Y otra vez la discusión sobre los límites en el uso de la violencia y la represión. Lo que dijo el señor General no es totalmente cierto. Por lo demás no corresponde sostener que, porque se hizo mucho “escándalo” con la represión al joven Avilés, ellos, hoy en día, se sientan con las “manos atadas” para reprimir como corresponde. Es decir, ¿deberíamos haber cerrado los ojos ante ese chorro de agua que por poco le quita la vida a un joven indefenso? ¿O decir, como hacen algunas fuerzas armadas, ah fíjese que lamentable, son pues “daños colaterales”?
Respecto al caso de Rodrigo Avilés, bueno es que usted, lector/lectora, sepa que hasta el día de hoy hay entorpecimiento de la institución en relación a la investigación judicial que se sigue para conocer la verdad de lo sucedido. Pero se equivoca señor general en señalarlo como el único caso. También hay represión desmedida contra el pueblo mapuche hasta el día de hoy ( ¿o ya se olvidó lo sucedido con Matías Catrileo?), y también se han denunciado casos de tortura en detenciones. El último corresponde al joven alumno del Instituto Nacional. ¿Se pueden justificar estas situaciones como meros excesos particulares? ¿Por qué cuesta tanto hacer luz cuando en casos como este, u otros por ejemplo ligados a corrupción, los involucrados son miembros de las Fuerzas Armadas?
A los que hemos nacido hace ya un rato, no se nos puede olvidar el accionar de Carabineros en dictadura pues ¡ Porque lo vimos y vivimos! Y eso sigue pesando en la evaluación de la conducta de sus miembros hoy. Incluso cuando, se supone, solo actúan en función de las órdenes que reciben (del Ministerio del Interior u otras autoridades). Me imagino que esas órdenes no serán apabullar, herir, agredir a mansalva a ciudadanos que se manifiestan de modo de atemorizarlos hacia adelante. Por cierto, el accionar de la fuerza pública tiene límites. De manera especial cuando se supone que se viviría en “democracia” como tan pomposamente se dice. El Estado moderno se ha hecho acreedor de la posesión y uso de la fuerza, pero de manera “legítima”. Es decir, ha concentrado el poder social para sí. Pero no para cualquier uso, sino al servicio de las grandes mayorías, su expresión e intereses. Lamentablemente si se revisa la historia aquello ha sucedido muy pocas veces. Las más, esa fuerza ha estado al servicio del poder dominante y de lo que ella considera tiene que hacerse. Aunque eso cueste vidas humanas (normalmente de los pobres, sencillos, jóvenes y excluidos). Lo que me interesa enfatizar es que en el uso de la fuerza y la violencia tienen siempre mayor responsabilidad aquellas instituciones expresamente estrenadas para su uso y despliegue. Esas instituciones saben de manejo de armas, de estrategias de guerra, de artes marciales, y cuentan con la protección de sus superiores y las leyes. Entonces, no pueden escudarse en que les falta más facultades: ahora quieren tener otra vez la detención por sospecha y la estadía en una tenencia por al menos una hora. ¿Dónde quedarán entonces las garantías ciudadanas? ¿Quién las fiscalizará? ¿Será de nuevo la palabra del alto mando de Carabineros, versus la palabra de nosotros, ciudadanos de a pie? Por último, sí, tenemos muchos pendientes como sociedad, para acreditar que vivimos en una democracia real. Uno de los mayores es la desigualdad. Otro, indagar por la situación que viven los jóvenes chilenos, en especial, todos aquellos que quedan por fuera del mercado y del sistema. Es decir, comenzar alguna vez a hablar en serio de las distintas expresiones de violencia que pueblan nuestro país.