.jpg)
No voy a hacer una relación de las definiciones científicas y paracientíficas que se han propuesto de la democracia, sobretodo la que se ha escrito muchísimo y se seguirá escribiendo y discutiendo, mientras los Seres Humanos convivan políticamente, o sea, mientras existan, en el marco de un régimen político en el que se pretende alcanzar la identificación entre gobernantes y gobernados. La democracia es el gobierno de la armonía social, por y para el Pueblo. La Constitución elaborada y sancionada soberanamente por el Pueblo, las leyes, la Autonomía Universitaria, son elementos fundamentales para la configuración del orden democrático. Estas normas jurídicas resultan ineficaces cuando los individuos no poseen consciencia democrática y en el país reina la injusticia, la corrupción y la impunidad…
Rechazo de plano el uso que algunos tartufos pretenden darle a la democracia, la libertad y la justicia “en la medida de lo posible”. Estos exabruptos son intolerables porque no existen las personas justas, los demócratas, los libertarios “en la medida de lo posible”, esta reivindicación es una falacia jurídica, moral y éticamente inaguantable para cualquiera consciencia.
El pueblo soberano, directamente o por medio de sus legítimos representantes, establece las reglas del juego democrático. Lo que resulta intolerable e inaceptable y antidemocrático, es la imposición de limitaciones a los derechos y libertades esenciales por parte de la clase política gobernante en funciones sin el respaldo soberano del Pueblo.
El ordenamiento jurídico.
Acentúo, que justicia, para el suscrito significa el fin de toda discriminación contra la persona, el ciudadano, es decir, igualdad de derechos y oportunidades, en síntesis, derecho a ser iguales en dignidad. Construir una sociedad basada en estos valores irrenunciables para toda persona puede parecer una utopía, pero es un esfuerzo, un desafío, que siempre valdrá la pena intentarlo. Entiendo como utopía el desafío que se alcanza con el cambio que trae la justicia social.
El ordenamiento jurídico de algunos países, entre ellos Chile, son resabios de las dictaduras fascista cívico-militar, cuya aplicación produce delincuencia, impunidad, corrupción e injusticia social. ¿Debe el ciudadano tener una actitud de respeto y acatamiento a tales preceptos y reglas jurídicas?
La justicia democrática exige que las reglas en rigor hayan sido elaboradas y aprobadas por un parlamento elegido por el Pueblo soberano. Las otras normas del ordenamiento jurídico carecen de fuerza obligatoria, salvo que sean expresamente ratificadas por el Pueblo o por los representantes elegidos por éste. Como colofón la justicia democrática, exige, así mismo, que las normas válidas se apliquen con criterio que comportan los destinatarios de las mismas.
La autonomía del Poder Judicial exige terminar con la ratificación de los ministros de la Corte Suprema por parte del Poder Legislativo después de haber sido elegido por el pleno de dicha corporación y ratificados por la Presidencia de la República. Como si todo esto fuera poco, los chilenos después de más de cuarenta años de dictadura cívico militar, por causa del “orden jurídico”, impuesto por el fascismo cívico militar, no pueden gozar pacífica y ordenadamente de la libertad, de una constitución elaborada y sancionada soberanamente por el Pueblo, ni la Universidad de su Ley Fundamental, la Autonomía académica, territorial y administrativa. Se da el desaguisado, que los amarres que la dictadura de marras, el “Tribunal Constitucional”, entre otros -con jueces designados a dedo-, invalidan leyes aprobadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo -¿Y la separación de los poderes en el Estado de Derecho?-, por no ser del agrado de la oligarquía empresarial farisea sofofa y sus testaferros políticos corruptos.
Como colofón, acentúo que no se trata sólo de quitar una piedra del edificio cesarista orweliano impuesto por la dictadura fascista cívico militar, como lo han propuesto y llevado a cabo los tartufos privatizadores/depredadores hedonistas Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, sino que el tinglado debe ser demolido empezando por el artilugio/1980, redactado por el Opus Dei, a petición de la oligarquía farisea sofofa.
La tarea política pendiente, después de más de cuatro décadas soportando la infausta herencia de la dictadura fascista cívico militar, es darnos una verdadera democracia en profundidad con una constitución elaborada y sancionada soberanamente por el Pueblo y con una Universidad Chilena con su autonomía académica, territorial y administrativa recuperada.
Dios, justicia e igualdad.
Si el principio de la libertad favorece el predominio de quienes están en condiciones económicas de hacer prevalecer su voluntad, el principio de igualdad no corrige este desfase, sino que lo acentúa, cuando se traduce en un trato igualitario, ante los tribunales de justicia, de quiénes comparecen en condiciones reales de inferioridad, respecto a las consecuencias de una aplicación indiscriminada de la norma.
Los epígonos, los testaferros, y las mentirosas y manipuladoras encuestas del capitalismo salvaje globalizado/globalización del capital, machacan en sus medios mediáticos mercuriales de (in)comunicación globalizados, su divisa “el combate por la igualdad”, para terminar con la lacra de la marginación, desigualdades sociales. Una mentira más de la corrupta oligarquía farisea sofofa y sus testaferros, los políticos corruptos. Ya los genios griegos dejaron esto muy en claro. “Cuando se aplica la igualdad en los que están en desigualdad, lo único que se consigue es profundizar la desigualdad”…
En la globalización del capital, la tiranía más despótica y desalmada de la celestina universal, se predica, machaca, de día y de noche, desfachatadamente la igualdad de los patrones oligarcas y los explotados trabajadores. Para el trabajador significa, cesantía, miseria, desahucio de su vivienda, tener que emigrar a otra ciudad, condenando a su familia al desamparo. Para el empresario fariseo capitalista, se trata solo de la necesidad de buscar mano de obra más barata para abaratar los costos de producción/funcionamiento de la empresa: “el fin justifica los medios”.
El Pueblo soberano y la justicia.
Durante mucho tiempo, la justicia ha sido administrada “en nombre de Dios”. Para el Pueblo la cosa ha sido cómoda, por llamarla de alguna manera. Se puede estar con la justicia o contra la justicia, o desentenderse de ella, ¿por qué?, porque no sabe que haya un dios. El problema en este caso tan discutido afirmo que si hay un ser, su esencia exige existencia, en el caso de dios no conocemos la esencia, por lo tanto, no existe. Los creyentes en dios precisan que la existencia de éste puede ser probada filosóficamente mediante un argumento metafísico. Concluyen que sólo dios da sentido a la experiencia moral, religiosa del individuo creyente.
Empezar cualquier audiencia judicial o encabezar una sentencia “en nombre del Pueblo Soberano”, es muy inteligente y hábil como fórmula. Ella se respalda con el propósito de confirmar la dependencia del ciudadano respecto al Poder Judicial que el Juez representa. ¿Quién se atrevería a discutir sus decisiones? A partir de esta fórmula se cree especialmente en los países desarrollados que la sentencia es de responsabilidad de todos los ciudadanos, en virtud de tal fórmula, valga la redundancia, la sentencia del juez compromete al Pueblo Soberano, solo que, como el Derecho es una ciencia, el Pueblo se sobreentiende delega en los jueces su facultades decisorias. Los jueces probos son llamados a expresar en casos concretos la voluntad de justicia nacional de todo un Pueblo.
La justicia, la organización judicial es una fuerza, algo muy importante con lo que el poder político debe contar, en el marco del Estado de Derecho y la independencia de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, puede, por razones de decencia ética, en resumen de imparcialidad, sentir la tentación de confrontarse a las clases dominantes en la organización estatal. Esta peculiaridad explica dos tendencias al parecer contradictorias pero que no lo son, si se piensa en ello: De una parte, la tendencia a neutralizar la independencia del Poder Judicial, y de la otra, envolver/cubrir de un manto de inmunidad a los jueces. Dos tendencias igualmente nefastas para la justicia, como valor, y para el Pueblo Soberano como protagonista y destinatario de ella.
Cuando un sistema político tiende a ser una expresión de la soberanía del Pueblo expresa esta creencia en todas las excepciones de la soberanía, o de ella. El Pueblo Soberano, o a través de sus representantes legítimos, se da la ley. El Pueblo Soberano, de un modo u otro controla al gobierno, al ejecutivo que, al menos debe representar a la mayoría parlamentaria. Pero, cuando llegamos a la función de juzgar en el marco de la “justicia en la medida de lo posible” se impone el poder de la celestina universal que controla la oligarquía empresaria farisea.
En Chile, la “justicia en la medida de lo posible” de larga data ha sido impartida en el mayor misterio y secreto. La administración de justicia aparece como una liturgia de la que el Pueblo, en el mejor de los casos, es el destinatario pasivo, atemorizado y aterrorizado. Los jueces, sus sacerdotes, emisarios de un orden invisible, pero omnipresente. Árbitro de un orden injusto e inhumano, se hacen la ilusión de participar de un poder del que emana, prisioneros de él, silencioso, aislados de la comunidad, se creen independientes, apolíticos y neutrales cuando más desgajados del Pueblo. Usan un lenguaje misterioso y hermético, concebido no para ser entendido, sino para ser acatado. Creen no recibir órdenes de nadie, aunque en más de las veces, se anticipan a ellas. Viven encerrados en una abstracción, el Derecho. Las cortes, los juzgados constituyen su ghetto.
Cuando las cosas empezaban a cambiar, la mayoría de los jueces con dificultad, con no pocas vacilaciones, tanteando caminos, a regañadientes, aceptan las reformas presentadas por el ejecutivo. Pero imponen su prevaricadora “media prescripción” y en general “la justicia en la medida de lo posible, con y sin corbata”, con un país sumido en la esquizofrenia social causada por la desprestigiada clase empresarial farisea sofofa, y su testaferra clase politicastra sumergidas en la corrupción y la impunidad. La juventud y los trabajadores protestan en las calles por las estafas de la AFP, la cesantía, la educación y la atención médica por y para el lucro, etc. El régimen de turno, incapaz de resolver los problemas de las gentes opta por endurecer “la mano dura” del aparato represivo policial, meter la cabeza en la arena y profundizar las privatizaciones y la corrupción.
