Diciembre 6, 2024

“El asilo contra la opresión”

El asilo puede ser territorial o diplomático, y en segundo caso se supone que embajadas, consulados y residencias de embajadores forman parte del territorio del país representado. En muchos casos esta extraterritorialidad se hace extensiva al vehículo del diplomático.

 

 

El asilo político, fundamentalmente el diplomático,  es una institución corriente en América Latina: más de treinta ex Presidentes de América Latina han hecho uso de este derecho. En los distintos casos se encuentran personajes de todo tipo: el dictador paraguayo, Alfredo Stroessner, en Brasil; el de la RDA, Eric Honecker, en Chile; el derrocado presidente  Joao Goulart, de Brasil, en Uruguay…

 

 

Los Tratados y Convenciones de La Habana, Montevideo y actualmente, la Convención de Caracas,  han regulado este importante derecho humano que, en el caso de las dictaduras, ha salvado muchas vidas.

 

 

El caso más conocido y complejo  ha sido, hasta hoy, el asilo solicitado por el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre,  acusado de rebelión militar y perseguido por el gobierno de Bustamante y, posteriormente por el dictador militar Manuel Odría, quien se negó a conceder el Salvoconducto a fin de que el líder del APRA pudiese trasladarse a Colombia. El conflicto escaló hasta el Tribunal de Justicia de La Haya, cuyos fallos de 1950 y de 1951 fueron tan enredados e inútiles que terminaron por prolongar el encierro en la casa del embajador de Colombia hasta 1954 – cinco años, tres meses y tres días -.

 

 

Para dar salida a otros conflictos que pudieran presentarse, en 1954, en Caracas, se firmó un Convenio por el cual se regula el asilo diplomático. Los artículos fundamentales de este Acuerdo excluyen el derecho de asilo a quienes sean acusados, procesados y condenados por delitos comunes, y restringe el asilo a los perseguidos políticos.

 

 

El asilo político es una situación de urgencia, cuando el solicitante tiene en peligro su vida, su integridad física o su libertad. La Convención hace referencia no sólo a la persecución por parte de los gobiernos, sino también por turbas enfurecidas, y el país que establece la categoría de asilado político es el que  lo acoge en su representación diplomática. El país no está obligado a dar las justificaciones por las cuales acoge o rechaza el asilo, y el tiempo de que dispone para resolver esta categoría es indefinido.

 

 

Quizás el tema más discutido es el otorgamiento del Salvoconducto para que el asilado pueda dejar el país que, según la Convención de Caracas, no tiene límites en el tiempo. Las dictaduras militares, como la chilena en tiempos de Pinochet, atrasaron la aprobación del Salvoconducto, a veces por varios meses, como arma para castigar a sus enemigos políticos más connotados.

 

 

El caso de Alán García,  actualmente refugiado en la casa del embajador de Uruguay, Carlos Barros, ni guarda mayor relación con el líder de su Partido, el APRA, Víctor Raül Haya de la Torre, quien era perseguido por la dictadura militar de Manuel Odría, acusado de rebelión militar, delito claramente político, mientras que el caso del ex Presidente Alán García se lleva a cabo en una democracia muy deficiente – como la mayoría de las latinoamericanas, salvo Uruguay -, y hasta el momento sólo se ha aplicado la más baja de las medidas cautelares, el impedimento de salida del país.

 

 

Alán Gabriel García Pérez aún no está procesado, solamente investigado por delitos económicos, es decir, lavado de activos y cohecho; en consecuencia, no habría mucha justificación para aplicarle el artículo referido a que no son posibles de asilo político aquellas personas procesadas por delitos comunes, incluso para las de cuello y corbata.

 

 

La defensa de García se basa en el hecho del abuso, fundamentalmente, de parte de la Fiscalía sobre la prisión preventiva que pondría en peligro su libertad  – algunos personeros del APRA exageran al afirmar que su vida corre peligro -.

 

 

Es innegable que el ex Presidente García, quien  gobernó Perú durante dos  mandatos, (1985-1990 y 2006-2011), y que ha sido candidato a la presidencia de la república cuatro veces, (siendo derrotado por Toledo, en 2001, y el 2016 llegó sólo a la primera vuelta, con un menguado porcentaje de 5,6%), es una de las personalidades políticas  más potentes en la historia de Perú.

