El jueves pasado, la Presidenta declaró que no sería posible cumplir con la reforma educacional comprometida, debido al escenario económico. Tras el anuncio, se alzaron las habituales voces alabando la sensatez y realismo de la Presidenta, en tanto otros lo vieron como una renuncia. Desafortunadamente, es esta discusión misma la que dificulta un debate político serio, e impide aunar las fuerzas sociales y políticas necesarias para una verdadera reforma educacional.
Más allá del hecho de que el escenario de desaceleración económica era conocido y previsto desde mediados de 2013, el problema de la reforma educacional no es, esencialmente, un problema de recursos. Si bien aumentar los montos es una tarea relevante, los recursos que ya destina el Estado chileno a educación son cuantiosos. Reorientar y racionalizar el uso de lo que se tiene, en lugar de administrarse vía subsidios al mercado, permitiría dar pasos relevantes en la construcción de una nueva educación pública. En principio, para comenzar este camino, no se necesita un peso más.
En lo que falta claridad no es en identificar los recursos disponibles. Naturalmente, todo aumento presupuestario debe ser gradual. La claridad que falta es la de los principios políticos de la reforma. Distintos sectores han planteado cuestiones similares, dentro y fuera de la alianza gubernamental. Desde la Fundación Nodo XXI lo señalamos antes de la segunda vuelta, invitando a la entonces candidata Bachelet a comprometerse con una reforma por una nueva educación pública. Luego coordinamos -junto con autoridades e intelectuales relevantes del mundo educacional- la iniciativa “Compromiso por una nueva educación” (www.compromiso.cl), entregándole en septiembre al entonces ministro Eyzaguirre propuestas en esta dirección. En estas y otras instancias hemos manifestado nuestra disposición para colaborar y empujar en conjunto una reforma que tenga como centro una nueva educación pública que siente las bases para la construcción de un país más igualitario.
Somos muchos los que llevamos años trabajando para tener una reforma educacional y vemos con preocupación cómo el amplio consenso social construido desde las movilizaciones del 2006 en adelante se ha ido diluyendo ante la ausencia de un debate político que permita a los actores participar y apropiarse de la reforma.
La desaceleración económica, como argumento, hace perder el hilo del debate. Lo que la sociedad chilena se pregunta es si este gobierno tiene o no voluntad política para construir un nuevo sistema de educación pública, y dejar de poner a disposición del mercado los recursos de todos los chilenos.
Es una pregunta que ya no aguanta más evasiones.
Gabriel Boric
Diputado por Magallanes y militante Izquierda Autónoma
Carlos Ruiz Encina
Director Fundación Nodo XXI