Hace un mes, la Presidente Bachelet, a través de una cadena nacional de radio y televisión, dio por iniciado oficialmente el proceso constituyente que, de acuerdo a un programa pre establecido, lleve a nuestro país a tener una nueva Carta Fundamental que guíe los destinos de los ciudadanos de la Copia Feliz.
Por su parte, El Mercurio, ni corto ni perezoso, ya el 20 de septiembre, anticipándose a los anuncios del ejecutivo, publica con bombos y platillos una encuesta encargada por la Universidad del Desarrollo, que arroja los siguientes datos: el 73% de los encuestados no sabe o no conoce ningún contenido de la actual Constitución; 82% no sabe en qué consiste la Asamblea Constituyente y el 67% ignora el principio democrático esencial de la separación de los poderes del Estado.
Con base en estos datos, El Mercurio se pregunta que cómo es posible que sea el ciudadano común el que participe en la redacción o en la concepción de una nueva Constitución para la República de Chile. Bueno, el decano se pisa la cola, pues es justamente por esta situación, que es imprescindible que el ciudadano común se inmiscuya en el proceso constituyente y no de forma paternalista como lo propone la Presidente, sino participando activamente desde el comienzo del proceso. Cosa que, por lo demás, se ha venido haciendo desde hace ya varios años, con charlas, escuelas, seminarios, congresos, encuentros, etcétera, que han surgido y coordinado desde las propias organizaciones de base: sindicados, federaciones estudiantiles, centros de estudio, fundaciones, colegios profesionales, universidades, juntas de vecino, y otros, a lo largo y ancho de todo el país. Como se puede apreciar, el pueblo de Chile no necesita esperar el permiso de la casta política para participar en lo que realmente le interesa. En este sentido, la UDI, la inefable UDI, nos alerta de sentirse muy preocupada, porque el proceso constituyente, especialmente el que se refiere a la educación que se impartirá a los ciudadanos, se puede politizar. Entenderán los señores de la UDI que la Constitución Política de la República, es justamente eso: una Constitución Política, y no el reglamento de un club de rayuela, con todo el respeto que me merece un club de rayuela (que, por cierto, ha quedado registrada recientemente por ley como deporte nacional dentro del Patrimonio de Chile). Posiblemente, la encuesta a la que se refiere El Mercurio y que fue encargada por la Universidad del Desarrollo, se realizó entre los personeros de la UDI, cuyos encuestados dicen no conocer el articulado de la Constitución ni de qué se trata la Asamblea Constituyente.
Por lo demás, la Encuesta Nacional 2015 de la Universidad Diego Portales, dice otra cosa bien diferente: la cifra de los que están por una reforma a la Constitución actual, es del 34,5%; por una nueva Constitución; 45.1%. De los encuestados que están por una nueva Constitución, 68.9% optan por una Asamblea Constituyente; un 16% que sea una Comisión de Expertos quien la redacte y sólo un 8,3% que sea el Congreso. De los encuestados que desean una nueva Constitución, el 91,5% quiere que sea ratificada por un plebiscito.
Bueno, pero el problema del desconocimiento de lo que es una Asamblea Constituyente no es sólo de la “gente” o de la UDI, sino de gran parte de la casta política de Chile. Todo el itinerario anunciado por la Presidente Bachelet, más que un proceso constituyente es una jerigonza que sólo sirve para embolinar la perdiz. Entiéndanlo bien señores de la casta política: el Poder Constituyente no está ni en el ejecutivo ni en el Congreso, radica sólo y exclusivamente en el soberano, y el soberano es el pueblo (no la gente como se le ha dado en llamar por esta misma casta).
El Poder Constituyente no puede radicar en el Congreso, porque es juez y parte, es decir por principio doctrinal y, especialmente en el caso de nuestro país post dictadura, por ser una institución deslegitimada por la corrupción (recordar que tiene menos de un 10% de aprobación por la ciudadanía), y, además, por tratarse de un poder del Estado, que al igual que las empresas, cuyos miembros han estado coludidos desde el inicio de la mal llamada transición: ¿dígame usted amable lector, si el sistema binominal de elecciones, no es el sumun de la colusión entre dos conglomerados (podríamos decir empresas) Alianza y Concertación -aunque cambien de nombre siguen estando coludidas- para legislar para sus propios intereses? ¿Qué más claro el contubernio entre los otros coludidos, los partidos políticos, que no desean transparentar su verdadero padrón de militantes, pues se niegan a la reinscripción propuesta por la comisión Engel y así poder optar al “subsidio” (financiamiento) estatal? Por lo demás, esta colusión ha impedido que otros partidos pequeños entren, en una libre competencia, al “mercado” de la política contingente.
