Tengo la fundada sospecha que el gobierno ante la legítima presión ciudadana por justicia en materia de DDHH desvía la atención en una a suerte de defensa oblicua de la impunidad. Creo haber demostrado suficientemente en un artículo anterior que esta última ha recibido un aporte permanente y significativo de la concertación.
El gobierno pone la atención en el levantamiento del secreto de las declaraciones e informaciones recogidas en la Comisión Valech sobre prisión y tortura.
Los violadores a los DDHH aportaron poco o nada a esa comisión, lo que se pueda ver como significativo vino de las propias víctimas. Se ha criticado que ese secreto estaba puesto en el sentido de mantener la impunidad; todo secreto o restricción a que fluya la verdad sólo puede favorecer a los criminales, no a las víctimas. Este punto no es determinante pues si una víctima quiere revelar antecedentes puede ir y hacerlo en un Tribunal.
El gobierno distrae la atención sobre lo relevante y nos pone a discutir sobre lo accesorio.
Lo importante es que los genocidas sean expulsados del ejército y se les prive de todo beneficio económico o social por expresa disposición de una ley dictada al efecto y que perfectamente puede tener efecto retroactivo. Alcance que está permitido.
Llegamos a una situación irritante.
Los militares y carabineros traicionaron el principio en cuanto a que el Ejército es para defender la nación. Denigraron sus instituciones, causaron los mayores dolores a su propio pueblo, el que día a día les permitió la manutención de ellos mismo y sus familias. Ahora, al momento de tener que pagar indemnizaciones por sus crímenes, responde el erario nacional.
Es decir, mataron chilenos, usufructuaron del poder y a la hora de pagar, debemos hacerlo todos los chilenos, mientras ellos siguen recibiendo sus millonarias pensiones, pues para los civiles quedaron las AFP, para ellos el antiguo sistema.
Deben ser degradados y expulsados del Ejército. Doña Michelle Bachelet mandó a su ministra de defensa, Vivianne Banlot, a rendir homenajes al general Pinochet en su funeral que se realizó en la Escuela Militar. Espero que ahora tenga un poquito más de decoro y llegada la hora de Manuel Contreras, ese espectáculo repugnante, de la democracia rindiéndole homenaje a un genocida, no se repita. La sobrina del “tío Fernando” debe entender que todo tiene su límite.
Lo otro importante es que hay que cerrar Punta Peuco. Son delincuentes y en virtud del principio de Igualdad deben ir a los mismos lugares que vamos todos si se nos ocurre infringir la Ley. Hasta el día de hoy los militares mientras son procesados por crímenes de Lesa Humanidad van a sus propias unidades militares y si son condenados van a su hotelito privado de Punta Peuco.
ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO