Miles de manifestantes de sindicatos y movimientos de izquierda marcharon este martes en protesta por los despidos, el tarifazo en los servicios públicos, la inflación galopante, el agravamiento de la situación económica y en demanda de una acción unitaria urgente del movimiento obrero para realizar un paro general de 36 horas, en un país que bordea el estallido social
ante la indiferencia del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri.
Desde temprano comenzó el bloqueo de calles en distintos puntos de la ciudad y por la tarde diversos sectores acompañaron la marcha y el acto en Plaza de Mayo. Dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dijeron que esta actividad se desarrollaba con distintas acciones en todo el país, donde pese a las movilizaciones el gobierno se burla del pueblo y continúa sin parar el despido de trabajadores en todo el país, y adopta medidas cada vez más lesivas para la población
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En tanto, en el Congreso, el conjunto de la oposición decidió citar para este miércoles a una sesión especial,y debatía la noche de este martes un proyecto urgente de rechazo al tarifazo, que ha sido considerado impagable
por unos 50 jueces en todo el país, a lo que se añade que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, pidió a la corte que se apresure a votar sobre el tema de tarifas y responsabilizó a los magistrados de lo que pueda suceder en el área de energía.
Por otra parte, la juez María José Sarmiento dio un plazo de tres días al gobierno para que explique las razones del decreto del pasado 25 de julio, en una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y publicada en el Boletín Oficial, que dispone que esa jefatura podrá utilizar la base de datos personales de los ciudadanos registrados en la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) para aplicarlos a estrategias de comunicación
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La magistrada respondió a un amparo presentado a título personal por la abogada Valeria Laura Carreras contra la decisión del gobierno. La oposición también cuestionó esta medida y advirtió que se trata de una intromisión en la vida personal de los ciudadanos, y también se le vincula con oscuros acuerdos de seguridad
firmados por el gobierno de Macri con Estados Unidos, que incluyen entregas de datos en nombres de la lucha contra el terrorismo
y un mayor control.
En este ambiente enrarecido se conocieron graves amenazas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante cartas enviadas a su departamento en esta capital. Se trata de amenazas personales, insultos y recortes periodísticos sobre causas judiciales en los que le advierten que va a ir presa y que si esto no sucede por vías institucionales habrá otras formas de hacer justicia
, reporta la prensa.
Además, en otra extraña misiva presuntamente enviada desde Irlanda por una agencia de seguridad aparentemente sueca, le ofrecían (a la ex mandataria) un avión en cualquier aeropuerto de la Patagonia para sacarla del país y llevarla a Suecia, porque tienen información de que su vida y su seguridad corren peligro en Argentina
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En este contexto, se informó que robaron el departamento de la periodista Cynthia García, simpatizante del opositor Frente para la Victoria, y lo mismo sucedió en la oficina del también dirigente de este movimiento Guillermo Moreno, quien fue secretario de Comercio en el gobierno anterior; a ambos les robaron computadoras y documentos. Los dos denunciaron esta situación que es enmarcada por un grupo de diputados y abogados como parte del esquema de persecución política, que cada vez da muestras más peligrosas, además de la actuación de un grupo de jueces, que conforman el Partido Judicial del gobierno actual
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