¿Por qué Nicolás Eyzaguirre insiste en que su proyecto de ley de Carrera Profesional Docente entre a matacaballo al Congreso? ¿Qué urgencia lo lleva a exponerse como alguien que no es capaz de allanarse a lo que la mayoría de los profesores considera ajeno a su condición profesional?
Esa misma urgencia se ve reflejada, nadie sabe por qué, en las palabras de la diputada Camila Vallejo para quien rechazar el proyecto significa atarla de manos y no poder legislar otro proyecto en un año.
La pregunta cae por sí sola: ¿cuál es el apuro? Si se trata de normar la vida laboral, profesional y las condiciones de salida de más de cien mil profesores, y si ese trabajo ha sido hecho en forma desprolija, inconsulta y que no registra más apoyo que los mismos obsecuentes de siempre que todo lo encuentran bien ¿para qué apurarse?
Resulta una maldición para los profesores el que se superponga la necesidad sublime del gobierno por mostrar algo en este año estéril. Sus fracasos no pueden ni deben ser endosados a los profesores, que ya vienen siendo maltratados desde los oscuros tiempos de la tiranía.
Por alguna razón misteriosa el gobierno ha optado por equipos negociadores en los cuales es evidente la roña contra los docentes. Ha sido una norma durante lo que va del desastroso proceso que comenzó con la privatización del sistema escolar, culpar de los males que sufre el sistema educacional a los profesores. Una concepción heredada directamente de la dictadura.
Hace falta recordar que la organización de los profesores fue una de las primeras en ser declaradas fuera de la ley. Y sería en ese período en que los docentes de entonces llegarían a ser condenados en razón de su profesión a ganar sueldos de miseria, a cambiarse sistema previsional y a perder los beneficios que habían ganado en decenios de lucha.
Y ahora, en los sucesivos gobiernos que se suponían la superación moral de la dictadura, los profesores se han visto en la necesidad de movilizarse cada vez que se le regatea lo poco que piden. Lo que piden en justicia.
No parecen gobiernos de quienes han dicho adscribir doctrinas de claro y profundo sentido de lo humano. Las ideas socialcristianas y socialistas de quienes han integrado los gobiernos post dictatoriales, han quedado en entredicho por el modo en que han tratado a los trabajadores, en especial, a los educadores.
Se ha mantenido la idea fundada en la dictadura: los profesores son los responsables de la mala educación. Y se ha seguido el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje bajo esa misma concepción, sin detenerse a pensar que lo que demolió el sistema fue la aplicación sin contrapeso de los estimados económicos del neoliberalismo.
La educación derivó en una actividad económica más y los últimos gobiernos solo han intentado corregir las anomalías propias de un negocio complejo.
En una mirada más amplia, la sociedad chilena está enferma de neoliberalismo y esa cultura se reproduce en una escuela dividida en las mismas proporciones y rasgos en que se divide la sociedad: un lado ancho para los ricos y un lago angosto para pobres, esquema que es posible extrapolar a la salud, previsión, medio ambiente, etc.
Los gobiernos concertacionistas han reducido su gestión a corregir aquello que genera asperezas en el tránsito imbatible de un capitalismo de los más extremos del planeta. Desde el inicio, jamás hubo el más mínimo ánimo refundacional.
Y lejos de querer cambiar de paradigma, el esfuerzo oficial ha sido hasta aquí, la perfección del sistema.
La doctrina que ha conducido la generación de la normativa educacional, ha sido la que corresponde a una actividad económica. Y su desarrollo ha tenido que ver con medidas correctivas que han sido relevadas o por la presión social, giro único para sostenedores por ejemplo, o se han impuesto por la necesidad de fiscalización para no corromper aún más un buen negocio, como es el caso de la Superintendencia de Educación.
Pero lo de fondo, la competencia por estudiantes financiados por subvención, el criterio de resolver problemas por la vía de inyectar más y más recursos, la pérdida sistemática de matrícula del sistema municipal y la consideración de que los profesores son malos, sigue incólume.
Por eso resulta tan fuera de lugar que se pretenda resolver la decadencia de un sistema fracasado por la vía de apretar aún más a los profesores, quizás los únicos actores que han impedido la debacle definitiva del sistema.
El Ministro Eyzaguirre y la otrora dirigente estudiantil y actual presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, manifiestan una urgencia propia de las causas inevitables para que el proyecto resistido por casi todos los actores, sea despachado.
Desde ya digamos que si la tramitación demora un año más, téngase por seguro que no afectará en nada la actual situación desmedrada de los docentes.
Sobre todo en circunstancias tales en que el gobierno, el Congreso y casi la totalidad de los políticos pasan por estos días y meses, por la peor de sus evaluaciones, mezclados como se ha demostrado en escándalos de corrupción que tiene rasgos históricos y que no da luces de terminar.
Por esa razón, se ha puesto en duda la legitimidad de ciertas leyes en las que grandes empresarios han comprado a precio vil la gestión de muchos parlamentarios. Y la duda ciudadana expresa su desconfianza de una forma que ya no es posible contener.
Este escenario no pude ser menos propicio para tramitar una ley que tendrá un efecto no sólo en los profesionales a los cuales definirá sus vidas, sino en millones estudiantes y al resto de la sociedad.
La crisis política ha puesto en duda la legitimidad de las instituciones llamadas a conducir el país y a legislar.
Quizás sería mejor que tanto el Ministro como la diputada dediquen sus urgencias a mejorar la deplorable visión que la inmensa mayoría tiene de su gobierno y muchos de sus empingorotados personeros.
Los profesores han esperado tanto, que un años más, seguro, no les hará mayor daño.