Diciembre 10, 2024

Diputados advierten que el gobierno no puede postergar la firma de acuerdo ambiental de Escazú

Ante la polémica decisión del Gobierno de Sebastián Piñera por postergar la firma del Acuerdo de Escazú, la bancada del Partido Comunista y Progresistas ingresaron un Proyecto de Acuerdo para revertir dicha decisión. El proyecto será votado este jueves por la Sala de la Cámara de Diputados.

 

 

“Que revierta la decisión del Gobierno en orden a postergar la firma de Chile del acuerdo regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”, sostiene el Proyecto de Acuerdo presentado por la Bancada del Partido Comunista y Progresistas, ante el anuncio realizado por el Ejecutivo.

 

El texto -que será votado en la Sala de la Cámara este jueves 27 de septiembre- agrega que el Gobierno de Sebastián Piñera debe “disponer, en cambio, la suscripción de dicho tratado en el más breve plazo, con el objeto de comprometer al Estado de Chile a garantizar la participación, acceso a la información y la justicia ambiental”.

 

Cabe recordar que  la firma para ratificar el tratado está programada para este jueves 27 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, con la presencia de 33 países. Sin embargo, la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente, afirmó a medios de comunicación la postergación de la firma. Esto, en el marco de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví.

 

El 7 de julio de 2018, el Gobierno de Chile a través de un comunicado conjunto con el Gobierno de Costa Rica, reiteró “su compromiso con la firma y pronta entrada en vigor de este Acuerdo, que el primer instrumento vinculante sobre asuntos medioambientales en nuestra región”.

 

Para la bancada PC-Progresistas, la postergación de la firma es una gravísima señal en el marco de la emergencia sanitaria y ambiental que afecta a las poblaciones de Quintero y Puchuncaví, sumado a la deficiente respuesta de los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, que reflejan una falta de voluntad por dar una solución real a la vulneración de derechos de las personas que viven en la zona.

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