Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó este miércoles su preocupación de que las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra la petrolera estatal PDVSA puedan agravar la crisis económica y social en Venezuela, pero al mismo tiempo señaló que el gobierno bolivariano ha cometido violaciones a las garantías individuales.
Si bien esta crisis comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes agraven la situación
, reconoció Bachelet durante el cuadragésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en Ginebra.
Bachelet, quien presentó un informe sobre la situación en Venezuela, constató que en el país existe grave desabasto de alimentos, medicinas y servicios básicos, al considerar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro aplica medidas insuficientes
para solucionar el problema, aparte de que se niega a reconocerlo
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El mandatario venezolano sostiene que las sanciones son las que han provocado la profunda crisis económica, pero analistas exponen que la inflación, la escasez y la recesión se arrastran desde hace más de cuatro años como consecuencia de las políticas estatales de control.
Este año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentó las sanciones económicas y decretó un embargo sobre el petróleo venezolano, que entrará en vigor el 28 de abril.
La crisis en el país sudamericano se recrudeció luego de que el líder opositor Juan Guidó se proclamó presidente encargado
el pasado 23 de enero y fue reconocido de inmediato por el gobierno de Donald Trump.
A principios de marzo la alta comisionada denunció las sanciones internacionales contra Venezuela, pero no mencionó qué país las emitía. El jefe de la Casa Blanca afirmó el martes que su gobierno aún no ha aplicado las sanciones más duras
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Carrie Filipetti, secretaria estadunidense adjunta para los países interamericanos, precisó: hemos intentado orientar nuestras sanciones lo mejor posible para que afecten al régimen y preserven a los ciudadanos
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En el informe, Bachelet también admitió su preocupación por los numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad y los colectivos armados
contra las manifestaciones antigubernamentales y grupos disidentes.
Confirmó que la Organización de las Naciones Unidas investiga las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, pues en 2018 se informó de al menos 205 muertes en estas condiciones.
Bachelet llamó al gobierno de Maduro y a la oposición a solucionar sus discrepancias políticas.
El pronunciamiento coincide con la visita a Venezuela de una misión técnica del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elabora un informe sobre las condiciones sociales en las que se encuentra el país y que sirva de base para una posible visita de Bachelet a Caracas.
Por lo pronto, Maduro acusó al gobierno estadunidense de retener 5 mil millones de dólares que serían destinados a la compra de insumos para la elaboración de medicamentos, informó la cadena de noticias Telesur.
En Washington, la delegación de Venezuela reiteró su voluntad de abandonar la Organización de los Estados Americanos (OEA) en abril, cuando culmine el proceso de dos años iniciado en 2017.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó a comienzos de este mes que acataría la solicitud de Juan Guaidó de suspender el trámite.