 

 

 

 

Era el discípulo predilecto de Haya de la Torre. En 1985 llegó al poder con solo 35 años; al finalizar su mandato el país padecía una hiper-inflación y está marcado por el peor éxodo de su historia. Al finalizar su mandato, fue recibido en el Congreso en medio del ruido insoportable de golpes de pupitre, que le impedía hablar durante varios minutos.  García resistió estoicamente y, con una cara de palo superior, pronunció su discurso sin inmutarse.

 

 

En 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori, García tuvo que huir por los tejados para evadir la captura por parte de los militares; al final, tomó la decisión de asilarse en la Embajada de Colombia – al igual que su mentor -. Luego viajó a Francia donde esperó hasta el 2001, en que la Corte de Justicia declaró prescrito el último delito por cual se había perseguido.

 

No cabe duda alguna de que Alán García se entre  la pléyade de oradores más inteligentes y brillantes de América Latina; (en Perú se recomendaba a los televidentes cambiar de Canal,  para no dejarse convencer por verba excepcional de García.

 

A partir de 2016 los tiempos han cambiado radicalmente: hoy, un orador brillante sería muy ridículo, y los mítines de masa han sido reemplazados por el irrupción de los medios de comunicación, y ni siquiera las encuestas tienen validez, pues hoy estamos en el reinado de la anti-política, (un aventurero, Alberto Fujimori, en 1991 pudo cerrar el Congreso con el apoyo del 90% de los peruanos demostrando la anomia de la ciudadanía de ese país), pero actualmente un Partido ideológico, latinoamericanista y de masas como lo fue en su momento el APRA, fundado por Vìctor Raúl Haya de la Torre, carece de todo sentido en una democracia latinoamericana actual – hoy tiene apenas un 5% de votación y 5 congresistas -.

 

El caso Odebrecht ha sido letal para la democracia latinoamericana: en Perú, por ejemplo, los Presidentes de 1985, tienen distintas causas con la justicia, (García, Fujimori, Toledo, Humala y PPK). La candidata a la presidencia de la república, Keiko Fujimori, y la mujer de Humala, han estado en prisión preventiva.

 

 

 

 

 

 

 

Alán García ha despertado el rechazo del 90% de la opinión pública peruana, a quien considera el más corrupto de los Presidentes de ese país, y sólo cuanta con el apoyo de los cinco parlamentarios del APRA y de los pocos militantes y simpatizantes de ese Partido, que paso del americanismo revolucionario a convertirse en aliado principal del fujimorismo, pacto basado en intereses comunes, especialmente para borrar los nombres de Alán García y Keiko Fujimori del informe de Lava Jato.

 

El estilo de la dupla, formada por juez Richard Concepción Carguancho y del fiscal José Domingo Pérez consiste en tomar preso primero y acusar después y en utilizar a troche y a moche  a los testigos eficaces, quienes aterrados ante la posibilidad de la prisión preventiva por tres años, terminan por confesar todo y, además, delatar a sus cómplices.( Pérez es para las masas onomicas el superhombre de la probidad)

 

El caso García se diferencia del de muchos otros Presidentes latinoamericanos por el hábil uso del asilo diplomático. Lula da Silva, pudiendo usar este instrumento, prefirió dar la cara y, actualmente, está en prisión. Alberto Fujimori usa el argumento de “El enfermo imaginario” para cambiar la clínica por cárcel. Ollanta Humala dio la cara y estuco cerca de un año en prisión preventiva. Juan Manuel Santos, ex Presidente de Colombia, elude fácilmente el actuar de la justicia.

 

Con la judicialización de la política, en el caso del Perù, los abogados, magistrados y funcionarios judiciales actualmente ocupan el 90% de los medios de comunicación de masas, pues las únicas noticias que merecen la atención ciudadana son las judiciales, y los periodistas ya saben de memoria los Códigos Civil y Penal, pero en el fondo, lo que importa es el juicio popular, que atribuyen  verdaderos salvadores de la patria a los fiscales.

 

A García lo acusan desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero, además de ser poseedor de varias propiedades en Perú y de  una lujosa  mansión en París, incluso, de haber cobrado 100 mil dólares por una conferencia en Sao Paulo, pagado con dinero de la caja de operaciones estructuradas de Odebrecht, vía el testaferro Espinola, como también de haber financiado con dinero ilícito el tren eléctrico y la Línea 1 y 2 del Metro.( aproximadamente un daño fiscal de 25 mil millones)

 

 

 

El asilo solicitado por García no sólo lo implica èl, sino que podría ser utilizado por otros ex Presidentes a fin de evadir la justicia en su país.

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

 

24/11/2018             

 

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