En la actualidad hay dos ex Presidentes peruanos en la cárcel y otros dos perseguidos por la justicia – Ollanta Humala y Alberto Fijimori, uno prófugo, Alejandro Toledo y el otro, Alán García, acusado de graves delitos de corrupción -, lista a la cual se agrega el Presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski, acusado de “permanente incapacidad moral. El día de diciembre, el Congreso unicameral de ese país aprobó por 93 votos contra 17 el inicio de la “vacancia” – equivalente a la acusación constitucional en el régimen chileno -. El Congreso tiene tres días hábiles para iniciar ese proceso. El Presidente de la República, acompañado de un letrado, tendrá una hora para hacer sus descargos y, posteriormente, se procederá a votar la destitución, para lo cual serán necesarios 87 votos,2 tercios.
La crisis política se desató a raíz del Informe del representante de la empresa brasilera Odebrecht, Sr. Cruz, que incluía dos documentos: uno que contaba de varias páginas, enumerando los pagos a la empresa First Capital, perteneciente al socio chileno de PPK, Gerardo Sepúlveda, y West Field Capital, de propiedad personal de PPK; el primer documento daba cuenta de pagos por más de 4 millones de dólares y, el segundo, con una cifra de 770 mil dólares – el toral lega a cerca de 5 millones de dólares -. La presidenta de la Comisión Lava Jato, diputada Rosa Bartre dio a conocer, a través de los medios de comunicación, ambos documentos. Por su parte, el Presidente de la República, demoró desde las 12 PM hasta las 11:30 horas en que se presentó, acompañado de su gabinete y de algunos parlamentarios, para dar a conocer una respuesta pública que fue, del todo, insatisfactoria, en la cual se limitó a culpar a su socio chileno, Sepúlveda, de ser el responsable de las acusaciones sobre las relaciones con Odebrecht.
Horas antes de la declaración del Presidente, el conjunto de las bancadas del Congreso, salvo la oficialista que es minoritaria, presionaba al Presidente a que renunciara para así evitar el juicio político de “vacancia”, pero al contrario, PPK afirmó, en dicha declaración ante los medios de comunicación, que defendería su honor y, por consiguiente, no renunciaría al cargo de la primera magistratura.
Anteriormente, por medio de las redes sociales, PPK había declarado que él no había consultoría o servicio alguno a Odebrecht, afirmación que fue rebatida y comprobándose que había engañado al pueblo peruano, pues luego él mismo reconoció que había asesorado a H2Olmost, empresa dependiente de Odebrecht.
West First Capital recibió dineros de Odebrecht durante el período en que Kuczynski era ministro de Economía y, posteriormente, Primer Ministro de Alejandro Toledo. (La Constitución peruana considera un grave delito el que un funcionario público reciba dinero o preste servicios a empresas extranjeras).
Sólo un milagro podría salvar a Kuczynski, pues la flagrancia del delito es muy probable; hubiera sido mucho mejor para este Presidente lobista haber renunciado tan pronto hubiese subido a un avión vía Miami, donde se encuentran las sedes First Capital y West Field que, extrañamente, sus oficinas se encuentran en el mismo edificio de esta Ciudad.
En su discurso de ayer, el Presidente pidió a la Fiscalía que abriera sus cuentas bancarias en Perú, pero el problema, desde luego, no se encuentra en este país, sino en los paraísos fiscales o en Estados Unidos. Un diputado del PRI recordó que PPK había mentido al aseverar que le habían cerrado su cuenta bancaria norteamericana, pretextando las “leyes patrióticas”, promulgadas luego de la catástrofe de las Torres Gemelas; el diputado probó que las cuentas habían sido cerradas por orden del propio PPK, en 1996, y no después de “las leyes patrióticas”.
De aprobarse, el jueves próximo, la vacancia en el cargo, la Constitución de ese país, prevé que quien debería asumir el cargo de Jefe de Estado es el primer vicepresidente de la república, Martín Alberto Vizcarra, y si no acepta, asumiría la segunda Vicepresidenta, Mercedes Áraos
De no aceptar el cargo ninguno de los dos vicepresidentes, deberá asumir el presidente de la Cámara de Diputados, quien deberá llamar a elecciones lo más pronto posible. El debate constitucional se centra en la interpretación de un artículo que exigiría, también, la renovación del Congreso.
Perú está sufriendo la crisis más grave en su historia política democrática.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
16/12/2017