Cuba concluye 2016 con decrecimiento económico del 0,9% debido a limitaciones en suministros de combustibles y tensiones financieras agravadas en la segunda mitad del año; sin embargo, la austeridad no condujo a recortes sociales.
Pese a la caída del Producto Interno Bruto (PIB), se preservaron los servicios sociales gratuitos, como educación y salud pública para toda la población, evaluó la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su reunión de diciembre.
“No se produjo el colapso de nuestra economía ni el regreso de los apagones (interrupciones del servicio eléctrico) que padecimos en los momentos más difíciles del período especial, como auguraban no pocos malintencionados medios internacionales de prensa”, aseveró el presidente Raúl Castro, al intervenir en la cita.
Según el ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, los problemas financieros están motivados por el incumplimiento de los ingresos por exportaciones, las dificultades de varios socios comerciales a causa de los bajos precios petroleros y la contracción en las provisiones de combustibles procedentes del exterior.
Además, “se mantiene la persistencia e inmovilidad de las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos, fortalecido en los últimos años por cuantiosas multas impuestas a bancos internacionales que realizan transacciones con nuestro país”, indicó el también vicepresidente del Consejo de Ministros.
Cuba continúa sin poder realizar transacciones internacionales en dólares estadounidenses, lo que “impide llevar hacia adelante muchos e importantes negocios en perspectiva”, ilustró Raúl Castro.
De manera coyuntural, el huracán Matthew incorporó contratiempos adicionales tras su paso en octubre del 2016 por el extremo oriental de la isla.
El evento meteorológico dejó un “saldo significativo” de destrucción de viviendas, centros educacionales y de salud, almacenes, instalaciones industriales y hoteleras, así como severos daños a las infraestructuras vial, eléctrica, hidráulica y de telecomunicaciones, estimó el gobierno.
En medio de ese desfavorable panorama, Cuba mantuvo el “cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas como resultado del reordenamiento de la deuda externa”, destacó Raúl Castro en el octavo período ordinario de la Asamblea Nacional en la presente Legislatura.
Sin embargo, no resultó posible superar la situación transitoria en el atraso de los pagos corrientes a los proveedores, con cuyo fin “se ejecutaron y realizan un conjunto de gestiones que permitirán aliviar el panorama descrito”, refirió.
El jefe de Estado y de Gobierno agradeció, una vez más, a los socios comerciales por su comprensión y confianza, y reiteró la voluntad del gobierno de “restablecer paulatinamente la normalidad en esta importante esfera y sentar las bases para evitar su repetición en el futuro”.
Frente a las adversidades, el Consejo de Ministros adoptó en junio del 2016 un conjunto de medidas para garantizar las actividades principales que aseguran la vitalidad de la economía, “minimizando las afectaciones a la población, preservando los servicios sociales y elevando paulatinamente su calidad”, recordó Cabrisas.
De acuerdo con el Ejecutivo, en el 2017 proseguirán las tensiones asociadas a la disponibilidad de divisas, los ingresos por exportaciones y fuertes limitaciones en el suministro de combustibles.
Ello “nos sitúa en un escenario que no podrá revertirse en el corto plazo, caracterizado por fuertes restricciones que obliga a un profundo análisis y atención priorizada a los asuntos de la economía nacional”, corroboró el titular.
No obstante, en el 2017 la economía cubana deberá retomar la senda ascendente y el PIB crecerá moderadamente, en el entorno del 2%, sustentó Raúl Castro.
El estadista indicó que para lograr tales propósitos deberán cumplirse tres premisas: garantizar las exportaciones y su cobro oportuno, incrementar la producción nacional que sustituye importaciones, reducir todo gasto no imprescindible y utilizar racional y eficientemente los recursos disponibles.
Aprobado por el Parlamento, el plan de la economía para el 2017 prevé los mayores crecimientos en los sectores de la industria azucarera; hoteles y restaurantes, en proporciones superiores al 30% y el 8%, respectivamente.
También contempla aumentos, entre el dos y el 5%, en transporte, almacenamiento y comunicaciones; suministro de electricidad, gas y agua; construcción; agricultura, ganadería y silvicultura; comercio, reparación de efectos personales; pesca e industria manufacturera, sin incluir la azucarera.
Contrario a las prácticas en otras partes del mundo, la austeridad económica no conducirá a reducir los gastos en beneficio directo de la población, ratificó la Ley del Presupuesto suscrita por los diputados.
Las esferas de salud, asistencia social y educación representarán el 51% de los gastos corrientes de la actividad presupuestada para mantener niveles similares al estimado del 2016, ejemplificó la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza.
Al mismo tiempo crecerán los gastos por las prestaciones de la Seguridad Social debido al incremento de las pensiones por jubilación, agregó.
Esa última partida se financiará, en parte, con el aumento de la contribución a la seguridad social; es decir, seguirá la tendencia decreciente de la participación del Presupuesto del Estado en la financiación de ese gasto, lo cual resulta positivo, valoró.
Mediante la asistencia social serán financiados los planes para lograr una mayor vitalidad y el mejoramiento de los servicios en los hogares de ancianos y casas de abuelos, subrayó la funcionaria.
Asimismo, el Presupuesto asegurará el otorgamiento de subsidios a las familias de bajos ingresos para labores constructivas en sus viviendas, a partir de la recaudación del impuesto sobre las ventas de materiales de la construcción, informó.
Las demandas presupuestarias ampararán los trabajos de recuperación tras el huracán Matthew, “haciendo realidad la política establecida de que ante eventos de esta naturaleza nadie quedará desamparado”, manifestó.
A juicio del gobierno, fueron inscritos en el Presupuesto “los recursos financieros que razonablemente podrán ser captados, de acuerdo con las condiciones en que operará la economía”, comentó Pedraza.
De tal forma, podrá garantizarse la sostenibilidad financiera de las políticas públicas y el mantenimiento de los servicios, el respaldo a procesos productivos, las inversiones y el cumplimiento de los compromisos financieros externos, remarcó.
El Presupuesto, suscrito por el Legislativo, muestra un saldo deficitario en el entorno de los 11 mil 500 millones de pesos (un peso igual a un dólar al cambio oficial), equivalente al 12% del PIB a precios corrientes.
Ello incluye un déficit en la cuenta corriente de 7 mil 330 millones de pesos, asociados a los subsidios por la exportación y la sustitución de importaciones.
El déficit, puntualizó Pedraza, tiene un respaldo importante en el incremento de producciones e inversiones, además de asegurar niveles similares al actual año en la esfera social.
La ministra confirmó que se prevé cubrir la brecha presupuestaria mediante la emisión de Bonos Soberanos que adquiere el Sistema Bancario Nacional, junto a otros compromisos financieros por ejecutar en el 2017, que no sobrepasan los dos mil 740 millones de pesos.
Al decir del titular de Economía y Planificación, el plan de la economía para el 2017 “es tenso y no sin riesgos, con gestiones en marcha aún pendientes de definición, pero estimamos que lo podemos cumplir”.
En un escenario complejo como el presente, “solo en el socialismo, es posible destinar cuantiosos recursos para sostener una política social inclusiva, consolidar las conquistas alcanzadas y avanzar en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030”, evaluaron los diputados.
Para disfrutar de los beneficios de la salud, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad social, el incremento de los ingresos personales y la satisfacción de necesidades, “es imprescindible hacer sostenible la economía”, enfatizaron los legisladores.
Las metas planteadas requieren “el incremento de los ingresos, la eficiencia, el ahorro y un mayor control”, concluyó el dictamen expuesto por las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.