Carlos Huneeus Madge, cientista político, profesor titular de la Universidad de Chile, ex embajador en Alemania entre 1990 y 1994, director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (Cerc), tiene importante obra publicada. Su último libro La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet (Editorial Taurus, 2014, 616 págs.) ha tenido resonancia. Lo entrevistamos sobre la coyuntura nacional y sus perspectivas.
¿Estamos efectivamente en una crisis política e institucional?
“Siendo un concepto difícil de precisar, ya la pregunta indica que existen problemas serios que afectan el sistema político chileno. En los últimos meses se ha evidenciado una trama compleja de elementos que muestra el entrecruzamiento entre el poder económico y el sistema político. Hay un empresariado politizado agrupado en grandes conglomerados surgidos después de la dictadura de Pinochet. Tiene enorme importancia, por lo cual limita cada vez más la autonomía que debería tener el sistema político y la institucionalidad democrática.
Podría alegarse que esto no es nuevo. Algunos podrían decir que históricamente siempre la oligarquía ha dominado el país. Pero hay un problema de contexto. Antes de la dictadura había organizaciones sindicales poderosas y activas. Un sistema múltiple de partidos, es decir de agentes democratizadores, intermediarios entre la ciudadanía y los poderes políticos. Los partidos tenían amplia capacidad de convocatoria, en un sistema en que el poder del dinero tenía mucho menos importancia que hoy. El país no había salido del subdesarrollo ni tampoco tenía la concentración de la riqueza que actualmente es una de las mayores del mundo.
En la mayoría de los países con el mismo o superior nivel económico las cosas son muy distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay concentración de la riqueza pero también hay poderosos instrumentos de orientación y control, hay prensa crítica (mientras en Chile la prensa está controlada por un duopolio). En Estados Unidos las universidades tienen un importante papel de investigación y crítica. En Estados Unidos la democracia funciona aunque tiene, obviamente, imperfecciones. En Chile es una democracia semisoberana cuya legitimidad está cuestionada y cuyo gobierno tiene relaciones privilegiadas con el grupo Luksic, así como lo han hecho los gobiernos anteriores con los principales consorcios que manejan la economía del país”.
LOS CONVERSOS
DE LA CONCERTACION
¿La situación actual deriva de la forma en que se negoció la transición?
“Estoy convencido que no. Para mí tiene que ver con la conversión ideológica que se produjo entre los políticos y académicos de la Concertación, que en algún momento vieron que el sistema económico neoliberal tenía muchas ventajas, incluso personales. Los arquitectos de la economía se decidieron por el crecimiento a secas y tuvieron una visión ideal del mercado capaz de corregir por sí mismo sus errores y desequilibrios.
En la negociación de la transición hubo poco que negociar. Se produjeron acuerdos implícitos. Se aceptaron, por ejemplo, las privatizaciones y no solamente por la voluntad de Edgardo Boeninger, sino también por la de Carlos Ominami, socialista, ministro de Economía de Aylwin. Eso es lo que ha reventado ahora. Se produjo la rebelión estudiantil que ya lleva años. Y si se agrega el voto voluntario, grave error del gobierno anterior de la presidenta Bachelet y del ministro José Antonio Viera-Gallo, tenemos a la vista elementos que explican que hoy los partidos no pasen de una adhesión insignificante y se vaya generalizando un ambiente de ilegitimidad.
Otro elemento fundamental ha sido -hasta ahora- el trabajo del Poder Ejecutivo, cuya cabeza -la presidenta de la República- pareciera no haber tenido real conciencia de la profundidad de la crisis y de las obligaciones que derivaban de ella. Creo que la entrevista con Don Francisco, en el Canal 13 de TV, fue ilustrativa. Su respuesta en torno al caso Caval, que involucra a su hijo y a su nuera, me pareció cándida al responsabilizar de algún modo a sus asesores y a su aislamiento por las decisiones que debió haber tomado ella y no lo hizo. Si en Caburgua, por ejemplo, no había buenas comunicaciones con Santiago, lisa y llanamente no debió haber ido a ese lugar o haberse cambiado de inmediato.
Hay, además, un problema más general y más complejo. En un sistema presidencial como el que existe en Chile, el presidente o presidenta de la República juega un doble papel, de jefe del Estado y a la vez jefe de gobierno, encabezando la base o coalición política que constituye su apoyo y su instrumento para gobernar. Su aislamiento de los partidos de la Nueva Mayoría, su trabajo exclusivamente con un círculo de absoluta confianza y a una distancia del trabajo propiamente de gobierno que significa leer, estudiar, hablar, convencer, participar en largas reuniones, coordinando decisiones y controlando su cumplimiento, parece haber fallado al ser reemplazado por una tendencia a fragmentar las agendas en decenas de iniciativas que no pueden ser cumplidas por sus subordinados, a pesar de su actividad frenética y que confunde a los ciudadanos que no distinguen lo principal de lo accesorio. Lo que digo parece estar en la raíz de algunos errores garrafales, como los cometidos a propósito de la reforma educacional, que casi provocaron una rebelión popular contra el ministro Nicolás Eyzaguirre. Eso es algo que se puede -y debería- cambiar. Y la agenda sobre probidad puede ser un primer paso”.
