La opinión pública se informa que ex uniformados torturadores, violadores de los Derechos Humanos, que están sanos y se desempeñan en otras funciones en sectores públicos o privados, cuya función laboral era asesinar a chilenos indefensos, perciben millonarias pensiones llamadas por la prensa “jubilazos”.
Según sus médicos, estos militares son inválidos o inútiles, varios han sido recontratados, sin embargo Dipreca y Capredena le entregan un 50% a un 100% más de pensión por estar con “estrés pos traumático”. Pensión llamada de “segundo grado”, por haber realizado hechos deleznables.
Aparece como un premio, un privilegio al pacto del silencio. Es una inmoralidad que contra la plata de todos los chilenos se les premie, ya que miles de compatriotas se movilizan contra las escuálidas pensiones que perciben los pensionados de las AFPs.
Por eso los ex presos políticos nos hemos movilizados. El 24 de julio protestamos en las puestas del Ministerio de Defensa; el 26 de julio nos querellamos ante los Tribunales de Justicia como Asociación de ex Presos Políticos Salvador Allende, patrocinado por el abogado Roberto Ávila.
Con la Querella se pretende poner fin al pago de ilegítimas y millonarias pensiones a ex funcionarios militares, entre ellos genocidas recluidos en Punta Peuco que supuestamente han engañado a Capredena haciéndose pasar por inválidos. Queremos que devuelvan el dinero mal habido y que se les dé pena de cárcel.
Entre los muchos defraudadores se cuenta el hijo del dictador Augusto Pinochet, el ex jefe de la FACH Patricio Ríos, el ex oficial de la CNI Emilio Neira Donoso, que asesinó a una persona con 16 balazos en el suelo y una larga lista de otros criminales.
Desde el 29 de mayo, organizaciones de ex prisioneros políticos que integramos la Asociación Nacional de ex Presos Políticos Salvador Allende, nos tomamos las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt, ante insuficiente respuesta de gobierno al un Petitorio de 10 puntos.
El Petitorio comprende abolir los 50 años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura. Calificación permanente de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Además de cumplir con la propuesta sobre vivienda, salud, programa Prais y listas de espera hospitalarias. Además de la homologación de las reparaciones, como fue propuesto por la Comisión Valech a todas las víctimas de la dictadura respetando normativa de los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile.
Entre los ex presos políticos movilizados se encuentran numerosos puentealtinos y el 27 de julio, nos reunimos y acordamos continuar apoyando la toma del Instituto y participar de la marcha de los derechos humanos, el viernes 28 en Santiago.