Una querella por tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita para estos fines fue presentada por la sede regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH) en la Corte de Apelaciones de la capital de la quinceava región. La acción legal apunta a diez personas de origen extranjero: siete peruanos, un colombiano y dos bolivianos, quienes ingresaban personas a Chile -principalmente de origen dominicano- por pasos fronterizos no habilitados. La Fiscalía regional, en tanto, tiene registros de unas 200 víctimas de esta red.
La policía detectó tres situaciones que dieron origen a la investigación. La primera ocurrió en septiembre de 2015 cuando Carabineros de Chile controló a nueve ciudadanos dominicanos que ingresaron ilegalmente al país siguiendo una línea férrea y guiados por un colombiano. El segundo hecho también ocurrió el 16 de octubre de 2015 cuando carabineros controló esta vez a cinco dominicanos quienes ingresaron por una zona costera limítrofe no habilitada.
Un día después, esta vez en el paso fronterizo de Chacalluta (entre Tacna y Arica) la policía controló a un ciudadano peruano quien ingresaba equipajes a Chile. Al ser interrogado por la Policía de Investigaciones confesó que pertenecían a los dominicanos que ingresaron el 16 de octubre, y dijo que era contratado para estos fines por la ciudadana peruana Soledad Maquera, a quien se sindica como líder de esta organización criminal.
Las víctimas fueron ingresadas al país engañadas bajo una solicitud previa de dinero en dólares y bajo la promesa de que tendrían visa y permiso de trabajo.
Las rutas para el ingreso presentaban peligro para la vida de las víctimas, tanto así que una persona en la zona costera pisó una mina antipersonal resultando con lesiones graves. Una mujer también relató que fue violada por integrantes de esta banda, y otras personas aseguran haber sufrido vejaciones sexuales, robos y situaciones de violencia.
El INDH solicita a través de esta acción judicial que se requiera información de entradas y salidas a Chile de los imputados y de las víctimas del caso. También pide que se solicite al Ejército de Chile información sobre la ubicación de las minas antipersonales en los pasos fronterizos, y a la PDI y a Carabineros información respecto de los partes policiales que den cuenta de la detención de ciudadanos extranjeros que han ingresado ilegalmente al país, además de que se recopile información sobre las rutas y lugares allanados en este contexto.