Archivo periodístico 2005–2019
El ataque de los empresarios del transporte terrestre cercando Santiago es una semicopia del que hicieron contra el presidente Allende para crear condiciones necesarias al plan del sangriento golpe cívico militar.
Con la colaboración de choferes los patrones bloquearon simultáneamente carreteras en diferentes regiones de país.
Los diputados Ramón Farías (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC), junto a representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Comunidad Judía de Chile, presentaron este viernes, en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección contra el grupo “Partidarios por la Defensa de Chile” (Padechi), que durante los últimos días ha generado polémica por la publicación de su declaración de principios con consignas contrarias a judíos y homosexuales.
No está de más reiterar que la historia no usa ni calco, ni copia, sin embargo, tanto en 1972 los camioneros, dirigidos por León Villarín, como los de 2015, liderados por José Villagrán, son los mismos fascistoides, digitados y pauteados por la ultraderecha . Antes, el protagonista fue el Partido Nacional, conducido por Sergio Onofre Jarpa, hoy, por la cara visible de la UDI, Hernán Larraín. Se trata, en ambas situaciones, de pretender paralizar el país, cortar la vía de acceso de norte a sur, generando caos e incertidumbre y, de esta manera indigna tratar de ampliar el frente de masas que detengan los cambios y provoque un golpe blando.
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda falleció hace algunos días minutos después de la 10 de la noche, según informa el siempre confiable Hospital Militar. Durante dos días fue imposible encontrar su certificado de defunción en Internet. Se habría determinado por sus familiares la cremación del cuerpo en el Cementerio Católico, dirigido por un pinochetista fervoroso, y antes de la cinco de la mañana los restos habrían sido sacados con destino desconocido por sus familiares. Es la versión oficial.
La Confech rechazó que en la conformación del nuevo consejo consultivo para la reforma de la educación participe el ex ministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, en cuanto él fue uno de los responsables del alto endeudamiento de los estudiantes. Así lo manifestó la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, tras reunirse junto a otros dirigentes con el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, para definir los diálogos con el Mineduc.
La historia no se repite: el perpetuo retorno es sólo un espejismo. Como decía el gran pensador peruano José Carlos Mariátegui, “ni calcos, ni copias”, así, el Chile de octubre de 1972 es muy distinto del actual, en pleno siglo XXI, sin embargo, es muy loable no caer en la tontería del “nunca más” pues, seguramente, las bestias fascistas tendrán otras caras y se expresarán de otra manera. Según el escritor belga Armand Mattelart, en su obra La espiral, en 1972 la burguesía fue a la escuela de Lenin, es decir, supo apropiarse de los grupos sociales y las entidades gremiales y, sobre todo, de las capas medias, desarrollando una línea de masas hasta entonces inédita en los partidos oligárquicos chilenos.
Tras 19 jornadas, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica para nueve imputados en el denominado caso “Basura”.
En la resolución, el magistrado Juan Carlos Silva Opazo decretó el arraigo nacional y firma semanal en contra de los imputados: Marcelo Antonio Torres Ferrari, Christian Manuel Vittori Muñoz (alcalde de Maipú), Luis Alberto Rogelio Plaza Sánchez (Alcalde de Cerro Navia) y Lorenzo Damián Pérez Villegas.
Uno de los problemas mayores que tienen las democracias occidentales ha sido la gran concentración de la riqueza y de las rentas en estos países en manos de sectores muy minoritarios de la población y que ejercen una enorme influencia en las instituciones representativas y en los mayores medios de tales países, con el consiguiente deterioro de la calidad democrática en estas sociedades. Consecuencia de ello es que la información a la cual tiene acceso la ciudadanía es, por lo general, muy sesgada además de deficiente.
El senador Guido Girardi denunció las negociaciones entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Isapres en torno a la futura reforma del sector. Para el parlamentario, “es un error que esté negociando con las Isapres la legislación que las va a regular. Ese debate debe darse en el Parlamento. No vamos a aceptar un nuevo traje a la medida de las Isapres”, afirmó.
Eso es lo que genera la reaparición de los señores dueños de camiones en la escena política del país. No han cambiado mucho. Ellos serían las “víctimas” de un estado de violencia y subversión desatada, adjudicada a grupos mapuche, y donde el Estado chileno ha mostrado su “ineficiencia”. Porque ellos sí lo saben: este Estado es “su” Estado. Está para proteger sus derechos. Son, además, “apolíticos”, cómo no. Sólo les interesa poder trabajar “tranquilos”. Los otros, todos aquellos que ven las cosas de otra manera son calificables de “terroristas” o subversivos. Nunca les ha interesado mucho que se sepa aquello que llaman pomposamente, “diálogo”.