Diciembre 13, 2024

No a la colusión para la exclusión política

Algunos políticos del siglo pasado dicen que estos no son tiempos para hablar de grandes reformas ni de cambiar la vieja política de los consensos por una política de cara a la ciudadanía y con una verdadera participación de ésta.

 

 

No quieren que se les contradiga y pretenden que aceptemos como rebaño sus propuestas y decisiones políticas. El problema es que no somos rebaño, somos seres conscientes de que llegó la hora de cambiar Chile. Y como tal, tenemos el deber moral de rebelarnos contra las reglas que sólo favorecen a una élite política que, en general, actúa contra nuestros ideales y principios.

Esto reflexionaba cuando supe que la presidenta del Partido Socialista de Chile (Isabel Allende), en un Comité Político de La Moneda, le había solicitado al Ministro del Interior (Jorge Burgos) que se aumentara el porcentaje de firmas para inscribir partidos políticos, con el propósito de evitar que cualquier movimiento con cuarenta “gatos” se constituyeran en partido y pretendiera competir con los partidos grandes e históricos. Al saber esto, supuse que, por lo menos, el Partido Comunista no compartiera esta postura, pero mi ilusión fue efímera como cualquier ilusión.

Frente a esta actitud no se puede guardar silencio. Con tristeza vemos que la democracia, conquistada con mucho esfuerzo, se ha convertido en una partidocracia en la que el acceso a la administración del poder, depende de los mismos grandes e históricos partidos políticos de siempre.

 

Por ello, creo que la única forma de perfeccionar la democracia es permitir que nuevas expresiones sociales que no se sienten representados por esos partidos grandes e históricos, puedan acceder al “poder político”, mediante agrupaciones nuevas que insuflan aires e ideas nuevas en nuestro sistema político que por histórico, a veces, huele rancio.

Los grandes e históricos partidos han acordado en el Congreso Nacional bloquear el surgimiento de nuevos partidos, aumentando el número de firmas de un 0,25% a un 0,5% del electorado que sufragó en la última elección y de un parlamentario a cuatro.

 

Esto puede ser interpretado como una verdadera operación de colusión política destinada a excluir a nuevas visiones y sensibilidades, una verdadera colusión para la exclusión” respaldada por el espectro de los partidos grandes e históricos (UDI y RN, por un lado, y DC, PS, PPD y PR, por otro), es decir, por los mismos partidos que han administrado el país por más de 25 años y que, por lo tanto, han sido responsables de la pérdida de credibilidad por gran parte de la ciudadanía.

La postura de la derecha no me sorprende y no me interesa. Pero, la postura de la centro izquierda, a la que llamaremos “izquierda caviar”, aún me sorprende, a lo mejor, porque todavía conservo cierta dosis de ingenuidad e ilusión respecto de la política.

 

Al parecer, a cierta parte le incomoda ver a plebeyos acceder al poder político, sobre todo cuando éstos han adoptado una actitud menos servil y más autónoma, mientras más se conocen casos de corrupción y contubernio entre la política que representan y los intereses económicos (como los casos CORPESCA, PENTA y SQM).

Las fuerzas políticas y sociales emergentes no podemos someternos a las reglas de juego establecidas por quienes tienen vicios de inmoralidad en su acción política. Ellos, se llaman partidos grandes, porque alguna vez fueron partidos de masas o movilizaron a fracciones importantes de la ciudadanía, pero hoy se autodenominan grandes por el número de parlamentarios que tienen o por los padrones electorales que, ellos mismos, manejan e inflan artificialmente (por lo mismo se están oponiendo tenazmente al refichaje y la auditoría externa).

 

Hoy, se pueden denominar grandes, entonces, por sus glorias pasadas (algunas glorias que no son necesariamente motivo de orgullo), pero no por la adhesión que tienen en la ciudadanía que los mira con desconfianza y distancia.

 

Pueden ser grandes, eso sí, por las ingentes cantidades de dinero que la mayoría de estos partidos recibe, de una u otra forma, legal o ilegal, de las empresas que financian a los políticos para que sean defensores de sus intereses. El financiamiento legal de la política (respecto de la ilegal no habría nada más que decir) no es, en todo caso, el problema, sino que, muchas veces, este financiamiento opera en sentido contrario a los intereses de la ciudadanía que no participa, como debiera, en la toma de decisiones. Esta democracia imperfecta y “protegida” de la sociedad es la que ha creado las grandes desigualdades del país.

 

La versión liberal de la democracia que tiene Chile es demasiado imperfecta, la falta de representatividad de esos partidos se ve en la merma de la participación ciudadana. En la última elección presidencial hubo un 58% de abstención. Votó el 42%, donde el actual Gobierno obtuvo el 62% de esa minoría electoral. Y de las personas que eligen, ni el 2% participa en la toma de decisiones y de ese 2% sólo el 1% toma decisiones, pero que benefician a un pequeño grupo.

 

Una democracia no es sólo cambio de gobernantes, el nuevo concepto de democracia que buscamos apunta a la perfección total en su dimensión filosófica y páactica, es decir, debe permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Nos negamos a aceptar este concepto de democracia, porque no es la que elegimos. Esta democracia es la que nos heredaron y, por ello, no podemos aceptar que desde cierta izquierda nos impongan reglas y normas “democráticas”. No nos representa esa izquierda de salón de té a la que le incomoda que los plebeyos entren en el ruedo de la política, accedan al poder y tomen el control del futuro de sus vidas.

 

Es un deber ciudadano resistirse a estas medidas que apuntan a monopolizar la democracia y la política en manos de los mismos pocos de siempre que apelan a los ciudadanos para legitimar sus espacios de poder, pero hacen lo posible por alejar a estos mismos de cualquier espacio de decisión, colaborando en la reproducción de mensajes destinados a la auto exclusión política, defendiendo la privatización de la política.

Por lo tanto, la apatía y la resignación son parte del problema, no de la solución, ese es nuestro llamado más profundo a la esencia misma de la política, construir un partido ciudadano que toma la responsabilidad de defender los derechos de los postergados.

 

Hemos concluido que no podemos seguir quedándonos al margen del poder y deberíamos todos los postergados concluir lo mismo. Si no lo hacemos, los únicos que se benefician son los mismos que siempre han estado en el poder y ellos están destruyendo el país. Están destrozando nuestros recursos naturales y nuestros pueblos originarios.

Los partidos que no quieren que nos inscribamos, no quieren que la ciudadanía sea representada legalmente. Y quieren que esta infraestructura de desigualdad siga fabricando pocos ricos y muchos pobres.

 

Creo que es necesario establecer condiciones básicas para la creación de nuevos partidos políticos, pero éstas deben ser razonables y, especialmente, equilibradas. Los partidos grandes e históricos no pueden colocar barreras insalvables para nuevas expresiones políticas que pretenden representar a algunos segmentos de nuestra sociedad y, simultáneamente, pretendan no someterse a normas de auditoría y control de sus procesos internos.

 

Una democracia representativa no puede estar conducida por partidos antidemocráticos en su interior, que se auto proclaman dueños de la política y depositarios únicos del bien común. Los que venimos de la lucha social y política y de la lucha por la sobrevivencia cultural, sabemos lo que es sobreponerse a los golpes y los desprecios, aunque seamos cuarenta gatos. Esa lucha la ganaremos, porque los oprimidos no pueden ser oprimidos por siempre, les guste o no.

 

Por: Diego Ancalao, vicepresidente nacional de la Izquierda Ciudadana.

 

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