El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la derecha local persiste hoy en su estrategia de golpe continuado contra la Revolución bolivariana y prepara un ataque hacia las leyes aprobadas en esta nación para proteger al pueblo.
Durante la plenaria extraordinaria del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por el jefe de Estado, Maduro apuntó que la oposición aprovechará para sus planes la mayoría parlamentaria alcanzada en los comicios legislativos del pasado domingo.
Somos víctimas de un golpe continuado, de un modelo de desestabilización permanente que no se detiene ni un segundo, alertó el mandatario desde el Poliedro de Caracas, sede de la reunión.
Luego de instalarse en la Asamblea, el primer paso de la derecha dentro de su estrategia de golpe suave será derogar las leyes del pueblo y las victorias sociales, dijo.
De acuerdo con Maduro, las respuestas de las fuerzas de izquierda al revés en las urnas deben ser el debate general y la forja de nuevas bases para mantener el proyecto bolivariano, iniciado hace 17 años por el presidente Hugo Chávez (fallecido en 2013).
Tenemos que revisar, replantearnos todo y renovar la política revolucionaria dadas las nuevas circunstancias, enfatizó el máximo dirigente del PSUV.
Además, pidió a los venezolanos trabajar junto al Gobierno en el diseño de una metodología eficaz para realizar jornadas populares de debate que permitan encontrar las soluciones adecuadas e implementarlas.
Según Maduro, en estos momentos Venezuela enfrenta una crisis contrarrevolucionaria, similar a las sufridas por otros procesos progresistas latinoamericanos, por lo que es necesario un proceso de renovación de la Revolución bolivariana.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró el pasado domingo de 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que el PSUV y sus aliados del Gran Polo Patriótico se adjudicaron 55.
Al conseguir los dos tercios del Parlamento, la MUD podrá aprobar leyes orgánicas, proponer reformas y enmiendas constitucionales, reemplazar a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y otras instancias públicas, pero únicamente con el pronunciamiento previo del poder estatal especificado en la Constitución.