Es que debemos tomar en cuenta que el Chile post dictatorial es de por sí una entera colusión, la que se inició allá por el año 1989, poco antes del plebiscito del 31 de julio de ese año, que aprobó las 54 reformas a la Constitución de 1980. Esa colusión entre la Concertación y representantes del pinochetismo, ha sido analizada muy acuciosamente por el colega Felipe Portales en múltiples columnas en este medio y, como ha quedado demostrado, ha sido la que ha gobernado a Chile durante los últimos 25 años. Entonces, la colusión de las empresas privadas, no es más que un reflejo de la colusión política, económica, social y cultural que hemos padecido todos los ciudadanos (no coludidos) de este país.
Volviendo a la jerigonza anunciada por la señora Presidente, surgen varias preguntas: ¿estamos dispuestos los ciudadanos a dejar que, por ejemplo el senador Ignacio Walker dirima el mejor camino para la redacción de una nueva Constitución, cuando él manifiesta que “una comisión bicameral le parece la más atractiva”, como si se tratara de un concurso de belleza?, ¿o de personeros de la UDI que consideran que no se debe “politizar” el debate sobre el contenido de una Constitución Política de la República?, ¿o de los dirigentes de los partidos políticos que se coluden para rechazar una medida democrática que se les exige para optar al financiamiento estatal (es decir de todos los ciudadanos)? Justamente porque todos ellos están preocupados de legislar para sus propios intereses, es que no pueden ni deben participar en un proceso constituyente. Entonces, por doctrina (el poder constituyente radica en el soberano) y por ética (colusión, ilegitimidad de la casta político-empresarial)), la nueva Carta Magna debe ser redactada por una Asamblea Constituyente.
Nuevamente recurro a las palabras de Carlos Gaviria, magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia. En entrevista concedida al portal digital El Mostrador, ante la pregunta “Frente a los sectores que establecen como inconstitucional a la Asamblea Constituyente”, responde:
Lo que sucede es que los constituyentes crean un nuevo ciclo de la base legal, el constituyente originario, que es el pueblo, no tiene vinculación con ninguna norma previa, no se trata de asambleas constitucionales que tengan que respetar mecanismos anteriores para reformar una Constitución, sino invocar al pueblo como poder originario que dicte una nueva Constitución, que nada tenga que ver con la anterior, aun cuando sus contenidos coincidan en una buena parte. El hecho legitimante es la reunión del pueblo como constituyente originario, para definir cuáles son las normas originales que deben regir el destino de una nación”.
Por esta misma razón, no deja de causar asombro, por no decir cierta hilaridad, la decisión de Mariano Rajoy de recurrir al Tribunal Constitucional de España, para que declare inconstitucional la independencia de Cataluña, dispuesta por la mayoría del parlamento de esa autonomía. Es como si Bernardo O’Higgins hubiera tenido que pedirle permiso al reino de España para estampar su firma en el Acta de Independencia de Chile, el 1º de enero de 1818, en el Palacio Directorial de Concepción, junto a los Ministros y Secretarios de Estado, en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Zenteno.
El título de esta nota “Todo el poder a los ciudadanos”, deriva de varios artículos que se han publicado en éste y otros medios tanto digitales como impresos, cuyos autores, chilenos y latinoamericanos (Decio Machado y Raúl Zibechi), han descrito con meridiana claridad, la decadencia de los gobiernos llamados progresistas de América Latina y las promesas no cumplidas con la sociedad de sus propios países. Por otro lado, el sociólogo brasileño, Emir Sader, plantea una “Crisis del pensamiento crítico latinoamericano”, que no ha sabido defender los logros de estos gobiernos progresistas ante la crítica de personajes como Vargas Llosa o Fernando Henrique Cardoso. Sobre esta controversia, y para no extender en demasía esta nota, me referiré a ella en un próximo artículo. Sin embargo, para darle sentido al “Todo el poder a los ciudadanos”, me permito discrepar de Emir Sader: lo que está en crisis es el llamado “progresismo” y sus gobiernos, no el pensamiento crítico, que a pesar de de las censuras y de no contar con los medios de comunicación necesarios, está vivito y coleando.