La Red de Sitios de Memoria ve con preocupación los antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. De continuar aplicándose la legislación vigente, de aquí al 2022 la totalidad de ellos obtendrían de una u otra forma su libertad.
De acuerdo a la información proporcionada desde la secretaría de Estado, esto se debe a que la ley chilena no establece ninguna diferencia entre los condenados por delitos comunes y aquellos que lo son por delitos de lesa humanidad. De esta forma, los pocos condenados por estos delitos pueden acceder a beneficios carcelarios, a reducción de los tiempos de condena, a medidas sustitutivas, a libertades condicionales, e incluso a indultos.
Estos antecedentes fueron entregados en una reunión donde asistieron en representación de la Red de Sitios de Memoria, Alberto Rodríguez, vicepresidente del Parque por la Paz Villa Grimaldi, y Carlos Maureira, de la Corporación Memoria Lonquén, y que contó con la presencia del ministro del ramo, Jaime Campos, la subsecretaria de DD.HH. Lorena Fries, y el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.
Durante la reunión los representantes de la red expresaron lo doloroso que resulta saber que en Chile no sólo no se ha podido juzgar y castigar a todos los responsables de estos crímenes, sino que existen estas figuras legales que plantean una nueva burla para los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Alberto Rodríguez indicó que se llega a dar la paradoja que hay juicios que han durado más años que las condenas finales, dejando en evidencia lo complejo que ha resultado obtener justicia en la mayoría de estos casos.
Agregó, junto a Maureira, que en pos de una política de verdad y justicia, que siempre han planteado los familiares de las víctimas, y pensando también en avanzar en garantías de no repetición, que estas medidas hacen aún más difusas, resulta clave abordar modificaciones que no permitan que se siga liberando a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
Expresaron también, que resulta clave que esto sea abordado como sociedad y comprendido por todos los chilenos, ya que el respeto a los derechos humanos y a la justicia, no es sólo un tema o una demanda de las agrupaciones de derechos humanos, sino de la sociedad en su conjunto.
Ley de Sitios de Memoria
En el marco de la misma reunión, la subsecretaria Fries, informó a ambos representantes de la red, el compromiso del gobierno para impulsar un proyecto de ley de Sitios de Memoria, para lo cual se está trabajando y revisando experiencias de otros países.
Agregó que desde el Estado se valora el aporte que se ha realizado desde estos espacios, y valoran el aporte en materias de educación de derechos humanos y de memoria que estos sitios han abordado.
Por su parte, tanto Maureira, como Rodríguez, expresaron la importancia de esta iniciativa legal, ya que al asegurar la existencia y financiamiento, respetando su autonomía, se avanza en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y en la cual se respeten los derechos humanos. Explicaron que en la actualidad de sólo cuatro de los más de cuarenta sitios reciben aporte desde el Estado, y plantearon que la futura ley debe también definir y regular el concepto de sitio de memoria, que actualmente no es una figura legal definida.