La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a cinco exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Juan Ramón Olivares y Rubén Eduardo Orta Jopia, perpetrados el 7 de noviembre de 1980, en la ciudad.
En fallo unánime (causa rol 691-2016), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, Karen Atala y la abogada (i) Claudia Chaimovich– ratificó la sentencia que condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a 18 años de presidio; y a los agentes José Javier Soto Torres, Egon Antonio Barra Barra, Teresa del Carmen Osorio Navarro y Carlos Iván Labarca Brezzo, a penas de 15 años y un día.
"(…) son hechos acreditados en esta causa que un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones ‘CNI', dependientes de la División de Inteligencia Metropolitana, se abocaron a investigar la actividad de personas que formaban parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y de aquellos que colaboraban con dicho organismo, procediendo a realizar seguimiento a los mismos. Dentro de estas actividades, el 06 de noviembre de 1980, agentes operativos de la División de Inteligencia Metropolitana de la CNI se abocaron a seguir en forma separada durante toda la jornada a Juan Ramón Olivares y a Rubén Eduardo Orta Jopia, militantes del MIR, que habían ingresado clandestinamente al país, en el primer semestre de 1980, a quienes tenían identificados y conocían de sus movimientos por el seguimiento que tenían sobre ellos, procediendo a su detención en forma separada en algunas horas, en el transcurso de ese día.
En horas de la madrugada del día 07 de noviembre de 1980, los indicados agentes procedieron, en avenida Santa María a la altura del puente Vivaceta, cerca del cuartel Borgoño de la CNI, a darles muerte a los detenidos, mediante disparos de balas con armas de fuego, simulando un enfrentamiento, dejándolos al interior de una Citroneta modelo Azam, placa patente GR-543, informando a la opinión pública que la muerte de aquellos se produjo en un incidente armado, entre las víctimas y funcionarios de la CNI, advirtiendo que se intentó asaltar el cuartel de Borgoño. Las autopsias practicadas en su oportunidad revelan gran cantidad de impactos de bala en sus cuerpos, que fueron las que ocasionaron ambas muertes, presentando el cadáver de don Rubén Orta Jopia, heridas de trayectoria de atrás hacia adelante y post mortem", detalla el fallo.
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.120.000.000 (mil ciento veinte millones de pesos) a familiares de las víctimas