Una de las principales promesas en el programa de Michelle Bachelet era la gratuidad en la educación superior, al menos para 70% de los estudiantes más pobres del país, pero ahora se aduce que no hay dinero para financiarla, pues la “cocinada reforma tributaria apenas recaudará seis mil millones de dólares – no los ocho mil quinientos calculados para financiar las reformas en su conjunto – que no alcanzan, ni siquiera, para la sola reforma educacional.
Es evidente que el contenido de la reforma tributaria estaba muy mal construido en todos sus ítems, y la suma necesaria para cumplir el programa era mínimo el doble de lo propuesto, es decir, diecisiete mil millones de dólares, lo que equivale a seis puntos del PIB; con haber aumentado el royalty a la minería de un 5% a un 15% y, además, haber exigido un impuesto a las grandes fortunas que se transan en los mercados – primario y secundario – con un mínimo de un millón de dólares, no estaríamos en la crisis de falta de dinero que impide el cumplimiento del programa de gobierno. Por otra parte, el pretexto de la baja del precio del cobre no tendría mucha validez, pues aún se vende a 2,7 dólares la libra, lo cual arrojará una ganancia.
Es difícil explicarse cómo un gobierno con un programa de reformas muy sentido por la ciudadanía, en un año se ha dado el lujo de despilfarrar su capital de apoyo y concitar el rechazo de la amplia mayoría, que debiera ser beneficiaria de las reformas. En el caso de la reforma educativa, corazón del programa de gobierno, los tecnócratas se las han arreglado para tener contra a los agentes fundamentales del proceso educativo – profesores, estudiantes, apoderados -. En columnas anteriores hablábamos sobre una reforma sin profesores ni estudiantes. Hoy debemos agregar el término “contra” los profesores y estudiantes.
Nada más brutal y avasallador que una reforma propuesta y planificada por tecnócratas déspotas ilustrados que no entienden en qué consiste la educación y que aplican – como en el caso del ex ministro de esa Cartera, Nicolás Eyzaguirre – contenidos y metodologías propias de la economía neoliberal, a un proceso fundamentalmente humanista como es la formación de personas en la pedagogía liberadora.
En el caso del proyecto de ley sobre Carrera Docente, que se discute actualmente en el Congreso, constituye una verdadera cachetada a los anhelos de los profesores: el modelo básico es concebir la educación como “un bien de consumo” – como lo expresó abiertamente el mandatario anterior, Sebastián Piñera – y, como los déspotas ilustrados serían más inteligentes, supieron camuflar muy bien los términos en la redacción del proyecto, con el fin de aplicar la educación de mercado sin dolor.
Es falso que los profesores rechacen la evaluación, por el contrario, la aplican diariamente tanto para ellos como para los alumnos, el problema consiste en que el proyecto no propone una evaluación formativa, sino la aplicación de múltiples pruebas estandarizadas por parte de burócratas y tecnócratas que no están claros sobre el sujeto de la medición y, sobre todo, certificar – como se hace con los productos de exportación, por ejemplo – la calidad y competencias del docente. Esta concepción mercantil, basada en pruebas estándar, sin considerar las particularidades, no sólo va en desmedro de los docentes, sino también de los alumnos – a estos últimos sujetos de la educación se les adiestra para que respondan, entre otras, a la prueba SIMCE.
Se les promete a los profesores una mejora sustantiva en su salario, pero en el fondo contiene una serie de trampas: por ejemplo, los docentes alcanzarán un sueldo de un millón de pesos luego de diez años de trabajo continuo, siempre sujeto a una serie de calificaciones. ¿Quién querrá ser profesor?
La educación es un proceso cooperativo y, en consecuencia, la competencia darwiniana le nociva. El proyecto propone una serie de categorías académicas – desde el inicio hasta el experto que sólo provocará una competencia deshumanizante entre los profesionales de un mismo establecimiento.
Los profesores están agobiados por una sobrecarga de clases lectivas presenciales, lo cual se les limita el tiempo para preparar clases y corregir evaluaciones. El gobierno apenas propuso un 75% de horas de clase y sólo un 25% de preparación que, según el Colegio de Profesores, debiera ser 50% y 50%, punto sustantivo para lograr un mínimo de calidad en proceso de enseñanza-aprendizaje.
No cabe duda de que el problema central de este pésimo proyecto es que parte de una matriz mercantilista y el gobierno no comprende la importancia de la Carrera Docente para dar dignidad a la profesión y a los profesionales más importantes en el desarrollo de un país, consecuentemente, los profesores no pueden seguir siendo humillados y sometidos a ridículas pruebas estándar, pensadas y aplicadas por “cabezas de huevo” y mercachifles economistas. Este gobierno suma un desatino más en su camino de descenso hacia el marasmo. Definitivamente, no da pie en bola.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
21/07/2015