La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumplió este martes un mes en el ejercicio de funciones democráticas con avances en el objetivo de generar acciones para la solución de primeras necesidades del pueblo venezolano, sin embargo el camino permanece tortuoso.
Luego de su instalación el 4 de agosto, tras la contundente victoria comicial del 30 de julio, la ANC logró cumplir la primera demanda de los venezolanos: la paz total luego de la violencia política generada por la oposición de abril a agosto para derrocar al gobierno bolivariano.
Los 545 legisladores populares llevaron la tranquilidad a los venezolanos con la remoción del cargo de la entonces fiscal Luisa Ortega, cuyos comentarios antigubernamentales se convirtieron en la chispa de los actos desestabilizadores de la derecha, los cuales ocasionaron más de un centenar de muertos, un millar de heridos y cuantiosos daños materiales y ecológicos.
Además de enfrentar un antejuicio de mérito por delitos de índole moral y ético, la ex jefa del Ministerio Público, ahora prófuga de la justicia, está implicada en una red de extorsión junto a su esposo, Germán Ferrer.
Para mantener la paz en el país sudamericano, la ANC creó también la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, dirigida por la titular de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
Mediante esa comitiva, integrada asimismo por especialistas de derechos humanos y representantes de diversos factores sociales, se pretende impartir justicia a las víctimas y determinar a los responsables de la violencia política que signó a Venezuela desde el 1999 hasta el 2017.
Con ese fin se realizan actualmente audiencias públicas en todo el territorio nacional, en las cuales se debate también el proyecto de Ley Constitucional Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica para evitar la repetición en un futuro de dichos crímenes sancionados por el Derecho Internacional.
No obstante, uno de sus mayores restos es el enfrentamiento a la guerra económica y el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos para asfixiar económicamente al pueblo del país sudamericano.
Asimismo, integrantes de la ANC trabajan por el desarrollo de un sistema económico que supere el actual dependiente de la renta petrolera.
Reunidos en la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, expertos en la materia proponen estrategias para fortalecer la producción nacional con alianzas internacionales en pos del beneficio de los principales motores de la nación sudamericana.
Para aunar criterios se aprobó un decreto de convocatoria al diálogo con cinco líneas de investigación; entre las que destaca la sustitución del petróleo como fuente de energía, el comportamiento de las reservas de Venezuela y las energéticas de Estados Unidos.
En referencia a la protección de la institucionalidad, los diputados populares certificaron normas de convivencia con los poderes constituidos: el Ejecutivo, Electoral, Ciudadano, Judicial y Legislativo.
A excepción del Legislativo, en desacato y promotor de la inestabilidad nacional, el resto de las instancias del Gobierno reconocieron el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente.