Al reiterar su respaldo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y anunciar el próximo envío del proyecto al Congreso, la presidenta Michelle Bachelet hizo oídos sordos a las demandas de crecientes sectores sociales y políticos que exigen se detenga el proceso. En medio del descrédito de su gobierno, la mandataria escogió un desayuno con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (ANCHAM) para comprometer el envío del proyecto al Congreso en el segundo semestre.
Cuatro días después de la masiva marcha por el fin de las AFPs realizada el 21 de agosto pasado, la Presidenta dialogó con ANCHAM, entidad atenta a posibles amenazas a sus inversiones en el país. Ella aseguró que el tratado “otorgará beneficios al país y asegura una apropiada protección de las sensibilidades de Chile en el proceso”. Sin embargo las sensibilidades de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, están hoy directamente ligadas al fin del sistema de las AFPs y el fin del lucro en la educación. Las cláusulas de resolución de controversias inversores/Estado contenidas en el TPP avalado por la Presidenta constituyen un candado a estas demandas.
Inversiones en la mira
La Presidenta Bachelet y su poderoso ministro de Hacienda Rodrigo Valdés no pueden ignorar que las empresas de Estados Unidos Metlife, Principal y Prudential son dueñas de Pro Vida, Cuprum y Habitat y controlan el 75% de los fondos de las AFPs. ¿Cuán sensibles serían ellas ante un cambio hacia un sistema de reparto? La Presidenta y su cuestionada ministra de educación Adriana del Piano también saben que el grupo norteamericano Laureate, se autodescribe como empresa con fines de lucro y es dueño de las universidades Andrés Bello, U de las Américas, Viña del Mar y del centro AIEP. Entre los años 2006 a 2015, Laureate recibió $588.725.000 por concepto de crédito con Aval del Estado (CAE). El TPP permite a los inversionistas demandar al Estado chileno en tribunales internacionales en caso de no estar aseguradas sus expectativas de ganancia o ser sometidos a una expropiación.
Inexistentes beneficios
La Presidenta fue incapaz de cuantificar los supuestos beneficios que el TPP traerá al país, dado que el estudio “TPP, Impacto en Chile y la Región” encargado por su canciller Muñoz a la Fundación Chile 21, aseguró no contar con información respecto del impacto económico del tratado. Ese estudio sí alertó sobre posibles consecuencias políticas como su impacto en las relaciones con China, el mayor socio comercial de Chile, sin embargo Bachelet sostuvo en el desayuno con la ANCHAM que se fortalecerán los lazos con Asia. La presidenta no se ha referido a las críticas formuladas en abril de este año por siete relatores y expertos en DDHH de Naciones Unidas ante su gobierno, respecto de cómo las disposiciones del TPP afectan los derechos de los pueblos indígenas, y entre otros, los derechos a la salud, a la libertad de expresión y participación, y a la cultura. Aunque habló ante empresarios, la Presidenta no se refirió a las críticas menciones al TPP incluidas en el Estudio de Línea de Base en Empresas y Derechos Humanos en Chile, publicado por el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales. La citada investigación alerta sobre los impactos en leyes laborales, cuestiona la obligación de ratificar el convenio UPOV 91 de privatización de la semilla y afirma que el TPP bloqueará la entrega de remedios genéricos debido a la extensión de las patentes de los medicamentos biológicos. Agrega que el gobierno está asimismo omitiendo la consulta indígena que debiera realizar por el Convenio 169 antes del envío del proyecto al Congreso.
Alineándose ciegamente con Barak Obama en el intento del presidente de Estados Unidos de apurar la ratificación, la presidenta tampoco acusó recibo de la posición disidente de parlamentarios tanto de la Nueva Mayoría como de oposición.
Como Plataforma Chile Mejor sin TPP redoblaremos nuestros esfuerzos a lo largo del país para construir un sólido, diverso y amplio bloque ciudadano y parlamentario contra el TPP que impida la entrega de nuestra soberanía y futuro.