Por 89 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 632 que pide al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley marco que resguarde los derechos de los migrantes.
La petición fue presentada a la Cámara por los diputados Camila Vallejo (PC), Karol Cariola (PC), Maya Fernández (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Fidel Espinosa (PS), Guillermo Teillier (PC), Daniel Núñez (PC), Claudio Arriagada (DC), Giorgio Jackson (RD) y Marcela Hernando (PRSD).
Según expresaron los parlamentarios, desde hace muchos años las asociaciones de migrantes, defensores de la diversidad, académicos, organismos internacionales y funcionarios del Estado, entre otros, han pedido la actualización de la legislación migratoria conforme a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile.
Añadieron que, actualmente, la ley que regula la materia tiene una perspectiva de “seguridad nacional”, careciendo de una perspectiva conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “por cuanto resulta imperiosa una actualización de la normativa”.
Indicaron que, en efecto, la globalización y la integración regional han producido un fenómeno migratorio que debe ser abordado desde el Derecho Internacional y especialmente desde los Derechos Humanos. “Lamentablemente, el decreto de ley sobre migraciones vigentes ocasiona graves vulneraciones a los derechos y a la vida cotidiana de los migrantes en Chile, lo que entorpece la construcción de un país que camina hacia la inclusión, la paz social y el bien común”, afirmaron.
Asimismo, señalaron que en noviembre de 2015, el exministro del Interior, Jorge Burgos, comprometió que entraría un proyecto de ley al Congreso, antes que terminara el periodo legislativo 2015. Sin embargo, a la fecha, este hecho aún no ocurre.
“El Estado de Chile debe, en consecuencia, adecuar su normativa a los estándares internacionales y una nueva ley marco de migraciones es imprescindible para garantizar derechos de migrantes y refugiados en nuestro país, como también a ciudadanos chilenos residentes en el exterior”, argumentaron.