Los grandes escándalos financieros: PENTA, Soquimich, Caval, Codelco, etc.
Los abusos de la industria farmacéutica, la colusión del confort, los asesinatos de niños en el Sename, las Isapres y las AFP´s, etc., todo esto representan, una agresión permanente contra la libertad, la seguridad y el derecho a unas mejores condiciones de vida y del bienestar del ciudadano, que se revela cada día en la fábrica, en la calle, en la Universidad, en la población, en la escuela, etc. La consigna contra la clase oligarca farisea sofofa, y su testaferra clase politicastra, “Que se vayan todos”, exigiendo una nueva Constitución sancionada soberanamente por el Pueblo, tuvo una sola respuesta de la clase politicastra corrupta: Elecciones con voto obligatorio para que el ciudadano vuelva a elegir a los corruptos políticos y así estos se aseguran el chollo.
La asepsia política: La corrupción, la impunidad y el artilugio de 1980.
Los problemas educacionales, los escándalos de las de las logreras/cicateras AFPs, la corrupción, la impunidad, etc., sólo podrán terminarse con una nueva Constitución, basta ya de tantas maulerías, fraudes, engaños. La asepsia política no es posible en el silogismo que toda sentencia comporta, sobre todo cuando se trata de asumir el rol por el que la función judicial, sustancialmente se ennoblece, que es el proteger al ciudadano frente a los abusos del poder político. Siempre que se entienda por Justicia, el fin de toda discriminación contra la persona, es decir, igualdad de Derechos y oportunidades, en síntesis, derecho a ser iguales en dignidad.
Como colofón, acentúo una vez más, que la crisis moral de la sociedad impuesta por la dictadura fascista cívico militar, profundamente traumatizada, sumida en una esquizofrenia social que tiene como apocalipsis/último suspiro la crisis del Estado de Derecho, en esta situación, la justicia debe ser expresión de la soberanía que reside en el Pueblo, que ya no deriva de dios, sino se radica en éste: “En nombre del Pueblo se administra justicia, y el Poder judicial recibe su sanción, teóricamente al menos, de la soberanía que reside en éste”. Entonces, el ciudadano cuenta con la protección de la Justicia.
En la parafernalia del artilugio de 1980, impuesto por la dictadura fascista cívico-militar de marras, las resoluciones traducen, no la voluntad del Pueblo, sino de la oligarquía empresarial farisea sofofa. Porque, en un ejemplo, aunque en las estructuras políticas teóricamente se manifiesta el respeto por la independencia del Poder Judicial, resulta que en la práctica, no es así, el juez propuesto, en una terna a la presidencia de la República para formar parte de la Corte Suprema, después de la ratificación del Poder Ejecutivo, tiene que contar con el beneplácito de un 75% del Senado de la República. ¿Y la independencia del Poder Judicial?
La justicia democrática, en el marco de la Nueva Constitución soberanamente elaborada y sancionada por el Pueblo, debe proclamar su voluntad de mantenerse independiente de toda opción política concreta, de partido. Los móviles de su acción son éticos, pero sucede que, en una “sociedad en crisis” como la chilena, cualquier actitud ética asume una valoración política. Los presupuestos de la justicia democrática son políticos en cuanto no concibe una administración de justicia moderna, independiente, sino en el marco de un Estado de Derecho y este requiere una situación democrática que garantice las libertades políticas. La defensa de los valores de libertad y democracia, no constituye una acción política partidista, sino un supuesto indispensable para la realización de la Justicia, patrimonio de toda una sociedad civilizada.
Concluyo que: “Sino rechaza la Justicia, la violencia de la injusticia que se comete en su nombre, esta no desvanece la razón real de que es exceso”. Lic. José Martí Pérez/Maestro Libertador de la Patria Continente América Latina y El Caribe.
Sólo el ejercicio consecuente del Derecho, liberará a los Pueblos del dominio, explotación y enajenación de los empresarios oligarcas fariseos sofofos capitalistas salvajes, taifa de individuos apátridas insaciables, codiciosos, usureros, cicateros, etc.
¿Qué hacer frente a la crisis del capitalismo salvaje globalizado/globalización del capital? Esta es hija del consumismo, las drogas, la corrupción, la impunidad, la educación y la cultura, bienes de consumo por y para el lucro, la prostitución infantil, etc. Esta hegemonía/ la tiranía más despótica y desalmada de la celestina universal, no ha podido convertir el caos social en felicidad humana.
Con esperanza y memoria.
.
· Secretario Ejecutivo ADDHEE.ONG/W