La contribución del fiscal Guerra para demostrar empíricamente que Chile es un país corrupto, cumple con las exigencias epistemológicas de la necesidad de coherencia de los sistemas. En cualquier organismo es necesario que haya concordancia y compatibilidad entre sus partes para que el todo funcione.
El sistema, el capitalismo criminal que se instala como cultura, funciona como debe.
Y se ha dotado de mecanismos de alerta y control cuando por diversas razones se abren o solo se avizoran goteras que pudieran siquiera manifestarse como peligro para el andamiaje, cuyo eje central lo constituye la Constitución Política.
Si el Cuerpo de Carabineros, pongamos por caso, fuera un organismo creado para dar eficacia al derecho, garantizar y mantener el orden público y dar la seguridad de la gente, y si fuera su lema, por decir, algo Orden y Patria, no tendría una cabida muy cómoda en un país que requiere del Estado su más fiera, férrea y criminal mano policial para castigar al que ose disentir en cualquiera de sus formas.
En la misma línea, Chile ostenta un sistema educacional que es el justo, necesario y obligatorio para la reproducción de la cultura dominante.
El empeño sobrehumano que ponen los poderosos por perpetuar una concepción de educación centrada en la negación de su condición de derecho y reducida a una manera más de hacer negocios, tiene que ver con la existencia misma del sistema político.
La extendida exigencia de considerar la educación como un derecho humano, que cumpla con rasgos democráticos de inclusión, no lucro, plural y no sexista, entendida y definida como componente necesario de una concepción de país de verdad democrático, son ideas insurgentes, si se miran desde el lado de los poderosos.
Y tal una fuerza beligerante que amenaza los pilares del orden, será combatida con todos los medios que se dispongan para el efecto, entre otros, concesiones minúsculas, ridículas y sin ninguna importancia estratégica a quienes revuelven el gallinero.
Sin descartar por cierto, razones algo más concretas y elocuentes, como el palo aleve, el gas venenoso, la tortura, las balas, con las que se intenta convencer a estudiantes, profesores y público en general.
Y así, cada una de las exigencias del populacho entendidas como reivindicaciones que de resolverse harían menos inhumana la vida de millones, es considerada por los sostenedores y dueños del modelo, como un atentado a sus pilares esenciales, y tienen razón.
A los ejemplos descritos supra, agreguemos a riesgo de parecer repetitivos, lo referido al sistema de AFP y su reguero de algunos multimillonarios, por una parte, y de millones de veteranos condenados a una vejez de apreturas y sufrimientos, por otra.
Y veamos cómo ese sistema de exacción inmoral de los fondos de propiedad de los trabajadores, financian precisamente a todo el entramado que le da forma y contenido a la cultura que, a su vez, explota, humilla, desprecia y castiga a esos mismos trabajadores.
Y será del caso terminar afirmando que ese sistema ladrón por excelencia, es una parte que le da coherencia al todo del modelo.
Por estos días, para escándalo de algunos, se ha sabido que el fiscal Guerra, sin vergüenza, ha propuesto la más completa y vergonzosa impunidad para el puñado de empresarios que durante un tiempo que jamás se sabrá con precisión cuanto fue, se dedicaron al cohecho y al soborno que ayudó a desnudar la podredumbre de nuestro sistema político.
El fiscal Manuel Guerra sabe muy bien lo que hace y conoce muy bien el camino por donde pisa.
Sabe que el sistema necesita hacer lo posible para llevar a las instituciones que se suponen existen para el cumplimiento de la ley y la persecución del delito, por el infame camino por el que circula todo el resto: la corrupción desatada y generalizada.
Y sabe además el fiscal Guerra, que haga lo que haga, así sea un escándalo de proporciones mayúscula que afecten la credibilidad de un sistema ya debilitado y desacreditado por su inoperancia, no le va a pasar nada.
Al contrario, el desparpajo con que, incluso contradiciendo sus propias afirmaciones de ayer no más, dejará en las más vergonzosa impunidad a delincuentes que en un país decente estarían condenados a largas penas de prisión, le va a resultar una condición curricular que no pasará inadvertida al momento de que el sistema nombre a su nuevo Fiscal General.
Y cuando Guerra jure o prometa, si las cosas salen como se planificaron, desempeñar fielmente el cargo de Fiscal General, el sistema todo habrá apretado otra tuerca para afianzar el funcionamiento perfecto de una cultura que no acepta intromisiones de principios morales, ni siquiera de lo que prescriben sus propias leyes, las que como se sabe, tiene mucho más de trampa.