beneficio o ganancia, es decir “lucro”, el Estado debe respetar ese derecho, pero lo que no puede hacer, es discriminar el subsidio. El “negocio” a crear puede ser de distinta índole: una ferretería, una panadería, una escuela, una universidad, una fábrica de cuchuflíes, etc. ¿Por qué, entonces, subsidiar sólo a los “negocios” escolares o universitarios?
No he querido agregar aquí más antecedentes sobre la creación de escuelas, centros de perfeccionamiento del magisterio, reformas universitarias, sobre los cientos de miles de beneficiados por la educación gratuita, etc., de los sucesivos gobiernos de la época republicana de nuestro país (¿es necesario recordar que el ex presidente Jorge Alessandri estudió en el Instituto Nacional (educación pública, laica y gratuita) y luego en la Universidad de Chile (universidad pública, laica y gratuita)?
Tampoco me referiré a la gran obra educativa del gobierno de Salvador Allende (daría para varios artículos); sólo deseo terminar con un breve párrafo tomado del discurso del presidente Allende en la inauguración del año escolar, realizado el 25 de julio de 1971:
“Hoy, las universidades de la patria se anticiparon en la inquietud de los sectores populares, tienen conciencia de que no puede haber universidades amorfas, universidades al margen del proceso social; tienen que ser y serán, universidades comprometidas con los problemas del pueblo y con los cambios estructurales que el pueblo reclama; universidades cuyas experiencias científicas y cuyos avances tecnológicos tienen que estar íntimamente vinculados a los procesos del desarrollo nacional en los campos regionales a lo largo de toda nuestra patria”. (**)
(*) Joan Corominas, Diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid, 1976.
(**) Le monde diplomatique, N° 122, septiembre 2011.