NUEVO GABINETE
¿Qué opina del nuevo Gabinete?
“Creo que el cambio es importante. Los nuevos ministros tienen más experiencia política y mejor conocimiento del mundo parlamentario y las redes de poder de la institucionalidad. Como en el caso de Jorge Burgos, preparado y competente. Reemplazan a ministros gastados como era el caso de Rodrigo Peñailillo y también del ministro Arenas en Hacienda, el primero enfrentado incluso a una situación compleja con el subsecretario y el ministro de Hacienda, acusado de presiones sobre el director del Servicio de Impuestos Internos para incidir a favor de determinados personeros ligados al gobierno y a la derecha.
Los otros cambios parecen razonables. Sin embargo, el funcionamiento del gobierno y el cumplimiento de lo fundamental del programa no es solamente un problema de personas. Es un problema del gobierno como conjunto, de orientación política y de funcionamiento en concordancia con los partidos. La presidenta parece tener distancia con los partidos, eludiendo una relación directa permanente con ellos. Los partidos -los actuales y los que pueden surgir- son esenciales para la democracia. Y lo que hagan sus dirigentes y militantes afecta a la política en general. Situaciones como la de los hijos del presidente de la Democracia Cristiana afectan no solo a ese partido sino que a toda la coalición de gobierno. Así como la relación de Marcelo Rozas, de triste fama al interior de la DC y ligado al grupo de Gutenberg Martínez, que aparece vinculado a SQM. Por eso mismo deben depurarse de vicios, funcionar con democracia interna para liberarse de camarillas corruptas y someterse a normas de probidad que muestren con su funcionamiento que se ha producido un cambio real y profundo, que los partidos pueden y deben tener principios, tratar de ser un ejemplo con su militancia y sus dirigentes y no simplemente grupos que tratan de obtener beneficios y privilegios para ellos mismos”.
PELIGROS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
¿Ud. es partidario de una nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente?
“No. Insisto en que no es posible seguir amarrados a la Constitución de Pinochet, disfrazada en nuevas versiones. Se necesita una nueva Constitución que tenga real legitimidad democrática y un contenido a tono con la realidad del país, que permita terminar con el modelo neoliberal. Pienso que las grandes reformas planteadas: la de educación en marcha, la reforma tributaria para financiar la educación y disminuir la desigualdad y la nueva Constitución, así como otras reformas auxiliares, permitirán llegar a una democracia soberana. Eso es fundamental.
No me parece, sin embargo, que sea indispensable una Asamblea Constituyente. Si menos del 50% concurre a votar en una elección presidencial y si las elecciones primarias movilizan escasamente a los militantes de los partidos que están reducidos a una expresión mínima, ¿cuántos quisieran participar en la Asamblea Constituyente y cuántos estarían dispuestos a votar para resolver diferencias mayores? Son inquietudes válidas para analizar ese camino. ¿Cómo influirían en la Asamblea los medios de comunicación controlados casi totalmente por la derecha?
Por otra parte está demostrado que a las constituyentes asisten mayoritariamente personas educadas y jóvenes con inquietudes políticas, es decir una mini elite que de representativa del conjunto nacional tendría poco. Me parece que hay un espejismo en el planteamiento de la Asamblea Constituyente en Chile como único camino. Pienso que en todo caso hay que preparar el camino para el cambio. Y en ese sentido, valido la decisión presidencial de empezar en septiembre el abordaje del tema. Deberíamos hacernos preguntas que no se hacen. ¿Qué orientación va a tener la nueva Constitución? Asumiendo que no le corresponde a la Constitución establecer un determinado sistema económico para evitar que cambios de mayorías impliquen cambios constitucionales de envergadura. ¿Vamos a seguir con un Estado unitario? ¿Queremos mantener el bicameralismo a sabiendas de que en su inmensa mayoría los diputados condicionan su trabajo para convertirse lo antes posible en senadores? ¿Cómo definiremos el derecho de propiedad que necesariamente debe tener un sentido social? ¿Cómo asumiremos la preocupación ecológica?
Hay que hacerse preguntas complejas, que toman tiempo y reflexión, para no correr el riesgo de llegar a una suerte de ‘árbol de Pascua’ con múltiples derechos que no se cumplen.
Hay que entender además que la nueva Constitución será un trabajo muy difícil. Hay que acumular fuerzas y aprender a usarlas con flexibilidad. Tanto por la variedad de intereses en juego como por el poderío de los adversarios de los cambios, especialmente ese empresariado politizado que no quiere cambios. Hay dirigentes empresariales que no quieren para nada a sindicatos independientes de los patrones. Para ellos, la CUT misma es una organización dedicada a defender intereses mezquinos”.
HERNAN SOTO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 829, 29 de mayo, 2015