Cuando el economista Rodrigo Valdés reemplazó en mayo a Alberto Arenas como titular de Hacienda, el jolgorio se desató abarcando desde los gremios del sector privado hasta los editoriales de la prensa del duopolio. Valdés vendría a “poner las cosas en su lugar”, a “ordenar la economía”, a dar un aire de “racionalidad a las reformas”. Arenas, que había impulsado la reforma tributaria desde el otoño de 2014, dejaba el cargo tras meses de presiones públicas y privadas del empresariado, quienes le endilgaron responsabilidad por la desaceleración económica y la caída de la inversión.
Valdés, desde la tribuna de Hacienda, ha venido a cumplir con los deseos de los grandes gremios privados, quienes elogian su perfil de “técnico”. Desde su cargo ha extendido su poder al inmiscuirse, primero, y más tarde apropiarse, de la reforma laboral, para luego hacer lo impensable: la reforma tributaria promulgada hace menos de un año será sometida a cambios. Aun cuando este economista con una larga trayectoria en el sector financiero ha declarado que sólo considera unos “ajustes técnicos” a la reforma, lo cierto es que se trata de un proyecto de ley que pasará por el Congreso, abierto a evaluaciones, discusiones, presiones y modificaciones.
Cuando presentó el proyecto el 7 de agosto, el ministro Valdés enfatizó que “ninguno de estos cambios modifica el objetivo final de la reforma, que fue aumentar la carga tributaria en tres puntos del PIB, darle mayor progresividad al sistema tributario y terminar con una serie de franquicias y de elementos que permitían evasión y elusión”. Pero tres días más tarde, tras la reacción empresarial, tuvo que salir a precisar sus declaraciones. En la oportunidad, dijo que “hasta la semana pasada nadie decía que había que cambiar la carga tributaria y veo peligrosamente cómo algunos están aprovechando la ventanita y dicen ‘aquí hay una oportunidad de bajar la carga tributaria’”.
Concretamente, con la ley actual, promulgada en septiembre pasado, la interacción de dos mecanismos de tributación -renta atribuida y semi integrado- dice Hacienda que produce complicaciones operacionales cuando se trata de cadenas o grupos de empresas relacionadas. “Por esto, se propondrá que sólo puedan optar por el sistema de renta atribuida aquellas empresas que tengan socios, propietarios o accionistas que sean exclusivamente personas naturales contribuyentes del impuesto global complementario”.
En el caso del sistema de tributación simplificada, en el cual también se atribuyen las rentas, señala la información de Hacienda, podrán acceder empresas cuyos dueños, socios o accionistas sean, además de las personas naturales, personas jurídicas que opten por el sistema de atribución de rentas. “Al final del día, de lo que se trata es de separar los sistemas y mantener el sistema atribuido como opción solo para empresas que son más simples. Esto no va a bajar la capacidad de allegar recursos al Fisco”, explicó Valdés.
El argumento del ministro de Hacienda para presentar sus “ajustes técnicos” es esta supuesta complejidad actual para las grandes empresas a la hora de tributar, pero sin duda hay demasiados elementos en el aire que apuntan a modificaciones a la reforma, como el mismo Valdés lo admite. Expertos entrevistados en el portal especializado DF celebraron la propuesta de Hacienda como una oportunidad abierta hacia la discusión legislativa. Con claridad, señalaron que “hay que ingresar el proyecto y ahí está la oportunidad para discutir y debatir. Una discusión que permita modificar este monstruo. Pero hay que dar el inicio. Un poco por eso lo hizo el ministro Valdés”.
LA INSOPORTABLE PRESION
DE LA SOFOFA
El economista Andrés Solimano es enfático en su observación: “El gobierno se vio forzado a una revisión de la reforma tributaria por la presión de los gremios, en especial los representantes de las grandes empresas, como la Sofofa y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)”. Una presión originada durante la misma tramitación de la reforma tributaria y que no ha dado tregua.
¿Por qué en este momento, a menos de un año de la promulgación de la reforma? La llegada de Valdés a Hacienda ha sido parte de las renuncias del gobierno, en especial en un terreno tan esencial para los poderes económicos como son los impuestos. Esta nueva entrega de espacios al empresariado la ofrece un gobierno doblemente debilitado. A la crisis política, que le ha restado a la presidenta prácticamente gran parte de apoyo ciudadano, se le suma una economía en retroceso y menores ingresos fiscales, flanco de críticas diarias desde la derecha económica y sus poderosos medios de comunicación.
Para Solimano, “la presentación del proyecto de ley de modificación tributaria calificada como ‘ajuste técnico’ por el gobierno, conlleva el riesgo que se abra una Caja de Pandora en el Congreso y que las empresas, en un escenario de bajo crecimiento y menores ganancias, exijan que se cambien las tasas impositivas”. Las últimas explicaciones de Valdés confirman esta interpretación del economista en cuanto a que por aquella ventana legislativa ingresarán presiones por meses contenidas.
El actual momento es el fin de un proceso de presiones iniciado en los albores de la discusión tributaria. Lo que contuvo no sin dificultades Alberto Arenas, finalmente lo ha entregado Valdés, cabeza de puente del empresariado y de los sectores conservadores y neoliberales en el gobierno.
La propuesta legislativa de Valdés es efecto de una serie de manejos errados y erráticos en torno a la discusión y negociación de la reforma tributaria. Desde un comienzo, y en eso hay muchos registros, el gobierno abrió un espacio privilegiado para las opiniones del sector privado y sus asesores, a la vez que cerraba las puertas a economistas y organizaciones con visiones alternativas. Este es un hecho que con el tiempo se ha rebustecido hasta colocar en grave riesgo lo avanzado en 2014. Quienes hoy tienen el poder y la vocería en el gobierno, son los sectores más conservadores.
EL PUNTO DE QUIEBRE
BURGOS-VALDES
¿Por qué se realiza de forma acelerada esta reforma a la reforma tributaria? El punto de quiebre ya ocurrió hace más de dos meses con el nombramiento de Rodrigo Valdés en Hacienda y Jorge Burgos en Interior. La prensa del duopolio, que festejó la salida de Alberto Arenas y la llegada de Valdés, calificó la propuesta legislativa para modificar la reforma tributaria como la primera gran señal de posesión del cargo del nuevo hombre de Hacienda. La otra es la torcedura a la reforma laboral, en pleno proceso en estos días.
El empresariado tiene ya una baza al interior de un gobierno en extremo debilitado, tanto por la crisis política interna que se extiende y se funde con la economía, factor clave que incide en el actual “ajuste” a la reforma. Ello, porque la desaceleración económica, que para este año prevé una tasa de expansión del PIB del 2,5 por ciento, afecta negativamente los parámetros con los cuales se diseñó la reforma tributaria. La meta de recaudación de 8.300 millones de dólares, destinada a la educación y adicionalmente a salud, estuvo calculada sobre la base de una expansión del producto del cuatro por ciento anual.
En este escenario, ya de por sí desfavorable, se suman evidentes riesgos. De partida, una eventual menor recaudación, una postergación de los plazos; incluso, un recorte de las tasas. El sector privado, que ha venido colocando sus problemas de rentabilidad y facilidades de inversión por sobre los del país, incidirá sin lugar a duda en la discusión parlamentaria.
Sería muy raro que el frente conservador neoliberal ante la oportunidad dada en bandeja no intervenga. Se ha abierto un flanco muy grande, lo cual demuestra la extrema debilidad del gobierno. Es por ello que a coro han elogiado -desde la Democracia Cristiana a la Sofofa- los “ajustes” de Valdés.
Es lo que confirman visiones tan conservadoras como el economista Alejandro Foxley, quien intervino con opiniones contrarias a la reforma tributaria de 2014. Para el ex ministro de Hacienda de Patricio Aylwin, Valdés “tiene el espacio y las ideas adecuadas para empujar esta economía y cuenta en ese sentido con nuestro total apoyo”, palabras que comparte el senador DC Ignacio Walker: “En la medida que se establezcan reglas del juego claras, estables y equitativas, vamos a poder tener un horizonte en el mediano y largo plazo más predecible”.
Por cierto que los elogios también han surgido desde los sectores más reconocidamente pro empresa. El ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, ha ido un poco más allá y da señales claras respecto al sentido que tendrá la discusión tributaria. El ánimo del empresariado y sus oficiantes es reducir la reforma. En esta línea, Larraín dijo que “si bien las correcciones simplifican el sistema, muchas empresas que habían escogido el régimen de renta atribuida ahora tendrán que estar en el semi integrado, que tiene una tasa impositiva mayor”. Y luego propuso: si Hacienda no quiere mover las tasas, que se reintegren los dos regímenes completamente, para evitar discriminar entre inversionistas extranjeros, discriminación entre renta del trabajo y del capital, y evitar el doble tributo del ahorro.
Pero la voz más persistente y ácida ha venido desde los gremios empresariales, con especial énfasis desde la Sofofa. Prolífico en declaraciones, el presidente de esta entidad, Herman von Mühlenbrock, difundió una encuesta que realizó esta patronal, de manera muy oportunista y sesgada. Según sus resultados, dijo el empresario Von Mühlenbrock que “el 70 por ciento de la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo (el gobierno), la gran mayoría de los chilenos piensa que las cosas se están haciendo mal”, a lo que agregó su propia interpretación: “Vamos en un camino lleno de curvas y en contra del tránsito, entonces la posibilidad de que nos estrellemos es grande”.
En cuanto a los “ajustes” de Valdés a la reforma tributaria, afirmó en una entrevista el 15 de agosto que aun cuando “no se toquen las tasas, lo importante es que hay que tener una reforma tributaria que no afecte la inversión y recaude lo que hay que recaudar. Ya tenemos cifras de que por el menor crecimiento tendríamos 1.000 millones de dólares menos. Si uno perfecciona la reforma tributaria sin cambiar las tasas, podríamos pasar a un sistema 100% integrado, porque hoy se genera distorsión entre inversionistas extranjeros y nacionales. Por eso, hemos pedido que no haya prisa, para poder hacer las cosas bien, ya que aún hay dos años para implementarla”.
Reajuste y también gradualidad. La antesala de la confusión, el enredo, el lobbyy la ganancia. Tal como en 2014, presiones que condujeron a una reforma incompleta que afecta y amenaza a las reformas sociales. Todas estas opiniones e interpretaciones transparentan una enorme soberbia y un sesgo en el pensamiento económico en cuanto a que el mercado y el neoliberalismo son la dirección correcta. Otra vez el pensamiento único, la impronta neoliberal a todo evento.
Tal como ha dicho el economista Andrés Solimano, Valdés ha abierto una caja de Pandora. Las declaraciones de Herman von Mühlenbrock son las primeras señales.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 835, 21 de agosto, 2015